APDH La Plata en Ginebra

26 de noviembre de 2004


El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas preocupado por la impunidad
El organismo dio a conocer hoy sus conclusiones y recomendaciones, luego de haber examinado el informe presentado la semana pasada por el Estado argentino.

Ver además:
Culminó el informe de Argentina en Ginebra (17-11-04)

Argentina rinde examen ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (17-11-04)

Secretaría de Prensa


LA PLATA.- El Comité contra la Tortura concluyó hoy que el Estado argentino debe tomar medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos, realizar investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas, enjuiciar y condenar a los autores con penas adecuadas e indemnizar a las víctimas.

El documento destacó, en la primera parte, los avances producidos en la materia: la declaración de nulidad absoluta de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la consecuente apertura de causas judiciales y la derogación del decreto que impedía las extradiciones por crímenes de lesa humanidad, así como también la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Seguidamente, el Comité manifestó su preocupación por los numerosos casos de tortura cometidos de manera generalizada y habitual por los cuerpos de seguridad del Estado, la escasez de sentencias condenatorias y las mínimas condenas dictadas en dichas causas, en gran medida debido a la práctica judicial de aplicar la calificación de apremios ilegales cuando corresponde condenar por torturas.

En este punto, el Comité recomendó capacitar a los funcionarios judiciales, mejorar la calidad y capacitación de las fuerzas de seguridad y garantizar que la Convención contra la Tortura sea aplicada de manera uniforme en todo el territorio nacional.

La detención de niños y adolescentes en comisarías también fue considerada, requiriéndose no sólo la prohibición de su alojamiento en dependencias policiales, sino también que se prohíba la detención de menores por causas asistenciales en todo el país.

El Comité se refirió también al hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en las cárceles —en particular, la falta de higiene, de alimentación adecuada y de cuidados médicos apropiados— advirtiendo que esa situación puede calificarse como trato inhumano y degradante. Formuló una recomendación expresa para que la prisión preventiva se aplique sólo como medida excepcional. Con relación a las prisiones hubo una especial referencia a las requisas personales, como las que se realizan a las visitas, para que respeten plenamente la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.

La adecuada prevención de la tortura requiere de información suficiente y sistematizada, cuya ausencia fue un punto destacado en el informe argentino. Es por ello que el Comité requirió al Estado que en su próximo informe presente estadísticas sobre las denuncias por actos de tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes estatales, así como sobre las eventuales investigaciones y sanciones.

La fecha límite para la presentación del próximo informe es el 25 de junio de 2008, pero en un año el Estado argentino deberá presentar información parcial sobre algunos de los aspectos contenidos en el documento dado a conocer hoy.

Marta Vedio, secretaria Jurídica de la APDH La Plata —quien viajó a Ginebra (Suiza) invitada por la ONU para asistir a la presentación del informe argentino ante el Comité la semana pasada—, opinó que las conclusiones y recomendaciones del organismo "recogen los problemas más graves y urgentes que la tortura representa en Argentina como práctica sistemática, no sólo porque en comisarías y cárceles se somete a los detenidos a golpes, picana, submarino seco, sino también por las múltiples formas de crueldad de que los agentes del Estado disponen para convertir su supuesta función de prevención en un sistema de disciplinamiento y represión social". 

"Urge que los tres poderes del estado, tanto nacional como provinciales, pongan en práctica las recomendaciones inmediatamente y practiquen las reformas estructurales imprescindibles para terminar con estas gravísimas violaciones a los derechos humanos", agregó.

Ir arriba