Prensa > Comunicado de la CIDH tras su visita a la Argentina

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos culmina su visita a la Argentina

Comunicado de Prensa N°33/02

 En el día de la fecha, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó su visita de trabajo a la República Argentina. Dicha visita de trabajo, realizado por invitación del Presidente Eduardo Duhalde, se extendió del 29 de julio al 6 de agosto de 2002.

 El intenso programa de actividades desarrollado se concentró en tratar varias peticiones y casos en trámite en la CIDH. Asirnisrno, la delegación recabó información sobre la situación de los derechos humanos en forma general, y en particular, en relación con temas tales como la adrninistración de justicia, el papel de las fuerzas de seguridad púbiica y el estado de los derechos económicos, sociales y culturales.

 La Comisión es un órgano principal de la Organización de los Estados Arnericanos (OEA) con el mandato de promover, proteger y defender los derechos humanos en las Américas. La autoridad de la Comisión se deriva principalmente de la Carta de la OEA y de la Convencibn Americana sobre Derechos Humanos, tratados ratificados por la República Argentina. La Cornisión está integrada por siete Comisionados que son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA y que no representan a sus países de origen o residencia. La delegación de la CIDH estuvo integrada por el Profesor Robert K. Goidrnan, Miembro de la CIDH y Relator para Argentina, el doctor Santiago A. Cantón, Secretario Ejecutivo y la doctora Elizabeth Abi-Mershed, abogada de la CIDH.

 Durante su estadía, la delegación de la CIDH se entrevistó con autoridades gubernamentales, se reunió con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil en 8uenos Aires, y con las autoridades pertinentes y los peticionarios involucrados en varias peticiones en trámite ante la CIDH en Neuquen, Rio Negro y Salta. La delegación se reunió, entre otros, con el Dr, Eduardo A. Duhalde, Presidente de la Nación; Dr. Juan José Alvarez, Ministro de Seguridad y Justicia; Dr. Oscar Luján Fappiano, Secretario de Derechos Humanos; Min. Carlos Cersale di Cerisano, Director General de Derechos Humanos; representantes del Ministerio de Econornía y del Ministerio de Salud; representantes del ANSES; Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cárnara de Diputados de la Nación; Dr. Juan Pablo Cafiero, Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Maria L. Coriolano, Defensor de Casación de la Provincia; Lic. Jorge E. Taiana, Secretario de Derechos Hurnanos de la Provincia de Buenos Aires; Lic. Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación, Dra. Sonia Margarita Escudero, Senadora Nacional ; Dr. Jorge A. Pereda, Instituto Nacional de Asuntos Indigenas; Dr. Juan Carlos Romero, Gobernador de la Provincia de Salta; y diversas autoridades de los Provincias de Salta, Neuquén y Rio Negro.

 Representantes de la sociedad civil y del Estado expresaron escepticismo y desaliento ante la magnitud de las deficiencias endémicas que afectan al poder judicial. Esta situación ha derivado en una grave falta de confianza en el Poder Judicial por parte de la sociedad argentina. En el sistema interamericano de derechos humanos, el funcionamiento adecuado del poder judicial es un elemento esencial para prevenir el abuso de poder por parte de otros órganos del Estado, y por ende, para la protección de los derechos individuales. Para que el poder judicial pueda servir de manera efectiva como órgano de control y garantia de los derechos humanos, no sólo se requiere que éste exista de manera formal, sino que además el poder judicial debe ser independiente e imparcial. Como afirma el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, la separación e independencia de los poderes es un elemento indispensable de la demoeracia.

 Numerosas personas expresaron preocupación por la posibilidad de autorizar una participación más activa del ejército en asuntos de seguridad interna con el supuesto objetivo de resolver la crisis de la seguridad pública. La CIDH ha sostenido en distintas oportunidades la necesidad de que exista una ciara distinción entre la seguridad interna y la defensa nacional con un arnplio control del poder civil. Consecuentemente, la Comisión recibió con beneplácito las expresiones del Señor Presidente de la República descartando categóricamente dicha posibilidad.

 En el curso de la visita, varios representantes de la sociedad civil expresaron su preocupación por el deterioro de la seguridad pública. En este sentido, y como la Comisión ha expresado reiteradamente, los Estados tienen el derecho y el deber de adoptar o fortalecer las medidas necesarias para proteger a su población. Dicho fortalecimiento debe enmarcarse en el estado de derecho y en los parámetros establecidos en la Convención Americana.

 La Comisión recibió numerosas denuncias sobre las acciones de las fuerzas de seguridad, incluyendo tortura, apremios ilegales y el uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con los registros oficiales relevantes de la Provincia de Buenos Aires, se registraron más de 1.000 denuncias por apremios o maltratos a niños, niñas y jóvenes bajo patronato del Estado desde septiembre de 2000 a octubre de 2001. El Defensor ante el Tribunal de Casación de la Provincia mantiene un "Banco de Datos de Casos de Torturas y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes" que contiene más de 1060 casos (en el período marzo de 2000 a julio de 2002) cometidos por personas en ejercicio de funciones póblicas de los que resulten victimas quienes se encuentran ligados a un proceso judicial. Según las autoridades provinciales, se puede afirmar que el número de condenas es prácticamente insignificante en relación con el número de denuncias. La Comisión considera que la investigación, juzgamiento y sanción es un instrumento clave en la erradicación de la tortura, y que la impunidad existente sobre graves violaciones de esta naturaleza contribuye significativamente a su perpetuación.

 Durante la visita, ia CIDH recibió información relativa a los hechos de violencia en los últimos meses, inclusive los sucesos del 20 de diciembre de 2001 y del 26 de junio de 2002 y las respectivas investigaciones, así como un número importante de denuncias relativas a la denominada "criminalizacion de la protesta social" . En este sentido, la Comisión desea reiterar que el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para proteger a su población debe enmarcarse en los parámetros establecidos en la Convención Americana, inclusive los establecidos para garantizarlibertad de expresión.

 Por otra parte, la Comisión recibió información preocupante sobre la situación de superpoblación y hacinamiento en muchas cárceles y comisarias, que crea una situación de extrema gravedad y peligro. Como expresó la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en su diagnóstico, esta situación "ha generado, especialmente en las Comisarias del conurbano bonaerense, que las personas privadas de su libertad se encuentran sometidas a condiciones de detención inhumanas y degradantes violatorias a normas constitucionales, legales e internacionales de derechos humanos...". Es especialmente preocupante que, de acuerdo con los informes de la policía misma, entre las personas detenidas en comisarías se encuentran menores de edad.

 En vista de la gravedad de la situación, la Comisión valora las medidas adoptadas por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de mejorar la protección de los derechos fundarnentales en la Provincia, y en especiai para abordar el problema de tortura y apremios ilegales. En este sentido, el Gobernador de la Provincia estableció una Secretaría de Derechos Humanos dentro del Gobierno provincial, cuyos objetivos incluyen la erradicación de la tortura y los apremios ilegales. Con este fin, la Provincia ha establecido un Programa de Prevención de la Tortura, y entre las medidas previstas se resaltan iniciativas preventivas y de control en las cárceles y comisarias, y la renovación de la cúpula del servicio penitenciario provincial. Dichas medidas representan pasos importantes hacía la reforma de la policía de la Provincia de Buenos Aires, que de acuerdo a las numerosas denuncias recibidas por la Comisión, se caracteriza por abuso de autaridad, tortura, corrupción y otros actos ilegales.

 La Comisión desea expresar su preocupación por la información recibida en las semanas antes y durante esta visita sobre amenazas contra defensores de derechos humanos, inclusive contra abogados, dirigentes sociales, activistas y testigos. Las personas que trabajan en favor de la defensa de los derechos humanos y las organizaciones a las que pertenecen cumplen una función crucial para garantizar el libre ejercicio de las libertades fundamentales y la supervisión de las instituciones demoLráticas. Teniendo en cuenta la importancia de esta labor y la necesidad de proteger a quienes la llevan a cabo, la situación de los defensores de derechos humanos es una de las preocupaciones principales de la CIDH. La Comisión es testigo directo de la labor comprometida y valiente que han cumplido las organizaciones de derechos humanos en Argentina, tanto durante los años de la dictadura, como en el curso del restablecimiento y consolidación de la democracia.

 En esta orden de ideas, la Comisión desea remarcar que en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho, los defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico. El accionar de los defensores, a través de la defensa de individuos y grupos de personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan importantes sectores de la sociedad, y del necesario control que ejercen sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas, entre otras actividades, los convierte en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera.

 La Convención Americana señala en su preámbulo que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos". Un análisis de los derechos económicos, sociales y culturales en Argentina hoy en día revela una serie de prioridades y deberes pendientes. Tanto representantes estatales como representantes de la sociedad civil informaron a la Comisión sobre el alarmante aumento en la proporción de la población que vive por debajo de la linea de pobreza, que de acuerdo con la información recibida es un poco más del 50%. Dicha información indica que el número de argentinos que no puede acceder a una canasta básica de alimentos se duplicó con creces desde los fines del año 2000.

Durante la visita, por ejemplo, la Comisión recibió información y análisis actualizados sobre la emergencia sanitaria y las consecuencias para grandes sectores de la población. La CIDH ha seguido esta situación muy de cerca desde los últimos meses del año 2001, con atención especial a la cuestión del acceso a medicamentos, inclusive a través de una audiencia general sobre el tema durante su sesión en marzo del año en curso. De acuerdo con las normas aplicables, tanto las del sistema interamericano de derechos humanos como del sistema universal, la preservación de la salud y la integridad fisica y psicológica es una prioridad que requiere, entre otras cosas, protecciones especiales para los grupos más vulnerables, por ejemplo los niños y los ancianos. En el contexto de la actual crisis, la Comisión considera fundamental priorizar mecanismos adecuados para resolver la emergencia sanitaria, inclusive para asegurar la continuidad de los servicios médicos y la accesibilidad de rnedicarnentos para las personas que los necesitan para preservar su integridad fisica y psicológica.

La Comisión reconoce el esfuerzo del Estado para mejorar la situación de los sectores en más riesgo a través, por ejemplo, del programa Jefes y Jefas de Hogar. Este programa, que asigna un subsidio mensual de 150 pesos a jefes y jefas de hogar desocupados con hijos menores con el fin de "garantizar que todo hogar argentino disfrute de un ingreso mensual de inclusión", y que de acuerdo con la información recibida beneficia más de 1.600.000, brinda una base minima para la toma de otros pasos imprescindibles. Sin embargo, dado que este plan solo alcanza cubrir poco más de la mitad de las necesidades básicas alimentarias de una familia tipo, es esencial adoptar inmediatamente otras medidas destinadas a enfrentar la crisis social, y en especial, el preocupante aumento que se ve actualmente en los niveles de desnutrición en niños. En este sentido, la CIDH considera que los organismos internacionales pertinentes deben jugar un papel protagónico para colaborar en la resolución de la presente crisis.

 Grandes sectores de la sociedad argentina se encuentran afectados también por el denominado "corralito", así como por los decretos que suspendía ciertos procesos judiciales o el cumplimiento de las resoluciones cautelares y sentencias, o por la "ley antigoteo". En los últimos meses, la Comisión ha recibido casi 2000 denuncias relacionadas con esta situación, y durante la visita se reunió con representantes de los peticionarios asi como las personas afectadas con el fin de recoger información adicional. La Comisión evaluará la información recogida y las peticiones presentadas de acuerdo con su Reglamento, y considerará el llamado a una audiencia sobre este tema durante su próximo periodo de sesiones.

El contexto de la crisis actual, inclusive el hecho de que importantes sectores de la sociedad no pueden satisfacer sus necesidades básicas y que la situación de tensión social se agrava, así como la falta de confianza en aquellas personas con responsabilidad de liderazgo institucional ha creado un clima de incertidumbre y miedo que puede fomentar respuestas incompatibles con el respeto a las garantías y libertades fundamentales. Es importante que en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, con un profundo deterioro político, económico y social, todos los sectores de la sociedad, y en particular las autoridades nacionales y locales y los dirigentes politicos, actúen con la máxima prudencia posible y con un apego irrestricto al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, para asegurar que el proceso electoral próximo se realice en un clima de civilidad y respeto entre todos los ciudadanos. Únicamente la recuperación de la confianza en las instituciones y el fortalecimiento de las mismas va a permitir un pleno respeto a los derechos humanos.

La Comisión reconoce que la mayoría de las preocupaciones mencionadas preceden al actual Gobierno. Asimismo, comprende que el Gobierno del Presidente Duhalde asurnió la responsabilidad hace sólo siete meses y en circunstancias de grave crisis politica, económica y social sin precedentes en la historia argentina. Sin embargo, el actual gobierno tiene una gran responsabilidad para evitar que la presente crisis se profundice aún mas y pueda derivar en situaciones de violencia social y crisis institucional con graves consecuencias para el futuro de los argentinos. Las presentes observaciones se efectuaron en el ánimo de colaborar con el Estado y sus autoridades en su deber de cumplir con sus obligaciones internacionales

 Durante el 116° período ordinario de sesiones de la CIDH, que tendrá lugar en Washington entre el 7 y 25 de octubre del presente año, el Profesor Goldman informará al plenario sobre los resultados de su visita.

 La Comisión expresa su agradecirniento al Estado Argentino por la invitación, que constituye una importante muestra de la voluntad de cumpiir con sus compromisos internacionales en derechos humanos, y por la buena disposición de las autoridades argentinas para discutir y buscar soluciones a los problemas planteados. Asimismo, desea extender su agradecimiento a los representantes de la sociedad por la importante información que suministraron durante la visita de trabajo, así como a los medios de comunicación por su interés en el trabajo realizado. La CIDH continuará colaborando con estos sectores en la tarea compartida de buscar mecanismos que faciliten el perfeccionamiento de la vigencia de los derechos humanos en el país.

Buenos Aires, 6 de agosto de 2002

Ir arriba