Piden
que se amplíe la investigación a la represión previa al
golpe de 1976 Los
fiscales Molina y Dulau Dumm indicaron que existe conexidad
entre los crímenes ocurridos antes y después del golpe cívico-militar
del 24 de marzo del '76. Pidieron que se investigue desde
noviembre del '74, cuando el gobierno nacional decretó el
estado de sitio. Por Francisco
Martínez (Secretaría de Prensa)
LA PLATA.- Los fiscales Rodolfo
Molina y Carlos Dulau Dumm pidieron hoy a la Cámara Federal
que se amplíe la investigación del Juicio por la Verdad a
las violaciones a los Derechos Humanos cometidas antes del
24 de marzo de 1976, al entender que lo ocurrido en la dictadura
está ligado "inescindiblemente" a lo que pasó en
los meses previos.
Los fiscales pidieron que la investigación incluya los crímenes
cometidos desde el 6 de noviembre de 1974, fecha en que el
gobierno nacional de Isabel Perón instauró el estado de sitio
por decreto.
"A nadie escapa, por
los datos históricos existentes, que las Fuerzas Armadas
y de Seguridad, al igual que grupos paramilitares y parapoliciales,
ya actuaban con anterioridad al golpe de Estado del 24 de
marzo de 1976. Además, es evidente que el sistema clandestino
de represión se hallaba diseñado con anterioridad a esa
fecha", señalaron los representantes del ministerio
público, en un escrito presentado esta mañana ante la Secretaría
Única que acumula las causas del Juicio.
Molina y Dulau Dumm agregaron
que "de otra manera, no se entiende cómo el mismo 24
de marzo de 1976 ya funcionaban centros clandestinos de
detención, como el Cuerpo de Infantería de la Policía de
La Plata, la sede de la Prefectura Naval del Puerto La Plata,
la Escuela Naval de Río Santiago y el Destacamento Policial
de Arana".
Los fiscales establecieron
como límite el decreto 1368 de Isabel Perón, del 6 de noviembre
de 1974, "a través del cual el gobierno de origen constitucional
de ese entonces estableció el estado de sitio en todo el
territorio nacional".
Interpretaron que ese texto
estableció "un estado de excepción que constituyó el
marco propicio para la sanción de los decretos emanados
del Poder Ejecutivo Nacional, anteriores también a 1976,
que encomendaron a las fuerzas armadas la «aniquilación
de la subversión»".
Además, recordaron los casos
que la Cámara ha venido investigando en el Juicio por la
Verdad, "tales como las detenciones y/o secuestros
producidos, por ejemplo, en la Unidad N° 9 de esta ciudad,
en la Brigada Femenina de San Martín, en la Brigada de San
Justo, en la Unidad N° 8 de Lisandro Olmos y en la Brigada
Policial de Quilmes".
"El archivo de fichas
del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires
revela que existieron, antes de 1976, detenidos políticos
que, en algunos casos, fueron pasados al sistema clandestino
de represión con posterioridad al golpe de estado o que
permanecieron en unidades penales bajo regímenes de detención
violatorios de los Derechos Humanos", añadieron, entre
los fundamentos de la presentación.
Y recordaron también los
datos del archivo de la Dirección de Policía de la Provincia
de Buenos Aires (DIPBA), en los que consta la persecución
a los militantes políticos previa al golpe.
"Allí sale a la luz,
a partir del análisis de las fichas, que existieron seguimientos
por razones políticas u otras, que nada tienen que ver con
la función oficial que en aquel momento tenía asignada aquella
dirección, de personas que después fueron detenidas, perseguidas,
desaparecidas o asesinadas", explicaron.
La presentación de los fiscales
deberá ahora ser resuelta en planeario, por los nueve jueces
de la Cámara Federal.
El Juicio por la Verdad lleva
abiertas desde 1998 algo más de 2350 causas, en su mayoría
hábeas corpus presentados por los familiares de los desaparecidos
durante la dictadura, aunque también hay presentaciones
individuales de sobrevivientes y legajos de la Conadep que
revelan secuestros ocurridos con anterioridad al golpe de
Estado.