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antiterrorista
La ley
antiterrorista.
Muchos años
atrás y hace ya varios proyectos frustrados por la
resistencia popular, la APDH LA PLATA dijo en un extenso y
fundado documento: "La ley antiterrorista es de
terror".
Hace pocos días el
nuevo proyecto de ley antiterrorista finalmente fue capaz de
superar las barreras que opusieron los organismos de derechos
humanos, alertados por la ambigüedad de los términos que se
utilizan para configurar el delito de terrorismo.
Una vez más,
el reclamo de mayor debate, de ámbitos en los que todos los
sectores puedan expresarse, fue superado por la exigencia que
planteó el Departamento de Estado norteamericano, bajo la
amenaza de dejar al país fuera del circuito de las
inversiones internacionales.
Sin embargo,
los organismos seguimos reclamando ese espacio de debate.
Porque una ley no es una derrota. Puede ser reformada,
derogada y hasta anulada, como lo demuestran los juicios a los
genocidas.
Lo ineludible
es opinar. La primera cuestión a poner sobre la
mesa será la imprescindible discusión acerca de quién es el
primer terrorista del mundo; acerca de cuál es el terrorismo
más peligroso y acerca de cómo se financia ese terrorismo.
Es decir, cuál es el papel de los Estados Unidos en nuestra
política interna y en la política mundial y de qué manera
intenta condicionar la vigencia de los derechos humanos en
nuestro país.
Y recién
después ingresar en las cuestiones de redacción. Que por
supuesto nos preocupan. Porque la forma en que ha sido
concebida esta ley pone en riesgo a los procesos de desarrollo
del conflicto social en cuyo marco puedan cometerse actos
encuadrados como delitos por el Código Penal.
Cinco años
después, la masacre de Avellaneda nos recuerda que la
muerte ha sido y sigue siendo un desenlace posible en
Argentina. Y nos obliga a pensar que reemplazar la muerte por
la cárcel no es una solución aceptable.
Maximiliano
Kosteki y Dario Santillán son expresiones del conflicto
social, elegidos por el poder para transmitir su mensaje
disciplinador. El mismo mensaje que se apresuran a ratificar
nuestros legisladores nacionales cuando sancionan esta ley
antiterrorista.
Es cierto
que, como proclaman sus defensores, la ley no habla
expresamente de la lucha social, de la protesta ni del
reclamo. Pero también lo es que se entrega una nueva
herramienta de criminalizació
n de las luchas a un Poder Judicial que ya se ha exhibido
sobradamente amigo de reprimir la protesta, salvo honrosas
excepciones.
Recordamos en
estos días a los muertos, heridos, detenidos y perseguidos
como consecuencia de los hechos del Puente Pueyrredón;
pensamos en sus sueños, en su inserción en un
concreto proyecto político y social de cambio, que cada uno
de nosotros puede compartir o no.
Pero que
indudablemente es parte de la vida en libertad y justicia que
seguimos reclamando, en el camino que nos marcaron los treinta
mil desaparecidos.
MESA
DIRECTIVA
La
Plata, 26 de junio de 2007.
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