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Prensa
> Tengo Derecho > Editorial 25 de
septiembre de
2004
Aumento en los
casos de criminalización de la protesta
En las últimas semanas se viene enrareciendo el clima represivo contra los manifestantes populares en todo el país. Da la impresión, luego del mediáticamente agigantado episodio de la legislatura porteña el 16 de julio pasado, que ha habido una vuelta de tuerca más en la estrategia represiva del Estado contra quienes ejercen su legítimo derecho a peticionar ante las autoridades.
Repasemos los hechos: 16 de julio, Buenos Aires, una protesta contra la reforma represiva del Código de Convivencia, en la que se quema la puerta de la Legislatura porteña y se realizan destrozos varios, es ampliamente tratada en vivo por la televisión. Resultado al día de hoy: 15 detenidos, con prisión preventiva confirmada, por el delito de coacción agravada, no excarcelable.
31 de julio, también en Buenos Aires: protesta contra la presencia del titular del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Actúa el sospechoso grupo Quebracho; hay más de cien detenidos. Resultado al día de hoy: siete detenidos con prisión preventiva, acusados también de "coacción agravada", "daño calificado" y una por demás curiosa "prepotencia ideológica", según lo resuelve el cuestionadísimo juez Galeano.
En estas dos protestas, en donde hubo represión, se denunció la aparición de policías de civil, quienes incluso son los que aportan los testimonios para encarcelar a los manifestantes. Una pinturita, verdaderamente, a la que se le suma el agregado a uno de los expedientes judiciales de información de "inteligencia" sobre diversas agrupaciones, con material fotográfico y fichas de datos personales, según denunció la Correpi.
Seguimos repasando hechos. 4 de septiembre, Caleta Olivia, en Santa Cruz. Son detenidos 17 piqueteros ahora por "privación ilegítima de la libertad", entre otros delitos, por la toma de una planta petrolera a la que le reclamaban trabajo. Actualmente, hay 6 manifestantes con prisión preventiva.
Y ayer mismo, en Quilmes, dos piqueteros del movimiento que lidera Raúl Castells (también preso) fueron detenidos por "extorsión" contra un frigorífico al que le reclamaron mercadería.
Quienes vean un hilo conductor entre todos estos hechos advertirán que la acción del Estado contra la protesta social viene endureciéndose. En esta misma línea debe inscribirse la reforma al Código Contravencional en Buenos Aires, que aumenta la cantidad de situaciones por las que la Policía puede arrestar a las personas.
Otra vez se ha elegido el camino de la mano dura para resolver la problemática social. Otra vez, quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de impartir justicia, se están equivocando.
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