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Editorial 4 de junio de 2005
Delitos
económicos de la última dictadura
La
voracidad criminal de los represores de la dictadura no
se limitó sólo al secuestro, tortura y desaparición
de miles de ciudadanos argentinos. Esa voracidad criminal,
incluyó también un beneficio personal: el
de apropiarse de los bienes de los desaparecidos.
Se trató de una actitud de rapiña que caracterizó
tanto al más encumbrado funcionario de Gobierno,
como al más bajo cabo de Policía secuestrador.
Era común en la ciudad de La Plata, por ejemplo,
que al secuestro de un matrimonio, le siguiera, o se produjera
simultáneamente, un saqueo de la vivienda. Si hasta
se dijo en el Juicio por la Verdad que de en un departamento
de diagonal 79, un grupo de represores se llevó incluso
una lata de aceite de cocina de 5 litros.
Esta rapiña, pocas veces contemplada dado que la
tortura y la desaparición forzada sigue siendo un
crimen más grave, abarcó algunas veces planes
complejos de apropiación de bienes inmuebles, campos,
automóviles, caballos de carrera y un largo etcétera
que se cumple en el caso del desaparecido Conrado Gómez
y sus socios.
Es por este caso que esta semana fue detenido Eduardo Massera,
el hijo del almirante Massera, un abogado de 53 años
que nunca fue militar pero que está acusado de haber
participado de una sociedad que, operando desde la ESMA,
transfirió a su nombre bienes de desaparecidos.
Una sociedad de la que participaron otros cuatro marinos
y civiles que también fueron arrestados esta semana,
y de la que también habría participado la
actual jueza civil porteña Emilia Martha García,
que como escribana habría legalizado las operaciones
de los lugartenientes del Almirante Cero, y que por ahora
viene zafando de ser investigada.
Una organización macabra destinada a enriquecer a
Massera y a sus secuaces de la ESMA a costa de los desaparecidos
operó gracias al miedo y la indefensión de
muchos familiares que entregaron cualquier cosa a cambio
de la vida de sus seres queridos. Y que, a pesar de ello,
no consiguieron nada.
Era hora que empezara a investigarse "el botín
de guerra" y que quienes se beneficiaron de esa rapiña
maldita, empezaran a cumplir el mismo encierro que merecen
los que prendieron la picana, y los que apretaron el gatillo.
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