La situación procesal de Etchecolatz Un represor que entra y sale de la cárcel Si bien al represor Miguel Etchecolatz se le complicó bastante su situación en las causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, el beneficio de tener más de 70 años le ha permitido tener períodos intermitentes de detención en cárceles comunes. Lo que sigue es un esquema básico de su situación procesal: Abril 2001. El juez Corazza lo arresta por el "caso Sanz", referido a la supresión de identidad de una hija de desparecidos. Diez días después, le concede el arresto domiciliario: primero en Buenos Aires y luego en Mar del Plata. Julio 2001. La Cámara Federal confirma el procesamiento en el "caso Sanz". Marzo 2004. En el juicio oral por el "caso Sanz", Etchecolatz es condenado a 7 años de prisión. Pero sigue cumpliéndola en forma domiciliaria. Septiembre 2004. Se reabre la "causa Camps" y el juez Corazza detiene al represor, que empieza a cumplir su condena de 23 años de prisión en ese expediente. El represor se aloja dos meses en la sede de la Policía Federal de La Plata y luego va a la Cárcel de Devoto. Diciembre 2004. Corazza lo indaga y procesa en la causa de la comisaría 5°. Marzo 2005. La Cámara de Casación le rebaja la condena en el caso Sanz a 3 años. Septiembre 2005. La Cámara Federal de La Plata le otorga arresto domiciliario en otra causa: el expediente "Schiffrin s/denuncia", que investiga casos denunciados en el Juicio por la Verdad. Después de 11 meses de encierro, Etchecolatz vuelve a su casa de Mar del Plata.

LA PLATA.- La Unidad Fiscal Federal solicitó ante la Cámara Nacional de Casación Penal que se revoque el arresto domiciliario del represor Miguel Etchecolatz. La fiscalía cuestionó la "arbitrariedad" de la resolución que, hace dos semanas, le otorgó ese beneficio, y pidió que el ex comisario general regrese a la cárcel de Devoto para seguir cumpliendo allí sus condenas y prisiones preventivas por delitos de lesa humanidad.

En el escrito, presentado ayer a última hora y firmado por el fiscal Sergio Franco, la Unidad Fiscal sostuvo que la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata —que el pasado 30 de agosto dispuso el arresto domiciliario de Etchecolatz— es "incongruente" con la ley 24.660, que regula este beneficio, ya que los jueces consideraron erróneamente "que la edad es condición suficiente para acordar la prisión domiciliaria".

En aquella resolución, la Cámara Federal de La Plata sólo tuvo en cuenta que Etchecolatz era mayor de 70 años, pero omitió los demás requisitos que, a criterio de la fiscalía, debían haber sido tenidos en cuenta, como los informes médicos ordenados por la Justicia, y las condenas y procesamientos que pesan sobre Etchecolatz por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (ver recuadro y 010905).

La Unidad Fiscal señaló que la medida adoptada por los camaristas platenses es "arbitraria", ya que sólo analiza el informe psico-físico efectuado por el médico personal del represor, y se refiere "sólo de manera fragmentaria al que elaboraron los profesionales del Hospital de la Unidad Nº 2 (Devoto), en donde expresan que el paciente se encuentra estable y compensado y, de acuerdo con la evaluación psiquiátrica, en condiciones de cumplir su condena en una unidad carcelaria".

"Teniendo en cuenta los crímenes por los que Etchecolatz resultó condenado, el imputado reviste un alto grado de peligrosidad social", indicó Franco en su presentación, al cuestionar el argumento de la sala III de la Cámara Federal platense, que había considerado que "la gravedad de los delitos no alcanza para impedir el beneficio" de la prisión domiciliaria.

En este sentido, la fiscalía destacó que tiene "graves sospechas de que, desde su hogar, el imputado puede obstruir la averiguación de la verdad respecto de los casos de desaparición forzada de personas y, sobre todo, de la búsqueda de niños apropiados por los cuales se encuentra comprometida su responsabilidad penal".

Se rescataron además los argumentos que el juez federal Arnaldo Corazza utilizó para rechazar dos veces el beneficio de la domiciliaria solicitado por el represor.

En esas oportunidades, el magistrado sostuvo que "va más allá de lo tolerable que Etchecolatz purgue la condena que se le dictara dentro de la comodidad de un hogar", y agregó que eso "constituiría un evidente e insoportable privilegio respecto de otros condenados de pocos años menos de edad, que habiendo cometido delitos de menor gravedad y padecer una salud quebrantada sin llegar a un estado terminal, se ven impedidos de acceder al beneficio" del arresto domiciliario.

Siguiendo ese criterio, la fiscalía señaló que es preciso "evitar todo tipo de trato diferencial o privilegiado que, injustificadamente y según la persona del sujeto encarcelado, pueda vulnerar el principio de igualdad" ante la ley que fija la Constitución Nacional.

"Etchecolatz se encuentra en condiciones físicas y psicológicas de cumplir la condena impuesta en prisión, de acuerdo con el informe remitido por el Hospital Penitenciario II (de Devoto) —se indicó—. Más aún cuando el Servicio Penitenciario Federal cuenta con Hospitales intramuros y pabellones especiales para personas de más de 60 años".

La fiscalía agregó: "La permanencia del imputado en la mencionada Unidad no importaría un agravamiento de su salud distinto del que sufriría fuera de prisión, por el mero paso del tiempo".