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La Justicia platense se
compromete a investigar el destino de los desaparecidos. Difundido
en mayo de 1998
La
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata se presentó ante
la Cámara Federal de La Plata el 1º de abril último, peticionando que ese órgano
requiera las causas judiciales iniciadas en jurisdicción de La Plata
relacionadas con los crímenes cometidos por la última dictadura militar y que
investigue la verdad sobre los hechos denunciados.
La
Cámara hizo lugar a la petición, solicitando de las Cámaras Federales de
Capital y de San Martín que le devuelvan las citadas causas. El tribunal porteño
ya contestó afirmativamente y remitirá una cantidad de expedientes que se
estima entre los 1.500 y 2.000; se espera la respuesta de la Cámara de San Martín.
LAS
INVESTIGACIONES ABANDONADAS
Los
delitos cometidos por las fuerzas de seguridad entre los años 1976 y 1983
dieron origen a gran cantidad de presentaciones efectuadas por las víctimas o
sus familiares ante los tribunales locales. También se registraron numerosas
denuncias realizadas por la CONADEP. Por entonces, el juzgamiento de los
responsables estaba en manos de tribunales militares.
Ante
la inactividad de los tribunales castrenses, la Cámara Federal de la Capital
tomó en sus manos el juzgamiento de los delitos cometidos por los integrantes
de las tres primeras juntas de la dictadura y fue entonces que solicitó que se
le envíen todas las causas relacionadas con las violaciones a los derechos
humanos.
Desde
la jurisdicción de La Plata se remitieron muchísimas causas que involucraban
no sólo las denuncias individuales por secuestro y desaparición, sino también
la existencia de centros clandestinos de detención, de entierros clandestinos
en diversos cementerios, de robos, de adulteración de documentos, de apropiación
de niños, etc.
La
Fiscalía adoptó como método de trabajo el de seleccionar algunos casos
paradigmáticos, y fue así como la gran mayoría de las causas no fue analizada
ni por la Fiscalía ni por la Cámara y la posterior sanción de las leyes de
punto final y obediencia debida sirvió de pretexto para no reabrir las
investigaciones.
EL
DERECHO A LA VERDAD
Junto
con todos los organismos de derechos humanos, la A.P.D.H. La Plata ha sostenido
la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, a la
espera de la decisión del Congreso que consagrase esa nulidad. La derogación
de esas normas -ridícula parodia que defraudó las expectativas populares-
decidió a la Mesa Directiva a intentar la vía judicial para reabrir las
investigaciones detenidas e intentar arrojar más luz en el camino de la verdad
y la justicia.
Nueve
familiares de desaparecidos adhirieron a la presentación, haciendo suyas las
consideraciones del escrito.
La
petición a la Cámara Federal se fundó en el derecho humano a la verdad, parte
inseparable del derecho a la justicia, tal como había sido reconocido en
algunos precedentes, tales como los casos "Mignone" y "Lapacó".
Cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, los estados tienen obligación
de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer
fehacientemente (verdad), de procesar y castigar a los responsables (justicia),
de reparar los daños materiales y morales causados y de extirpar de los cuerpos
de seguridad a quienes han cometido, ordenado o tolerado estos hechos.
En
Argentina, a pesar de las recomendaciones y exhortaciones de los organismos
internacionales, ninguno de los poderes ha dado cumplimiento a la obligación de
investigar y ante este incumplimiento, es a la justicia a quien le corresponde
tomar en sus manos la satisfacción del derecho al conocimiento de la verdad.
LA
SENTENCIA DE LA CÁMARA
Los
nueve jueces del Tribunal fueron unánimes en el reconocimiento de la necesidad
de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura
y del derecho a la verdad como perteneciente no sólo a los familiares sino a la
sociedad toda.
Algunos
párrafos del fallo son dignos de ser conocidos por todos aquellos a quienes
interesa la causa de los derechos humanos.
Así,
por ejemplo, dice el Dr. Durán que corresponde declarar la competencia de la Cámara,
puesto que:
"Es
el mínimo esfuerzo al que estamos obligados moral y jurídicamente a
realizar quienes integramos el poder judicial, dedicando nuestra capacidad
total dentro del marco constitucional para que quienes aún padecen el dolor
también imprescriptible de contar con un ser querido sin paradero conocido,
el tratar más allá del resultado de lograr el descubrimiento de la verdad
real, fin primigenio de todo proceso penal, aunque de obtenerse el mismo no
se logre cicatrizar la herida del dolor.
El
mismo magistrado recoge la cita de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, que establece que este delito "será
considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o
paradero de la víctima", por resultar un delito de "lesa
humanidad".
Por
su parte el Dr. Leopoldo Schiffrin, en un sólido voto, se refiere a los "juicios
seguidos con motivo de los delitos de lesa humanidad cometidos en el cuadro del
plan criminal llevado a cabo por la dictadura que usurpó el poder entre los años
1976 y 1983", haciendo una reseña del recorrido de dichas causas,
concluyendo de ella que la Cámara platense es competente para llevar adelante
las investigaciones y que debe hacerlo en pleno, es decir, con la participación
de todos sus miembros. Su voto fue definitorio en este aspecto, ya que la mayoría
del tribunal siguió lo propugnado por Schiffrin.
Por
otra parte, es importante resaltar que por primera vez se ha reconocido la
legitimación de un organismo de derechos humanos para reclamar este tipo de
investigaciones. Los casos anteriores que tramitan ante la Cámara Federal de
Capital han sido originados en pedidos de un familiar; por esa razón se
incluyen en este fallo todas las causas iniciadas en jurisdicción de La
Plata.
Es
necesario destacar la enorme trascendencia de este fallo y las posibles
consecuencias que de él se derivarán, puesto que genera tanto en los
familiares de las víctimas del terrorismo de estado como en la sociedad toda
una enorme expectativa de conocer la verdad y renueva para todos el insatisfecho
anhelo de justicia, cuya realización sigue siendo imprescindible para conseguir
una verdadera pacificación.
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