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Editorial 27 de agosto de 2005
Procesos
contra genocidas, entre las ideas y la realidad
Entre las ideas y la realidad suele haber una gran brecha.
Lo que se dice, no suele ser lo que se hace. Y lo que se
predica, muchas veces no se cumple.
Una idea puede estar escrita en un papel. Definir situaciones
y conductas de los hombres. Juzgarlos. Eso hace un fallo
judicial. Firmado por personas que tienen ideas y convicciones.
Las ideas, reiteramos, pueden ser muy buenas. Pero si no
se traducen en la realidad, de poco nos sirve alegrarnos
de que existan.
Hace poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
falló la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida. Fue histórico, sí. Fue un quiebre
en la historia de la impunidad, también.
Desde la APDH La Plata y en este espacio dijimos que no
alcanzaba con eso y que era necesario que los jueces y fiscales
se dediquen a realizar su trabajo. Y que el Poder Ejecutivo
se encargue de proporcionar a los juzgados y fiscalías
los recursos para poder investigar y castigar los crímenes.
Esa fue una de las cosas que le dijeron ayer los organismos
de Derechos Humanos de La Plata, al juez Arnaldo Corazza,
con el que se reunieron en su despacho para pedirle que
acelere las causas contra los represores, que se van muriendo
sin ver la cárcel.
Precisamente en ese mismo edificio, esta semana los superiores
de Corazza, los jueces de la Cámara Federal, redactaron
un fallo auspicioso. De esos que abren caminos.
Tres jueces de la Cámara dijeron que las condiciones
de detención inhumanas a las que fueron sometidos
los detenidos-desaparecidos, constituyen torturas. Con eso,
no hace falta probar el uso de la picana eléctrica
en los interrogatorios. La propia detención era inhumana
y torturante.
Este fallo ayuda, claro, pero, repetimos, si eso no se traduce
en procesamientos, en detenciones y en juzgamiento de represores,
no significa nada.
De los jueces y fiscales de la Nación, depende, entonces,
que el pregonado discurso sobre el Juicio y Castigo se cumpla,
y del Poder Ejecutivo también depende la asignación
de recursos, para que las investigaciones sean posibles,
se realicen en un plazo razonable y lleguen a un justo final.
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