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Prensa
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Editorial 7 de mayo de 2005
El
Procurador General de la Corte dictaminó
la nulidad de las leyes de impunidad
El
Procurador General de la Nación, es decir, el jefe
de los fiscales federales del país y que cumple el
rol de fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, dictaminó
esta semana a favor de la nulidad de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida.
El dictamen, se interpreta como el paso previo a una cada
vez más segura ratificación del máximo
tribunal de la inconstitucionalidad de las normas de impunidad,
que en 1987 dejaron en libertad y sin juzgamiento a unos
mil represores de la última dictadura cívico-militar.
La declaración de nulidad del Punto Final y de la
Obediencia Debida por la Corte Suprema de Justicia es la
llave para abrir las celdas de los represores, ya que pondría
sobre terreno firme la construcción que vienen haciendo
muchos tribunales del país desde hace unos dos años.
Es que cuando el Congreso Nacional declaró, en agosto
de 2003, la nulidad de las leyes de impunidad, automáticamente
decenas de causas se reabrieron o se iniciaron, llevando
a prisión o arresto domiciliario a cerca de 150 militares
o policías que tuvieron participación en el
Terrorismo de Estado.
Tal como decíamos en ese entonces en este programa,
no hacía falta esperar a la Corte para comenzar a
juzgar a los represores. Pasaron casi dos años y
estamos en este punto: con investigaciones avanzadas, en
algunos casos, o con expedientes que recién empiezan
a andar el camino, en otros.
Tampoco hay que olvidarse que en algunos juzgados del país
se vienen haciendo los sotas hace a rato, por complicidades
ideológicas, por amistades de años de jueces
y fiscales con los represores o por simple desidia administrativa.
Es decir, la misión que la ciudadanía les
ha encomendado, la de juzgar y condenar delincuentes, ciertos
jueces y fiscales no la cumplen.
Una ratificación de la Corte de la nulidad de las
leyes de impunidad podría obligar a esos juzgados
díscolos a investigar. Además, aceleraría
los procesos judiciales, ya que los represores no podrán
entorpecer los expedientes con planteos de sus abogados,
que no tendrán validez en cuanto al Punto Final y
la Obediencia Debida.
Con la nueva composición de la Corte, más
democrática y más progresista, si se quiere,
se cree que antes de mitad de año estaría
listo el fallo. Sería bueno que esto se produjera
lo antes posible, para avanzar cada vez más rápido
y firme, en el camino del Juicio y Castigo.
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