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Prensa
> Tengo Derecho > Editorial 30 de octubre
de
2004
Torturas y
malos tratos en las cárceles bonaerenses
Torturas, hacinamiento, falta de comida, encierros en calabozos de castigo a oscuras, muerte de presos en condiciones sospechosas, corrupción generalizada. Esa es la situación del Servicio Penitenciario Bonaerense, denunciada esta semana por el Comité Provincial contra la Tortura, que integran miembros de la Comisión por la Memoria.
No es una completa novedad pero no deja de ser democráticamente inaceptable que en la provincia de Buenos Aires las cárceles sean para castigo y mortificación y no para recuperación de los detenidos, los que, muchos aún sin haber sido juzgados, conviven soportando malos tratos y vejámenes por parte de los guardia cárceles, turnándose para dormir con sus compañeros de cautiverio; en definitiva, intentando sobrevivir en edificios derruídos que cada vez están más cerca de ser campos de concentración.
Desde que Carlos Ruckauf, ex gobernador prófugo, realizó las reformas al Código Penal, las cárceles bonaerenses estallaron de detenidos. De 15.000 personas en el año 2000, el sistema alberga a más de 30.000 en la actualidad. A eso hay que agregar que ya en 2000 la capacidad de los penales estaba casi al tope. Por lo que, hoy, año 2004, las cárceles trabajan al doble de su capacidad.
La Unidad 1 de Olmos, ubicada a pocos kilómetros de la residencia del Gobernador, es el paradigma de lo que no va más: 2900 presos en un lugar donde caben 1800. Como dijo el ministro de Justicia Bonaerense, habría que dinamitarla.
A esto se suma la situación en comisarías. Las de La Plata están por arriba del 200% de superpoblación.
Lo más preocupante allí es la detención de menores, y en este punto vamos a detenernos. Hace diez días, un incendio en la comisaría 1° de Quilmes produjo la muerte de, hasta ahora, tres chicos. La Justicia encontró pruebas de que los jóvenes habían sido torturados y el Gobierno decidió pasar a disponibilidad a 13 policías de esa seccional, incluido el comisario.
Este hecho, y la presentación del informe del Comité contra la Tortura, deben interpretarse como condicionantes en la decisión de ayer del ministro León Arslanian de prohibir la detención de menores en comisarías.
Es una resolución que debe aplaudirse y que hace muchos años era solicitada por los organismos de Derechos Humanos.
Pero no alcanza. Las soluciones de fondo no deben ser la de construir más cárceles, como sigue prometiendo el Gobierno, sino en buscar mecanismos para que las personas procesadas por la Justicia y aún no juzgadas eviten el mal trago de una detención que, por sus condiciones, se advierte como injusta e inhumana.
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