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Editorial 13 de agosto de 2005
Tortura
con picana eléctrica en la Unidad 9 de La Plata
Esta semana se conoció el que sería el primer
caso, comprobado bajo pericias, de un torturado con picana
eléctrica desde el fin de la dictadura.
El episodio, que estremece, sucedió en la nefasta
Unidad 9 de La Plata, la misma cárcel que, durante
el régimen cívico-militar que sometió
a la sociedad argentina entre 1976 y 1983, funcionaba casi
como un centro clandestino de detención, pero legalizado.
No es casual entonces dónde pasan y cómo pasan
las cosas.
El miércoles, la Comisión Provincial por la
Memoria denunció que el interno Cristian López
Toledo había sido torturado con picana el 10 de mayo
pasado, precisamente cinco días después de
que la propia Comisión hiciera una visita de rutina
(y de sorpresa) para hablar con los presos.
López Toledo fue uno de los que se entrevistó
con la Comisión, y varios días después
recibió un "reproche" de parte de un grupo
de guardias vestidos con la ropa de la División Traslados
del Servicio Penitenciario. Acto seguido, lo ataron a una
cama y le aplicaron corriente eléctrica en los pies.
Las marcas de la tortura en un pie de López Toledo
fueron observadas por médicos que comprobaron el
paso de corriente eléctrica. Esta pericia fue incluida
en el expediente en el que se denunció la tortura
y que está a cargo de la fiscal Virginia Bravo.
La Comisión por la Memoria señaló que
por debajo de un sistema político que pareciera saneado
y dentro de la democracia, subsiste un sistema subterráneo
en el que las cárceles parecen ser la continuidad
de la propia dictadura, con regímenes de detención
plagados de golpes, torturas y amenazas de muerte para quien
denuncie semejantes tratos inhumanos y degradantes.
Este sistema, que empezó a denunciarse y documentarse
hace años, es el que las autoridades tienen que desterrar.
Y no bajo anuncios grandilocuentes de reformas e intervenciones
en el Servicio Penitenciario, sino con una acción
firme para investigar, desplazar y condenar a los torturadores.
Ese accionar firme debe venir tanto del Poder Ejecutivo
como del Poder Judicial que debe ser el que tiene que actuar
en forma rápida, sin demorar por meses una pericia
o una investigación que lleva pocos días.
De otra manera, toda prédica contra la tortura además
de estéril, será hipócrita.
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