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- 24 de marzo - 2006
Treinta años,
la misma lucha.
El
aniversario N° 30 del golpe que instauró la última
dictadura cívico militar ha adquirido una presencia social y
política que pocos hubieran imaginado hace 10 o 15 años,
cuando los organismos de derechos humanos manteníamos en alto
las banderas en el desolado panorama nacional post-indulto.
Varios
factores se conjugaron para que así sea. Indudablemente, el
enorme avance de la conciencia social sobre la atrocidad de
los crímenes propiciado por los juicios que a lo largo y a lo
ancho de todo el país volvieron a poner en el centro de la
discusión pública la necesidad de cerrar este nefasto período
a través del accionar de la justicia judicial.
Esos
mismos juicios permitieron también sacar a la luz un aspecto
mucho menos difundido que aquellos crímenes, pero que resultó
central para la elaboración del plan de aniquilamiento: de qué
manera los beneficiarios de la transformación estructural que
la Argentina sufrió a partir de 1976 estaban detrás de la
represión, dirigiendo sus esfuerzos asesinos y utilizándolos
para multiplicar sus riquezas desembarazándose de los
delegados obreros que obstaculizaban el avance hacia la
apropiación absoluta de la riqueza nacional.
El
cambio de actitud de las autoridades nacionales sobre esta
cuestión ha jugado también un papel al poner al servicio de
esta causa recursos inalcanzables para los organismos de la
sociedad civil, aunque esos recursos sean pocos todavía. Los
juzgados y fiscalías federales continúan arrastrando una
notable falta de recursos y el nuevo feriado no se ha visto
acompañado, por ejemplo, de la distribución de material que
permita a los docentes abordar adecuadamente el tema.
Las
actividades se multiplican: charlas, paneles, películas,
talleres en las escuelas, actos, marchas, proyectos como el
que promueve la transformación de lo que fue el Batallón de
Infantería de Marina N° 3 en un Museo de la Memoria para la
región. Estamos frente a una oportunidad histórica de llegar
a grandes sectores de la sociedad con nuestra prédica de
Verdad y con los sólidos argumentos que nos permitieron y nos
permiten aún sostener nuestro reclamo de Justicia.
Sin
embargo, los vientos favorables de hoy no deben hacernos
pensar que las expresiones reaccionarias defensoras de los
asesinos están inmóviles o definitivamente derrotadas. Este
24 de marzo nos ha encontrado también frente a otro panorama
que resulta muy preocupante y que debería convocarnos a todos
en torno al respaldo y la defensa de nuestros compañeros.
El
hallazgo del último nieto recuperado, nacido en La Plata pero
con abuelas marplatenses, provocó una serie de amenazas a los
abuelos Tasca y a la filial de Abuelas de Plaza de Mayo en esa
ciudad, por parte de un grupo autodenominado "24 de
marzo".
Por
el mismo tiempo, las Secretarías de Derechos Humanos nacional
y provincial, las abuelas, hijos y madres de Mar del Plata
realizaron una denuncia contra el juez marplatense Pedro
Hooft, un hombre acusado de complicidad con los crímenes de
la dictadura, pero que supo reciclarse en los nuevos tiempos
presentándose como adalid de la bioética y tejiendo una sólida
red de alianzas. Los organismos denunciantes fueron
amenazados.
En
Córdoba, Sonia Torres, responsable de la filial local de
Abuelas de Plaza de Mayo, fue atacada por un grupo de
encapuchados que la golpearon y le hicieron un simulacro de
fusilamiento. Chaco también fue escenario de amenazas a
quienes impulsan la investigación por el crimen de Margarita
Belén y el juicio político a los jueces cómplices.
Los
servicios de inteligencia de las fuerzas armadas nos siguen
espiando en franca violación por parte de sectores militares
de los acuerdos a los que la sociedad argentina arribó para
desterrar de su vida interna el accionar represivo que sufrió
durante la dictadura.
Por
otra parte, los episodios de Las Heras, Santa Cruz,
denunciados por todos los organismos de derechos humanos,
donde se ha cometido toda clase de atropellos en la
investigación de una muerte que todos repudiamos. La interna
partidaria distrae la atención nacional y el discurso
progresista del presidente no logra transformarse en hechos en
su propia provincia.
En
torno a estos episodios, entonces, unidad de todos los
sectores populares y la exigencia a los órganos del estado de
investigación inmediata, urgente y profunda. Los funcionarios
que hoy se suben al carro de la memoria en búsqueda de réditos
políticos, harán bien en demostrar la autenticidad de sus
convicciones respaldando a los organismos de derechos humanos
y a los luchadores que en estos últimos 30 años pusieron el
cuerpo por la vigencia de la Verdad y la Justicia
Mesa
Directiva
La
Plata, 23 de marzo de 2006.
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