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Prensa
> Tengo Derecho > Editorial 24 de julio de
2004
Los
restringidos conceptos de la "seguridad"
La cuestión de "la seguridad",
entendida como lo contrario al robo y al piquete, desde hace varias semanas
está atravesando la agenda mediática y la de gobierno.
Esta concepción de la "seguridad"
puede abordarse de dos formas: primero, la comparación del piquetero y el
manifestante con el delincuente; y segundo, el decidido propósito de los medios
y buena parte de la clase política de señalar que la "seguridad" es
la ausencia de robos, asaltos, secuestros...
Tanto una como otra concepción son dos
mentiras que sólo sirven para buscar chivos expiatorios a los grandes problemas
socio-económicos que atraviesa nuestra sociedad.
Decir que un manifestante, un piquetero, es un
delincuente es seguir abonando el terreno de la criminalización de la protesta
social y fomentando la represión institucional contra quienes reclaman por sus
derechos constitucionales.
En nuestra ciudad el mejor representante de los
"criminalizadores" de la protesta es el fiscal Marcelo Romero, quien
lejos de dedicarse a investigar la comisión de delitos -como se lo ordena la
ley del Ministerio Público- pretende dar instrucciones, según dice, para
prevenirlos.
Como se sabe, el 31 de mayo pasado Romero
dictó una resolución que impide la presencia de personas en manifestaciones
con palos o con los rostros cubiertos, ordena el secuestro de esos elementos, y
ante la negativa o resistencia ordena se les inicie una investigación penal por
el delito de intimidación pública.
Su decisión provocó esta semana la reacción
de la Central de Trabajadores Argentinos y del Centro de Estudios Legales y
Sociales, que presentaron un recurso administrativo en la fiscalía para que
revoque la medida, señalando que "configura una restricción de los
derechos de peticionar a las autoridades, de reunión y de libertad de
expresión" y que promover órdenes de ese tenor está fuera de la
competencia de un fiscal.
En la extensa presentación, la CTA y el CELS
remarcaron que el derecho constitucional a expresarse comprende también el
derecho a definir la estética, los símbolos y la metodología de la acción,
elementos tan importantes como el contenido concreto de la demanda.
Ahora bien, volvamos sobre el segundo punto
señalado en el comienzo: la canallada de restringir el concepto
"seguridad" a la ausencia de robos, asaltos y secuestros.
Si bien es cierto que el delito aumentó en los
últimos años en grandes proporciones, no menos cierto es que paralelamente
aumentaron la marginalidad, la desigualdad social y que la impunidad sigue
siendo una moneda corriente.
Vale preguntarse cuándo los gobiernos
nacional, provincial y comunal van a dar el debate sobre la inseguridad laboral,
la inseguridad social, es decir, la inseguridad de no tener desayuno, almuerzo y
cena, la inseguridad de no saber leer y escribir, en fin, la inseguridad de no
contar con las necesidades básicas satisfechas.
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