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Directiva > Declaración: Solá enarbola la "mano dura"
Solá enarbola la "mano dura"
Difundida el 15 de
julio de 2003
La APDH La Plata rechaza las
medidas dispuestas por el gobernador bonaerense Felipe Solá
supuestamente tendientes a disminuir los delitos en la provincia, dado
que significan un retroceso institucional que vuelve a instaurar la
denominada "mano dura" que enarboló su socio electoral Carlos Ruckauf.
Saturar de fuerzas de seguridad y de uniformes de distintos colores
las calles de la provincia, facultar a los fiscales para ordenar
detenciones y allanamientos y otorgarles competencia penal a los
jueces de paz, son medidas electoralistas y de imagen -porque tienden
a causar sólo sensación de seguridad-, que violan la Constitución
provincial y vulneran los derechos y garantías de los ciudadanos.
Esto ocurre mientras sigue pendiente la deuda del gobernador de
otorgar más recursos al Poder Judicial, mayor cantidad de
investigadores independientes de la Policía y, sobre todo, mejor
calidad de vida para el conjunto de la población.
Estas decisiones, que reducen aún más el papel de los jueces de
garantías y aumentan el desequilibrio entre la acusación y la defensa,
son el resultado del fracaso de la reforma procesal de 1999 mediante
la cual se otorgó protagonismo a los fiscales en los procesos y se
minimizó el papel de los jueces.
Asimismo, las nuevas disposiciones alimentan la posibilidad de que se
incrementen los casos de torturas y apremios ilegales en la provincia
de Buenos Aires. Los informes de la Secretaría de Derechos Humanos y
de la Defensoría de Casación Penal son reveladores sobre qué hace esta
Policía con los poderes que se le otorgan y aumentan.
Este enfoque electoralista y de corto plazo esquiva también la
depuración de las estructuras corruptas de la policía y sus vínculos
con los funcionarios políticos que los amparan.
El gobernador Solá juró respetar y hacer respetar la Constitución y
las leyes que ahora pretende avasallar. La Legislatura y el Poder
Judicial deben poner coto al avance represivo en la provincia de
Buenos Aires, rechazando estas propuestas.
Y si la Legislatura convierte en ley estas medidas, el Poder Judicial
debe reaccionar rápidamente resolviendo su inconstitucionalidad.
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