La
Asociación Judicial
Bonaerense (AJB),
la Comisión Provincial
por
la Memoria
,
la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos La Plata (A.P.D.H. LA PLATA)
, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
la Asociación
por los Derechos Civiles (ADC) solicitaron una
audiencia al Ministro de Justicia para manifestarle su
preocupación respecto de las debilidades que
presentan los proyectos de reforma judicial enviados a
la Legislatura
y la necesidad de ampliar la agenda judicial con la
participación de otros actores sociales.
Las
organizaciones mencionadas consideran que las medidas
anunciadas no solucionarán los problemas actuales del
sistema penal bonaerense, ni impactarán
sustancialmente en una mejora de la seguridad. Por el
contrario, estas propuestas siguen concentrando
esfuerzos y recursos exclusivamente en los casos que
el sistema penal procesa actualmente y que se orientan
a los sectores más vulnerables de la población.
Esta tendencia se agrava con la restricción de
la garantía de habeas corpus contenida en el proyecto
en debate.
La
opción por la oralidad y la celeridad resulta
correcta
;
sin
embargo, esta medida aislada, en el contexto actual de
funcionamiento del sistema penal bonaerense, solo
tendrá por efecto reproducir las lógicas actuales.
Para
avanzar en cambios profundos,
estas
organizaciones entienden que
es
indispensable diseñar un programa de política
judicial que abarque aspectos impostergables como el
fortalecimiento de la defensa pública que garantice
el derecho de defensa, el control de las detenciones
policiales y el respeto del debido proceso; la
apertura de nuevos canales de participación en los
procesos de selección de magistrados; la imposición
de controles externos a jueces, fiscales y defensores;
y el diseño de un plan de política criminal
orientado a desarmar las redes de delitos complejos:
corrupción de funcionarios públicos, trafico de
estupefacientes y otras redes delictivas expandidas en
la provincia.
