Prensa > Tengo Derecho > Editorial 24 de abril de 2004

El proyecto de bajar la edad de imputabilidad


Entre la batería de medidas que lanzó el Gobierno en el marco del Plan Nacional de Seguridad se propone la baja en la edad mínima para que las personas sean imputables de delitos. 

Esto afecta concretamente a los adolescentes de entre 14 y 16 años que infringan la ley los que, de aprobarse este proyecto, pasarían a integrar el universo de personas que el Estado reprime cuando cometen un delito.
El tema es de por sí polémico y es fácil enmarcarlo en las propuestas de soluciones rápidas al tema de la inseguridad frente al delito que últimamente vienen apareciendo en los medios. 

En sí, hay que remarcar que es peligroso hablar de detención de menores de edad sin contemplar la Convencional Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Allí mismo se dice que "el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda".

La baja en la edad es incompatible con la política de Derechos Humanos pregonada por el Gobierno. Y por más que se hable de un "régimen especial" para los adolescentes de entre 14 y 18, está harto probado que los institutos de menores son centros de reclutamiento delincuencial, repetición de prácticas aberrantes por parte del personal que custodia la privación de la libertad y que, en definitiva, los institutos no distan mucho de ser una cárcel. 

Por eso decimos que se busca la solución fácil y no se apunta a las bases del problema.

Mejor sería que se hablara de cómo evitar que un adolescente, en lugar de ir a la escuela, elija el camino del delito. 

Porque, hay que decirlo, un adolescente, un niño que delinque, es un fracaso de la sociedad. De nuestra sociedad. No hay que "apartarlos de la sociedad", como pide la "mano dura", porque son parte de nuestra sociedad.

Mejor sería entonces que los jóvenes tengan cumplimentados sus Derechos Humanos y allí se estaría en condiciones morales para hablar del tema. 

Mejor sería, que empiece a desmontarse el sistema de exclusión social que se instaló en la Argentina desde hace 28 años y que todavía sigue generando marginados en serie. 

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