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Mesa
Directiva > Declaración
sobre las reformas penales a partir del caso "Blumberg"
La seguridad no es una cuestión penal
Difundida el
13 de abril de 2004
La Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos La Plata expresa su rechazo a la promoción y sanción de
leyes que contribuyan a elevar las penas para los delitos.
Este organismo entiende que esa no es
la solución al problema de seguridad. La fórmula de aumentar las
penas o de endurecer los regímenes carcelarios ha sido ya usada en
reiteradas oportunidades, toda vez que se ha querido calmar el
hartazgo social por el aumento del delito, y ha demostrado su
inutilidad para paliar la situación y su eficacia para empeorar las
condiciones de detención violatorias de los derechos humanos en cárceles
y comisarías.
Ya hemos tenido en la provincia de
Buenos Aires medidas de este tenor -como el endurecimiento de la ley
de excarcelaciones y la promoción de la derogación de la denominada
ley del "dos por uno", concretada por el Congreso el año
pasado- durante la gobernación de Carlos Ruckauf, que no sólo impulsó
esas reformas legislativas sino que convocó a la Policía a
"meterle bala a los delincuentes", dando el aval político a
los asesinatos a manos de policías.
Al mismo tiempo, las fuerzas de
seguridad siguen siendo corruptas. En lugar de prevenir y reprimir el
delito, lo cometen y lo alientan. La Policía bonaerense ha estado por
acción u omisión envuelta en cada gran delito de los últimos años.
La reputación del Servicio
Penitenciario Bonaerense es tan buena como la de los policías: los
torturadores de la dictadura siguen en funciones, se coopta a los
presos para que "salgan" de su presidio a delinquir y se los
somete a un trato inhumano y degradante.
Con este esquema en las fuerzas de seguridad, no hay margen para la
legalidad. No hay endurecimiento de penas que revierta la situación
delictiva si no se atacan los focos de corrupción y delito en las
instituciones que deben prevenirlos.
Pero la prioridad número uno de los
gobiernos debe ser la modificación del estado actual de distribución
del ingreso. En los últimos años hemos perdido la seguridad laboral
y la seguridad social. Cómo, entonces, no perder la seguridad física.
Para terminar con la violencia social
hay que empezar por enfrentar la primera de las violencias: la del
hambre.
De manera que tanto los gobiernos
Nacional y Provincial, como los legisladores y el Poder Judicial,
deben dejar de dar rodeos sobre la cuestión penal y comenzar a actuar
sobre la cuestión social. Se ve muy apurados a los gobernantes y a
los legisladores en sancionar nuevas leyes penales y a los fiscales y
jueces en denunciar y perseguir la legítima protesta social. Pero no
hay respuestas para el hambre, la falta de trabajo y la vida indigna.
La APDH La Plata también rechaza,
una vez más, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los
delitos. La respuesta que conlleva esa medida para los niños es
simple y aberrante: cambiar la familia y la escuela por la cárcel. En
lugar de facilitar el acceso a la educación y a la vida digna de los
niños que cometen delitos, la promoción de esa propuesta es
"facilista", siniestra y deja en evidencia a una sociedad
que, una vez más, le da vuelta la cara a uno de sus más graves
problemas.
Por último, la APDH La Plata ve con
preocupación que cierto sector de la sociedad se plantee para
analizar y decidir sobre este tema la falsa dicotomía entre
"sociedad" y "delincuentes", como si estos últimos
no fueran parte y producto de aquella. Esta misma línea argumental
bipolar ha servido a un amplio sector para decir que "se
defienden los derechos humanos de los delincuentes" y no los de
la sociedad.
La defensa de los derechos humanos no
tiene distinción. Los derechos humanos son de la sociedad y el único
que puede ponerlos en peligro es el Estado. Es por eso que las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se encargan de
vigilar que el Estado, en todos sus estamentos, cumpla con ellos. Es
decir, los organismos velan para que el Estado no delinca.
Cuando los delitos los cometen los
ciudadanos son las instituciones del Estado las que deben intervenir,
basadas en el respeto a los derechos humanos, que constituyen un
compromiso internacional e ineludible de nuestra nación.
Por eso, una vez más, la APDH La
Plata reitera que la seguridad no es un problema solucionable con la
ley penal. El aumento de la capacidad represiva del Estado no
contribuirá a que vivamos en un mundo libre del temor y la miseria.
Mesa Directiva
La Plata, 13 de abril de 2004
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