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Prensa
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Editorial 30 de julio de 2005
Preocupante
escalada en la represión de la protesta
Cada
vez con mayor frecuencia, el poder utiliza los mecanismos
de la justicia penal contra la legítima protesta
social por una distribución más justa de la
riqueza.
Ya hace más de un año que están presos
los detenidos en la Legislatura porteña cuando protestaban
por la reforma del Código Contravencional. A esas
personas se les atribuyó arbitrariamente un delito
que no admite la excarcelación, en franco desconocimiento
del principio de inocencia.
En Santa Cruz la semana pasada fueron detenidos cuarenta
trabajadores por reclamar lo que legítimamente les
corresponde. Además, Raúl Castells ha vuelto
a prisión y la huelga de hambre con la que reclama
por su libertad está poniendo en riesgo su vida.
Mientras tanto, en la ciudad de La Plata, esta semana la
Sala III de la Cámara Federal confirmó el
procesamiento del piquetero Gustavo Frasquet por un corte
de la autopista Cañuelas-Ezeiza, en agosto de 2003.
El fallo adopta peligrosos argumentos sobre derechos constitucionales
que deben ser ejercidos, según los jueces, sólo
en forma "pacífica, razonable y adecuada a las
circunstancias".
Desde hace años nuestro organismo, la APDH La Plata,
viene pronunciándose en contra de la criminalización
de la protesta.
Es necesario que los tres poderes del Estado adopten las
medidas para devolver a los trabajadores su derecho a luchar
por la justicia social.
En este sentido, el Poder Ejecutivo debe impulsar los proyectos
de ley necesarios, tanto de amnistía a los luchadores
como de reforma al Código Penal para despenalizar
la protesta social.
El Poder Legislativo, a su vez, debe sancionar esos proyectos.
Y son los jueces de la Nación y las provincias los
que deben ejercer sus funciones para la defensa de los Derechos
Humanos, interpretando democráticamente la Constitución
y las leyes.
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