Prensa > Tengo Derecho > Editorial 30 de abril de 2005

Lanzamiento del Programa Nacional de Salud Sexual


Hace dos años y medio que la Argentina cuenta con una ley de Salud Reproductiva, producto de una discusión madura dentro de la sociedad sobre la necesidad de producir herramientas de planificación familiar y procreación responsable.

Sin embargo, hasta ayer, esos dos años y medio habían sido un poco... abstractos. La ley existía, pero su implementación dependía de la ratificación en las legislaturas de la provincias y, antes que nada, en el paso concreto: el acceso de la población a métodos anticonceptivos.

Ayer, el gobierno nacional lanzó una campaña para promover el uso de anticonceptivos y anunció que durante este año se repartirán 10 millones de preservativos, casi 6 millones de blisters con píldoras, 1 millón y medio de anticonceptivos inyectables y 450 mil dispositivos intrauterinos.

Nunca hasta ahora se había promovido desde el Estado una campaña semejante de salud sexual, sin los preconceptos morales y religiosos que suelen dominar estos temas, obnubilando el verdadero objetivo. El de la salud pública.

Es en este sentido que la separación entre creencias religiosas y políticas públicas de salud debe consistir en una distinción clara para quienes tienen la responsabilidad de fomentar estas iniciativas.

Ayer mismo el Episcopado de la Iglesia Católica salió a criticar la campaña tildándola de "inútil" y de "respuesta autoritaria". Hay que detenerse en este último concepto y retrucar: el autoritarismo tiene que ver con obligar a alguien a hacer algo y de lo que se trata aquí es simplemente lo contrario; brindar información y dejar hacer.

Entender a la promoción de la salud sexual y de la procreación responsable como una política de Estado es reconocerla, a la vez, como un derecho.

Brindar información en un país en el que la mayoría de los adolescentes sabe muy poco de cómo cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, es cumplir un derecho. Brindar acceso a la salud es un derecho.

Quienes no reconocen ese derecho y, basándose en sus creencias, intentan restringirlo a toda la sociedad, son los verdaderos autoritarios que deberían confinar sus sotanas a las paredes de los templos.

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