Prensa > Tengo Derecho > Editorial 25 de junio de 2005

La Corte anuló las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida


La Nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictada por la Corte Suprema después de años de espera, es un importantísimo avance en el juzgamiento de los genocidas de la última dictadura y un quiebre en la historia de la impunidad en la Argentina.

Este fallo histórico, largamente esperado por los familiares de los desaparecidos, los ex detenidos-desaparecidos, y los organismos de Derechos Humanos, obligará a acelerar los procesos judiciales que ya existen en distintos puntos del país.

Por eso es urgente que todos los fiscales y jueces de la Nación realicen su trabajo y dediquen tiempo y recursos a la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado.

Es hora también de que el Poder Ejecutivo concrete su discurso en materia de derechos humanos, poniendo en marcha una política de auxilio y seguimiento a los distintos procesos.

Habrá que apurarse, puesto que el tiempo pasa y los posibles condenados se van muriendo. Con una semana de diferencia al fallo de la Corte, murió el represor Guillermo Suárez Mason, uno de los más furibundos carniceros que dirigió el plan de exterminio.

Suarez Mason fue jefe del Primer Cuerpo del Ejército, y por esa razón todo lo que ocurría bajo su territorio, que comprendía la Capital Federal, y gran parte de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa, era de su responsabilidad.

En su "territorio", funcionaron decenas de centros clandestinos de detención y miles de personas fueron desaparecidos. Él fue responsable, entre los años 1976 y 1980, de todo eso.

Asesino, luego prófugo, extraditado de Estados Unidos y finalmente indultado por el ex presidente Carlos Menem, Suarez Mason fue un símbolo de la represión.

En el año '99 volvió a prisión, sólo domiciliaria, por el robo de bebés. Pero en 2003 salió de su casa a festejar su cumpleaños y eso le valió una detención en una cárcel común, en donde murió el martes sin el día de su juicio y castigo.

Por esta y otras razones, es que es necesario agilizar los procesos judiciales contra genocidas. En eso ayuda mucho el fallo de nulidad de las leyes de impunidad, un acto de Justicia que será valorado por la historia como un hito en la lucha por la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país.

Ir arriba