La Asamblea
General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
La Plata, habiendo debatido ampliamente la situación actual
de los derechos humanos de los niños, denuncia que existe
una grave situación de desprotección hacia los que
pertenecen a los sectores más vulnerables y sus familias.
El abandono
del estado se traduce en la pérdida de pautas culturales que
hasta ayer parecían esenciales; los niños, junto a los
ancianos, integran un sector que en su actual etapa el
sistema considera “excedente” y ello se aprecia al
contemplar a las personas en situación de calle.
Quienes
integran ese excedente desde el punto de vista económico se
individualizan como “otros” desde el punto de vista social.
“Otros” cuya exclusión y encierro se busca legitimar.
Hace muy poco
tiempo entró en vigencia la ley de promoción y protección de
los niños y también la que regula el sistema procesal. Pero
sólo se habla de penalizar. De promover y proteger ni el
estado ni los grandes medios de comunicación quieren hablar.
Se centra así
el debate en la baja de la edad de imputabilidad, verdadera
falacia que se funda en poner en el centro de la escena un
problema numéricamente insignificante (los delitos violentos
cometidos por chicos menores de edad) para ocultar el que
verdaderamente debería preocuparnos a todos y ocupar a
quienes nos gobiernan: el abandono tantos años prolongado de
los sectores más débiles y sus consecuencias de miseria,
marginalidad y desculturación.
En ese marco,
adquiere su verdadera dimensión la abstención presupuestaria
del estado cuando se trata de organizar y hacer funcionar
los servicios locales y zonales previstos por la ley de
promoción y protección.
La sanción de
esta ley fue producto de una larga lucha que ganaron los
sectores populares. Ahora se impone exigir y controlar su
cumplimiento, que requiere de una fuerte decisión política y
de la dedicación de un porcentaje importante de los recursos
del estado.
La discusión
acerca de si encarcelar a los niños a los 14 o a los 16
años, es un debate mentiroso que nos desvía del verdadero
problema. Los chicos deben tener derecho a un proceso justo;
a no quedar en manos de un sistema de patronato que los
encierra y los olvida. Pero sobre todo tienen derecho a ser
cuidados y protegidos.
Los
gobernantes deben priorizar el cometido de terminar con la
miseria y la marginalidad y en este objetivo los organismos
de derechos humanos tenemos un gran desafío, porque la
actual crisis intentará imponer discursos de ajuste que se
traducirán invariablemente en más hambre y más marginalidad.
Estar alertas
y hacer escuchar nuestra voz será el imperativo de este
tiempo.
La Plata,
mayo de 2009.
