Prensa > Tengo Derecho > Editorial 17 de abril de 2004

Endurecer las penas y los regímenes carcelarios,
una solución que ya fracasó


Durante las últimas dos semanas los legisladores nacionales y provinciales sancionaron leyes que contribuyen a elevar las penas para los delitos y a endurecer las condiciones para excarcelar a personas procesadas por la Justicia.

La fórmula de aumentar las penas o de endurecer los regímenes carcelarios ya fue usada en reiteradas oportunidades, cada vez que se ha querido calmar el hartazgo social por el aumento del delito. Esta opción ha demostrado su inutilidad para paliar la situación y su eficacia para empeorar las condiciones de detención violatorias de los derechos humanos en cárceles y comisarías.

Y una vez más, se ha restringido el término "seguridad" a la cuestión penal. Y a buscar la solución al problema de la inseguridad frente al delito por el lado represivo, sin ver ni atacar sus causas.

La situación es muy compleja como para ser solucionado con la firma de papeles.

Las Fuerzas de Seguridad, en lugar de prevenir y reprimir el delito, lo cometen y lo alientan. Con este esquema, no hay margen para la legalidad. No hay endurecimiento de penas que revierta la situación delictiva si no se atacan los focos de corrupción y delito en las instituciones que deben prevenirlos.

Pero la prioridad número uno de los gobiernos debe ser otra. En los últimos años hemos perdido la seguridad laboral y la seguridad social. Cómo, entonces, no perder la seguridad física.

Para terminar con la violencia social hay que empezar por enfrentar la primera de las violencias: la del hambre.

De manera que tanto los gobiernos Nacional y Provincial, como los legisladores y el Poder Judicial, deben dejar de dar rodeos sobre la cuestión penal y comenzar a actuar sobre la cuestión social. No parece haber respuestas para el hambre, la falta de trabajo y la vida indigna.

En una declaración difundida esta semana, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata reiteró que la seguridad no es un problema solucionable con la ley penal. El aumento de la capacidad represiva del Estado no contribuirá a que vivamos en un mundo libre del temor y la miseria.

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