Causas penales contra genocidas

10 de marzo de 2005


El represor Penna fue procesado con prisión preventiva y embargo de un millón
Lo resolvió ayer el juez Blanco, por considerar al ex jefe de la Brigada de San Justo "prima facie" responsable de 18 casos de privación ilegítima de la libertad y torturas. En su indagatoria, Penna había querido atribuir a los militares la responsabilidad por el centro clandestino. Actualmente tiene arresto domiciliario.

Ver además: Informes de la "Causa Camps"


Por Vanina Wiman (Secretaría de Prensa)



Penna, cuando ingresó a Tribunales para declarar, el viernes pasado. (Foto: F. Martínez)
LA PLATA.- El represor de la Brigada de San Justo Oscar Antonio Penna fue procesado ayer en el marco de la llamada "causa Camps II", en la que se lo investiga por su responsabilidad en al menos 18 casos de privación ilegal de la libertad y torturas. La resolución establece además la prisión preventiva del ex jefe del centro clandestino y un embargo de un millón de pesos. 

El juez Manuel Humberto Blanco (subrogando a Arnaldo Corazza, quien lleva adelante la investigación en este expediente) consideró que "resulta fehaciente el conocimiento que poseía Penna de los hechos ilícitos que se producían en la dependencia policial que tenía a su cargo y de los que participaba activamente el personal policial de tal dependencia y que se hallaba bajo sus órdenes". 

"La lógica y el sentido común (...) me impiden considerar siquiera que cualquier persona que trabajara en la Brigada de Investigaciones de San Justo (...) pudiera no haber advertido que, al menos, ocurrían allí hechos de distinta índole a la actividad policial común", fundamentó el magistrado. Y añadió que Penna "no sólo conocía la situación sino que aportaba una participación dada la activa presencia del personal a su cargo". 

Así, el juez tuvo por comprobado que el ex jefe del centro clandestino "ha impartido órdenes verbales e ilegales" para cometer delitos y que además "ha proporcionado a sus ejecutores directos los medios necesarios para cumplirlas", por lo que procesó a Penna como partícipe necesario en las violaciones a los derechos humanos perpetradas en esa Brigada durante el período en el que la comandó. 

Según su legajo, el comisario mayor retirado estuvo al frente de la dependencia entre el 2 de febrero de 1978 y el 30 de marzo de 1978. Sin embargo, en la "causa Camps" —el expediente de cuya sentencia se desprendió la "causa Camps II"— consta un informe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, según el cual Penna ocupó ese cargo durante un período más amplio: del 21 de septiembre de 1977 al 27 de marzo de 1979. De ser así, podrían imputársele más casos de privación ilegal de la libertad y torturas, que se sumarían a los 18 que se le atribuyen hasta ahora.  

El represor había sido indagado durante cinco horas el viernes pasado, y continuó declarando extensamente el lunes. En esa oportunidad, quiso desligarse de su responsabilidad al frente de la Brigada: dijo que allí existía "un área restringida a cargo y con responsabilidad exclusiva del Ejército, que operaba, algunos de uniforme, otros de civil, con vehículos militares y otros no identificables y cuando lo creían necesario requerían en auxilio de la Policía". 

En su resolución de ayer el juez Blanco calificó esas manifestaciones de Penna como "meros dichos exculpatorios tendientes a mejorar su situación procesal", y consideró probada "la íntima relación que existía entre el personal policial de la Brigada de Investigaciones de San Justo y el de las fuerzas armadas respecto de la comisión de los hechos ilícitos aquí investigados".

A pesar de la gravedad de las imputaciones que pesan sobre Penna, el juez Corazza accedió el viernes pasado al pedido del defensor Luis Galtieri y le dictó el arresto domiciliario. El represor cumplió 70 años —la edad mínima para acceder a ese beneficio— hace dos semanas.

 

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