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APDH
La Plata en Ginebra |
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26
de noviembre de 2004
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El
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas preocupado por
la impunidad
El
organismo dio a conocer hoy sus conclusiones y
recomendaciones, luego de haber examinado el informe
presentado la semana pasada por el Estado argentino.
Ver
además:
Culminó
el informe de Argentina en Ginebra (17-11-04)
Argentina
rinde examen ante el Comité
contra la Tortura de Naciones Unidas (17-11-04)
Secretaría de Prensa
LA
PLATA.- El Comité
contra la Tortura concluyó hoy que el
Estado argentino debe tomar medidas enérgicas para eliminar
la impunidad de los presuntos responsables de actos de
tortura y malos tratos, realizar investigaciones prontas,
imparciales y exhaustivas, enjuiciar y condenar a los
autores con penas adecuadas e indemnizar a las víctimas.
El
documento destacó, en la primera parte, los avances
producidos en la materia: la declaración de nulidad
absoluta de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la
consecuente apertura de causas judiciales y la derogación
del decreto que impedía las extradiciones por crímenes de
lesa humanidad, así como también la ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Seguidamente,
el Comité manifestó su preocupación por los numerosos
casos de tortura cometidos de manera generalizada y habitual
por los cuerpos de seguridad del Estado, la escasez de
sentencias condenatorias y las mínimas condenas dictadas en
dichas causas, en gran medida debido a la práctica judicial
de aplicar la calificación de apremios ilegales cuando
corresponde condenar por torturas.
En
este punto, el Comité recomendó capacitar a los
funcionarios judiciales, mejorar la calidad y capacitación
de las fuerzas de seguridad y garantizar que la Convención
contra la Tortura sea aplicada de manera uniforme en todo el
territorio nacional.
La
detención de niños y adolescentes en comisarías también
fue considerada, requiriéndose no sólo la prohibición de
su alojamiento en dependencias policiales, sino también que
se prohíba la detención de menores por causas
asistenciales en todo el país.
El
Comité se refirió también al hacinamiento y las malas
condiciones materiales que prevalecen en las cárceles —en
particular, la falta de higiene, de alimentación adecuada y
de cuidados médicos apropiados— advirtiendo que esa
situación puede calificarse como trato inhumano y
degradante. Formuló una recomendación expresa para que la
prisión preventiva se aplique sólo como medida
excepcional. Con relación a las prisiones hubo una especial
referencia a las requisas personales, como las que se
realizan a las visitas, para que respeten plenamente la
dignidad y los derechos humanos de todas las personas.
La
adecuada prevención de la tortura requiere de información
suficiente y sistematizada, cuya ausencia fue un punto
destacado en el informe argentino. Es por ello que el Comité
requirió al Estado que en su próximo informe presente
estadísticas sobre las denuncias por actos de tortura y
otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes
cometidos por agentes estatales, así como sobre las
eventuales investigaciones y sanciones.
La
fecha límite para la presentación del próximo informe es
el 25 de junio de 2008, pero en un año el Estado argentino
deberá presentar información parcial sobre algunos de los
aspectos contenidos en el documento dado a conocer hoy.
Marta
Vedio, secretaria Jurídica de la APDH La Plata —quien
viajó a Ginebra (Suiza) invitada por la ONU para asistir a
la presentación del informe argentino ante el Comité la
semana pasada—, opinó que las conclusiones y
recomendaciones del organismo "recogen
los problemas más graves y urgentes que la tortura
representa en Argentina como práctica sistemática, no sólo
porque en comisarías y cárceles se somete a los detenidos
a golpes, picana, submarino seco, sino también por las múltiples
formas de crueldad de que los agentes del Estado disponen
para convertir su supuesta función de prevención en un
sistema de disciplinamiento y represión social".
"Urge
que los tres poderes del estado, tanto nacional como
provinciales, pongan en práctica las recomendaciones
inmediatamente y practiquen las reformas estructurales
imprescindibles para terminar con estas gravísimas
violaciones a los derechos humanos", agregó.
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