Prensa > Tengo Derecho > Editorial 16 de julio de 2005

Repetición de casos de inocentes presos


La repetición de casos en los que personas privadas de su libertad durante largo tiempo resultan ser inocentes víctimas de un sistema policial y judicial confundido y apresurado a la hora de realizar las investigaciones penales, debe ser un llamado de atención para los encargados de administrar Justicia en la Argentina.

Recientemente, en La Plata, se conoció que un joven pasó más de seis meses preso en varias comisarías, acusado de haber robado a una persona, sobre una base muy endeble de pruebas. De hecho, este joven, que se llama Juan Roberto Farías, había sido acusado por el parecido de su rostro con un identikit, del presunto ladrón, que obviamente no era él.

Hay que destacar en estos casos la presunción de inocencia de la que gozan todos los detenidos y procesados en una investigación penal, presunción que es una garantía constitucional que sigue el principio de que "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario".

Pero en estos casos, además, lo que se advierte es un déficit irresponsable y vergonzoso en la elaboración de las investigaciones, muchas veces encaradas por la Policía con objetivos prefijados y, hay que decirlo, avaladas por los fiscales que dan instrucciones o le ponen la firma a procedimientos irregulares.

Alguien se tiene que hacer responsable por los meses y años que muchas personas, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, pierden para siempre de sus vidas por una labor ineficaz y sinvergüenza en la administración de la Justicia.

No es concebible que quienes tienen las facultades para decidir sobre el destino de las personas -las cuales son delegadas por la sociedad civil- utilicen este poder en forma discrecional y arbitraria, lo que pone en juego el Derecho Humano a la libertad que posee cualquier persona.

Sabemos que, en lo que hace a la Provincia de Buenos Aires, la carencia de recursos humanos y materiales hace difícil el seguimiento de las investigaciones. Pero esta carencia no puede servir de justificativo para privar ilegalmente de la libertad a una persona por meses o años.

Debe agregarse que las represivas normas de excarcelación que rigen en la Provincia contribuyen a que estas injusticias se profundicen y tarden en solucionarse.

Por todo esto es necesario poner atención sobre la repetición de personas injustamente encarceladas y generar un máximo de difusión para salvar el nombre de quienes resultan víctimas de una Justicia, injusta

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