LA PLATA.- Los organismos nucleados en "Justicia Ya en La Plata" pidieron a la Justicia la detención e indagatoria de 13 militares y policías, por su responsabilidad en las privaciones ilegales de la libertad y torturas ocurridas entre 1977 y 1978 en el centro clandestino de detención conocido como "Puesto Vasco".

Siete represores están imputados por la ejecución directa de los crímenes cometidos en ese lugar. El resto de los represores son funcionarios de alta jerarquía en la cadena de mandos de la Policía provincial durante la dictadura.

En un primer escrito, presentado hace pocos días ante el juez Arnaldo Corazza, "Justicia Ya" acusó a los ex policías Jorge Bergés, Norberto Cozzani, Eros Tarela, Eduardo Maire, Valentín Pretti, Darío Rojas y Alberto Rousse, como autores directos de los delitos de los que fueron víctimas más de 60 personas que estuvieron detenidas clandestinamente en "Puesto Vasco", en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes (sur del Gran Buenos Aires).

La inclusión de Pretti se debe a que en el momento de presentarse el escrito no se sabía públicamente que estaba fallecido. De hecho, ayer el juzgado de Corazza envió un oficio al Registro de las Personas para certificar el fallecimiento del represor.

Hoy, los organismos querellantes presentaron un segundo pedido de detención, esta vez para los militares y policías que, por su rango jerárquico dentro de la cadena de mandos de la Policía, también son considerados responsables de los delitos cometidos en el período en que cada represor ocupó su cargo al frente del aparato represivo policial.

Así, se imputó a los ex subjefes de la fuerza, los coroneles Reinaldo Tabernero y Rodolfo Aníbal Campos, y a los ex titulares de las tres direcciones generales de la Policía: Miguel Etchecolatz (ex director de Investigaciones), Rodolfo González Conti (ex director de Seguridad), Osvaldo De Baldrich y Alfredo Fernández (ex directores de Inteligencia).

En el escrito presentado hoy, los organismos indicaron que "Puesto Vasco formó parte del sistema de campos de concentración dependientes de la Jefatura de la Policía de la provincia de Buenos Aires, centros éstos que funcionaron, en algunos casos, bajo la Dirección General de Investigaciones, y en otros casos, bajo la Dirección General de Seguridad". Y a su vez, señalaron que las víctimas que pasaron por ese centro clandestino tenían legajos de espionaje en la Dirección de Inteligencia (DIPBA).

El espacio "Justicia Ya en La Plata" —que reúne a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales querellantes en las causas sobre terrorismo de Estado seguidas en nuestra ciudad— pidió las detenciones e indagatorias en el marco de la llamada causa Camps II, el expediente que continuó la investigación iniciada en la causa Camps en 1984, y que abarcó todas las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la órbita de la Jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires en la dictadura.

Entre los dos escritos presentados, los organismos aportaron a la Justicia más de 90 páginas de pruebas y argumentos sobre lo ocurrido en ese centro clandestino de detención.

Durante la investigación en esos dos expedientes en los '80, habían surgido numerosas imputaciones contra estos 13 represores, pero ambas causas quedaron paralizadas en 1987 por la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y todos los procesados y condenados quedaron libres. En 2004, luego de la nulidad legislativa de las leyes de impunidad, el juez Corazza ordenó la reapertura de estas causas y los represores tuvieron que volver a rendir cuentas ante la Justicia.

Los policías Miguel Etchecolatz, Norberto Cozzani y Jorge Bergés —que en 1986 ya habían sido condenados en la causa Camps por otros casos de violaciones a los derechos humanos— volvieron a la cárcel para cumplir esas condenas y responder por más delitos. Eros Tarela está procesado con prisión preventiva por su responsabilidad en casos de privación ilegal de la libertad y torturas. Y Etchecolatz, Reinaldo Tabernero, Rodolfo Campos y Rodolfo González Conti están procesados con prisión preventiva por los crímenes cometidos en otro centro clandestino de detención, la comisaría 5º de La Plata.

A los delitos por los que ya están siendo investigados, se agregan ahora los cometidos en "Puesto Vasco", un centro clandestino que funcionó en una división de Cuatrerismo en Don Bosco y que hasta ahora había sido poco investigado.

Para esto, los organismos nucleados en "Justicia Ya en La Plata" tuvieron que reconstruir, en base al cruce de decenas de testimonios, el paso de las más de 60 personas que sufrieron su cautiverio en esa dependencia policial. Entre ellas, estuvieron el periodista Jacobo Timerman, los empresarios Juan e Isidoro Graiver, el ex juez Ramón Miralles y su hijo Julio Miralles, y el periodista Osvaldo Papaleo.

"Todos ellos fueron sometidos a condiciones inhumanas de vida e interrogados mediante trato degradante", señalaron los organismos en el primero de los escritos presentados.

Uno de esas víctimas murió en una sesión de tortura: se trata del abogado Jorge Rubinstein, uno de los detenidos por el llamado "caso Graiver". Está acreditado que falleció en ese lugar el 4 de abril de 1977.

El comisario Darío Rojas ha sido señalado por los sobrevivientes como el jefe de "Puesto Vasco", y bajo sus órdenes actuaron los torturadores Valentín Pretti, Eros Tarela, Jorge Bergés, Eduardo Maire y Alberto Rousse. Este centro clandestino fue, además, parte de un circuito de campos de concentración integrado por el "Pozo de Quilmes", el "Pozo de Banfield", el COT1 de Martínez, el destacamento policial de Arana y la comisaría 60º de Monte Grande.