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Causas
penales contra genocidas
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10
de marzo de 2005
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El
represor Penna fue procesado con prisión preventiva y embargo
de un millón
Lo resolvió ayer
el juez Blanco, por considerar al ex jefe de la Brigada
de San Justo "prima facie" responsable de 18 casos
de privación ilegítima de la libertad y torturas. En su
indagatoria, Penna había querido atribuir a los militares
la responsabilidad por el centro clandestino. Actualmente
tiene arresto domiciliario.
Ver
además: Informes de la "Causa
Camps"
Por Vanina Wiman (Secretaría
de Prensa)

Penna,
cuando ingresó a Tribunales para declarar, el
viernes pasado. (Foto: F. Martínez) |
LA PLATA.- El represor de la
Brigada de San Justo Oscar Antonio Penna fue procesado ayer
en el marco de la llamada "causa Camps II", en la
que se lo investiga por su responsabilidad en al menos 18
casos de privación ilegal de la libertad y torturas. La resolución
establece además la prisión preventiva del ex jefe del centro
clandestino y un embargo de un millón de pesos.
El juez Manuel Humberto Blanco
(subrogando a Arnaldo Corazza, quien lleva adelante la investigación
en este expediente) consideró que "resulta fehaciente
el conocimiento que poseía Penna de los hechos ilícitos
que se producían en la dependencia policial que tenía a
su cargo y de los que participaba activamente el personal
policial de tal dependencia y que se hallaba bajo sus órdenes".
"La lógica y el sentido
común (...) me impiden considerar siquiera que cualquier
persona que trabajara en la Brigada de Investigaciones de
San Justo (...) pudiera no haber advertido que, al menos,
ocurrían allí hechos de distinta índole a la actividad policial
común", fundamentó el magistrado. Y añadió que Penna
"no sólo conocía la situación sino que aportaba una
participación dada la activa presencia del personal a su
cargo".
Así, el juez tuvo por comprobado
que el ex jefe del centro clandestino "ha impartido
órdenes verbales e ilegales" para cometer delitos y
que además "ha proporcionado a sus ejecutores directos
los medios necesarios para cumplirlas", por lo que
procesó a Penna como partícipe necesario en las violaciones
a los derechos humanos perpetradas en esa Brigada durante
el período en el que la comandó.
Según su legajo, el comisario
mayor retirado estuvo al frente de la dependencia entre
el 2 de febrero de 1978 y el 30 de marzo de 1978. Sin embargo,
en la "causa Camps" —el expediente de cuya sentencia
se desprendió la "causa Camps II"— consta un informe
de la Policía de la provincia de Buenos Aires, según el
cual Penna ocupó ese cargo durante un período más amplio:
del 21 de septiembre de 1977 al 27 de marzo de 1979. De
ser así, podrían imputársele más casos de privación ilegal
de la libertad y torturas, que se sumarían a los 18 que
se le atribuyen hasta ahora.
El represor había sido indagado
durante cinco horas el viernes pasado, y continuó declarando
extensamente el lunes. En esa oportunidad, quiso desligarse
de su responsabilidad al frente de la Brigada: dijo que
allí existía "un área restringida a cargo y con responsabilidad
exclusiva del Ejército, que operaba, algunos de uniforme,
otros de civil, con vehículos militares y otros no identificables
y cuando lo creían necesario requerían en auxilio de la
Policía".
En su resolución de ayer
el juez Blanco calificó esas manifestaciones de Penna como
"meros dichos exculpatorios tendientes a mejorar su
situación procesal", y consideró probada "la íntima
relación que existía entre el personal policial de la Brigada
de Investigaciones de San Justo y el de las fuerzas armadas
respecto de la comisión de los hechos ilícitos aquí investigados".
A pesar de la gravedad de
las imputaciones que pesan sobre Penna, el juez Corazza
accedió el viernes pasado al pedido del defensor Luis Galtieri
y le dictó el arresto domiciliario. El represor cumplió
70 años —la edad mínima para acceder a ese beneficio— hace
dos semanas.
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