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Mesa
Directiva > Declaración
América Latina debe permanecer
unida y alerta
Difundida el 17 de abril de 2002
Una esperanza recorre América Latina, el pueblo de Venezuela derrotó un golpe de estado, y el camino de la movilización popular marca el derrotero para defender los Derechos Humanos, y recobrar la dignidad, la libertad y una vida mejor. Venezuela nos dice que los Derechos Humanos no están en extinción.
El mundo está sometido a la guerra y al hambre por los grupos del poder económico y financiero mundial que lo dominan y aplican su política neoliberal. A los bombardeos de Irak y la ex Yugoeslavia por la OTAN, sucedió el ataque a las torres gemelas y Bush aumentó su apuesta guerrerista y de dominio mundial –so pretexto de combatir el terrorismo- siendo que su país en Afganistán y sus socios; como asimismo Israel con su agresión y ocupación de Palestina, son quienes cometen los más grandes crímenes contra la humanidad, enmascarados con fines de "Libertad, Humanidad y Democracia". Principios que ellos pisotean constantemente en los países que agreden y en menor grado contra sus propios
pueblos.
Ahora amenazan a varios países con utilizar contra ellos armas atómicas violando todos los principios y tratados del Derecho Internacional que ellos mismos firmaron. El mundo puede precipitarse así hacia un nuevo genocidio, después de los perpetrados en Hiroshima y
Nagasaki.
Los Estados Unidos mantienen el bloqueo a Cuba desde hace 40 años, hostigan a Venezuela y también presionan fuerte al Gobierno Argentino para que participe en el belicista Plan Colombia, con el pretexto del narcotráfico. Ya introdujeron tropas en nuestro pais con el llamado "Plan Cabañas", instalaron en Tierra del Fuego una base tecnológica a su servicio bélico y tienen fuerzas asentadas en nuestro territorio so pretexto de misiones humanitarias.- Ahora nos enviaron a un virrey temporario, el indio Anoop Singh, al estilo de los que tuvo India de su colonizador inglés. Así como el FMI y el Banco Mundial obedecen órdenes de Wall Street, su delegado virreinal –sin falsos pudores que enmascaren quién manda realmente- trae exigencias para los gobiernos nacional y provinciales: sigue demandando más ajustes, menos salud, menos educación y menos derechos humanos. En lugar de ofrecer indemnizarnos por los daños que nos causaron con la ilegítima deuda externa y la imposición de políticas contrarias a nuestros intereses y a nuestra soberanía en los últimos cincuenta años. Ni siquiera hubo un solo gesto de decoro ante esta invasión
exterior.
Llegará un día en que funcione el Tribunal Penal Internacional –cuyo oponente máximo es Estados Unidos- y se pueda procesar no sólo a los criminales de guerra y de lesa humanidad, sino también a los responsables actuales del mayor genocidio económico de millones de seres humanos de la Historia de la Humanidad.
El gobierno de Argentina renuncia a la soberanía, sigue las directivas del virrey y beneficia a los grandes grupos económicos con la pesificación de sus deudas; obedece la orden de devaluar y provoca una enorme suba de precios y una caída de la producción, el salario y el consumo, perjudicando gravemente al pueblo argentino. Si algún sector (privatizadas, exportadores, monopolios locales y transnacionales) exige algo, de inmediato se forma una "comisión" para satisfacer los
pedidos.
El gran perdedor de esta política neoliberal comenzada por Martínez de Hoz y seguida por Cavallo (26 años entre terrorismo de estado, genocidio económico y represión) es nuestro pueblo y, en primer lugar, los trabajadores: desocupados, asalariados y jubilados. ¿Cómo es posible que no esté funcionando todavía una comisión para aumentar salarios y jubilaciones? ¿Cómo es posible que no se implemente el Seguro de Empleo y Formación que reclamaron tres millones de personas mediante una consulta popular?.
El binomio Remes Lenicov–Duhalde continúan aplicando las recetas del FMI
Se planifica una reforma política que pretende salvar a los políticos de la coalición gobernante, con peligro de coartar aún más las libertades en esta democracia ya
restringida.
Las crecientes y variadas luchas: huelgas, piquetes, cacerolazos y asambleas, no definen aún su camino hacia una coordinación única o hacia expresiones políticas diversas, pero que impongan su fuerza política y moral en las soluciones que el país necesita. La consigna "Duhalde o el caos" es falsa y la realidad grita que se imponen cambios populares y progresistas. El proyecto ALCA no ha sido archivado y se sigue intentando hacer entrar a la Argentina como sea, pasando de la dependencia a la anexión.
Urgido y mendigando, el gobierno pretende un rápido apoyo del FMI y EEUU y está dispuesto a seguir complaciéndolos en todo lo que piden; y ellos vienen por más.
A.P.D.H. La Plata tiene propuestas concretas:
Ratificar la ilegitimidad de la deuda externa, que como organismo de derechos humanos venimos sosteniendo desde hace casi veinte años. Declarar que la deuda argentina y de los países latinoamericanos ya ha sido pagada con
creces.
Defender nuestra soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo, para decidir por sí mismo, hacer un presupuesto que tenga como prioridad real al empleo, la producción y el bienestar de la población.
Practicar una política exterior independiente.
Gobernar para los pobres y no para los ricos, redistribuyendo el ingreso nacional con justicia y
equidad.
Terminar con los negociados y la corrupción inaugurando un modelo económico que se base en la justicia y en el funcionamiento de un Estado con participación popular en todas las instancias y particularmente en las esferas de decisión, que aseguren el cumplimiento de estas necesidades elementales de los seres humanos:
Alimentación, trabajo, salario digno, vital y móvil, salud asegurada, educación creciente en calidad, acceso a la vivienda y a la producción
cultural.
La reforma electoral debe asegurar más y mejor democracia y transparencia, asegurando el pluralismo y garantizando la participación proporcional de todas las fuerzas políticas.
El Poder Judicial debe transformarse para cumplir con el rol que la Constitución le acuerda. Los jueces deben ser designados con un método de elección abierto y transparente, que exija una ética personal y profesional previamente practicada, así como antecedentes impecables en materia de derechos humanos. Debe haber participación popular en los Consejos de la Magistratura. Antes de designarse a cualquier juez, de la Nación o de las Provincias, en todas las instancias, debe abrirse un período de observaciones e impugnaciones, con audiencias públicas y debate sobre los antecedentes de los candidatos
propuestos.
Se debe construir una democracia verdadera con justicia social.-
Por Mesa Directiva
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