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Prensa
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Editorial 22 de octubre de 2005
Por
la tragedia de Magdalena, los poderes
del Estado deben asumir su responsabilidad
La
muerte por asfixia de 33 presos que no fueron socorridos
a tiempo en la Unidad 28 de Magdalena enfrenta a la provincia
de Buenos Aires con el macabro fracaso de su política
criminal y penitenciaria.
Múltiples han sido las advertencias de los organismos
de Derechos Humanos en este sentido. Sin embargo, a pesar
de que el propio gobierno reconoce la situación,
las decisiones necesarias no se adoptaron.
Para el habitante de la cárcel, la muerte es un destino
con alto grado de probabilidad. Son ellos, los 29 procesados
y los 4 condenados muertos en el incendio en Magdalena -cifra
que refleja las proporciones reales en las cárceles
de la provincia- quienes han pagado con su vida el costo
de los espasmos "manoduristas" de las mayorías
legislativas.
Y cargan después de muertos con la irresponsabilidad
de un Ministro de Justicia que les endilga la culpa de lo
ocurrido.
Las personas privadas de su libertad, pobres casi en su
totalidad como corresponde a un sistema penal selectivo,
están en manos de una fuerza de seguridad, el Servicio
Penitenciario Bonaerense, que durante la dictadura cívico
militar actuó bajo la dependencia operacional directa
del Primer Cuerpo de Ejército, jugando un importante
rol en la represión de la lucha popular.
La frustración de los procesos penales en los años
'80 impidió la investigación y consecuente
depuración de los cuadros penitenciarios, que continúan
actuando tal como lo hacían entonces, omnímodos
frente a sus víctimas e impunes de sus delitos.
Es así que, como lo ha expresado la APDH La Plata
en un comunicado esta semana, la dictadura sigue viva en
las cárceles provinciales, con sus prácticas
de muerte, violación, tortura y degradación.
Celdas cerradas con candado con presos cocinándose
adentro por un incendio, bomberos que llegaron dos horas
después y se encontraron con hidrantes que no tenían
agua y penitenciarios que no asistían a nadie, salvo
a su propio asombro, configuran un evidente cuadro de abandono
de persona de los presos que provocó en muchos la
muerte por asfixia.
Por la tragedia de Magdalena, cada uno de los poderes del
Estado debe asumir su responsabilidad. Las muertes no pueden
quedar impunes. Alguien tiene que hacerse responsable por
lo que pasó y hacer lo imposible, para que no vuelva
a ocurrir.
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