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25 de marzo de 2004 - A

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Juicio oral a dos genocidas

Alegatos: los abogados querellantes
pidieron quince años de cárcel
Tanto la APDH La Plata como Abuelas de Plaza de Mayo coincidieron en la pena solicitada para los represores Bergés y Etchecolatz. Los fiscales pidieron 10 años. Se demora el dictado de la sentencia.

Ver más: Caso Sanz - Por dentro

Por Francisco Martínez (Secretaría de Prensa)



Percow, de la APDH La Plata: dijo que Bergés y Etchecolatz fueron co-autores de supresión de identidad, falsificación de documento público y retención y ocultamiento de una menor, "en concurso ideal con el delito de traición a la patria". (Foto: F. Martínez)


Alonso Morales, de Abuelas: "Una característica de Bergés fue la gran cantidad de embarazadas y partos que atendió. (...) Esas embarazadas eran controladas por sus compañeros de cautiverio y por el propio Bergés". (Foto: F. Martínez)

LA PLATA (25mar04).- Los abogados de la querella contra los represores Jorge Bergés y Miguel Etchecolatz pidieron hoy al Tribunal Oral Federal la pena de 15 años de prisión para los genocidas, en el juicio que se les sigue por el caso de Carmen Sanz, nacida en el cautiverio de su madre durante la última dictadura cívico-militar.

Los letrados Javier Percow (APDH La Plata), María Ester Alonso Morales y Ramón Torres Molina (Abuelas de Plaza de Mayo) encontraron a los acusados autores de los delitos de supresión de identidad, falsificación de documento público y retención y ocultamiento de una menor de 10 años (artículo 146), este último considerado más grave por el Código Penal. 

En tanto, los fiscales Hugo Cañón y Carlos Dulau Dumm solicitaron 10 años de reclusión para los imputados, sin incluir el artículo 146 en el encuadre legal.

Por su parte, la defensora de Bergés, Laura Inés Díaz, tras de un alegato de dos horas, solicitó la absolución de su defendido, volvió a plentear la nulidad del ADN y agregó la prescipción de la acción penal.

De esta manera, la jornada de alegatos se prolongó más de lo previsto. A las 18.30 se estaba en un cuarto intermedio a la espera todavía del alegato del defensor de Etchecolatz, Adolfo Casabal Elía. En Tribunales se especulaba con que los jueces Nelson Jarazo, Carlos Rozanski y Ana Aparicio no den hoy a conocer la sentencia y posterguen la resolución del juicio para otro día. Otra posibilidad es que se dé a conocer sólo el veredicto (pena) y que los fundamentos de la sentencia pasen para más adelante.

La audiencia de hoy comenzó a las 11 de la mañana y el primero en exponer sus argumentos fue Percow. El abogado sorprendió con un alegato de reminiscencias  cinematográficas, describiendo el "caso Sanz" —y por tanto la vida de la hija de desaparecidos— por escenas.  

"Primera escena, primera toma, primer cuadro. Una pareja joven. Marzo de 1978. Una beba entre sus brazos (...)  Sobre el lateral derecho de la toma, una mancha vaga y borrosa", comenzó el abogado.

Continuó así: "Segundo cuadro. La escena no varía, sólo pasa el tiempo. María de las Mercedes (Carmen Sanz) es una adolescente. Sobre el lateral izquierdo hasta ahora vacío aparecen Clara Petrakos (la joven que acompañó a Carmen a realizarse el análisis de ADN), Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI. A la derecha, a una figura con guardapolvo se le distinguen ojos grandes y bigotes espesos".

El tercer cuadro estaba compuesto por un "grupo confuso de abrazos y emociones, integrado por la familia biológica de Carmen: los Sanz-Fernández y los Gallo-Castro". A la izquierda, estaban el Banco Nacional de Datos Géneticos; su directora, Ana Di Lonardo y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.  "A la derecha, los hombres tienen nombres: Bergés, Etchecolatz, Camps, Suárez Mason y la Junta".

"Cuarto y último cuadro. Una mujer uruguaya: Aida Sanz Fernández. Una beba sobre sus pechos: Carmen. Unas manos ladronas que la separan. Un grito. Un aullido que aún retumba. Silencio", completó Percow.

El abogado entendió que tanto Bergés como Etchecolatz eran co-autores de los delitos endilgados, "todos ellos en concurso ideal con el delito de traición a la patria, artículo 29 de la Constitución Nacional, por macular la vida, el honor y la fortuna de los argentinos en el marco del ejercicio absoluto, supremio y arbitrario del poder que nuestra Carta Magna califica como aberrantes".

Seguidamente desarrolló los hechos que vinculan a los acusados con estos delitos.  

De Etchecolatz, dijo que está probado que era el Director de Investigaciones de la Policía en esa época; que por esto era un inmediato subordinado del coronel Camps; y que ejercía un control efectivo sobre las Brigadas de Investigaciones.

Interrupciones

El abogado Percow se quejó cuando el Tribunal interrumpió su alegato por segunda vez, tras un pedido del abogado de Etchecolatz, Adolfo Casabal Elía, quien interpretaba que el representante de la APDH La Plata estaba leyendo su exposición. "No leo, el alegato es un bloque. Siento como agraviante la interrupción del alegato en dos oportunidades", dijo con tono enfático. Tras esta queja, Percow pudo terminar sin ser interrumpido.

Casabal Elía no se quedó conforme. Luego de un cuarto intermedio, pidió que se incorporen los "machetes" de Percow al expediente, dado que según él debían formar parte por haber sido leídos. "Que se agreguen los papeles, que pudieron haber sido cambiados (durante el intermedio)", pidió el letrado, desatando la risa en el público.

También señaló que el represor designó a personal subalterno para participar en secuestros de personas, y que fue considerado autor mediato de las torturas a Aída Sanz en la sentencia de la "causa Camps", dictada por la Cámara Federal de Buenos Aires.

De Bergés, Percow remarcó que era el subordinado de Etchecolatz; que tenía acceso libre a los centros clandestinos de detención; y que era el único médico obstetra de la Dirección de Investigaciones.

Y subrayó que el represor "tenía mando y autoridad sobre la tropa con mayor rango que él".

El abogado recordó durante su alegato los "más de 18.000 hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos durante la dictadura y las más de 1500 rondas de las Madres en la Plaza de Mayo".  

"No hallo eximentes ni atenuantes", declaró Percow a la hora de pedir 15 años de prisión para los genocidas. Y remarcó también los agravantes: la naturaleza de los hechos, la "maldad" en las voluntades de los genocidas y su "ausencia de arrepentimiento".

En el momento en que finalizaba su alegato, en la sala de audiencias comenzaron a escucharse los bombos de la Mesa de Escrache Popular que empezó su protesta en la esquina de 8 y 50. 

Alegato de Abuelas

El alegato de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo lo comenzó la abogada Alonso Morales. "Voy a usar una guía —solicitó— porque son 27 años de lucha, muchos nombres, muchas mujeres embarazadas y muchos niños secuestrados".

Alonso repasó la situación de los imputados y la de esta zona de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. "Tenemos como absolutamente probado que hubo un circuito represivo en la Provincia a cargo de Camps y Etchecolatz. No era un sistema cerrado, había intercambio de prisioneros y de guardias", señaló.

La abogada refutó los dichos de Etchecolatz del jueves pasado, cuando habló de una "lucha contra la subversión". "Lo que sucedió fue un plan de exterminio", replicó.

Etchecolatz, en el baño y apologético

El represor Etchecolatz estuvo ausente en gran parte de los alegatos. Se fue al baño durante la exposición de Alonso Morales, que comenzó pasadas las 12 y no volvió hasta las 13.50, cuando después de un cuarto intermedio estaba alegando el fiscal Dulau Dumm. 

También estuvo entretenido durante la audiencia: se la pasó leyendo su libro apologético de los crímenes, titulado "La otra campana del Nunca Más", que exhibiera impunemente en un recordado programa de "Hora Clave" en el que injurió al hoy fallecido diputado Alfredo Bravo. 

Añadió que las Brigadas de Quilmes y de Banfield, por donde pasó Aida Sanz durante su cautiverio, fueron sedes del Plan Cóndor. Y agregó que allí operaban policías de la Provincia, desempeñando sus tareas, al punto que "los guardias decían que eran policías y contaban incluso que usaban la credencial para viajar gratis en el autobús".

"Una característica de Bergés fue la gran cantidad de embarazadas y partos que atendió. (...) Esas embarazadas eran controladas por sus compañeros de cautiverio y por el propio Bergés", reseñó Alonso.

Y agregó: "Esposadas a una camilla, sin asepsia, las mujeres daban a luz insultadas por Bergés y los guardias".

Alonso repasó también la historia de Aida Sanz y de su pareja, Eduardo Gallo Castro. Dijo que Aida vino a la Argentina en 1974 y que ambos se conocieron en este país. "Aquí los esperaba la internacional del horror", afirmó.

La abogada dijo que en su cautiverio "Aida dijo ser plenamente consciente de que había perdido a su hija", luego de que ésta naciera en el "Pozo de Banfield".

También solicitó la nulidad de la inscripción en el Registro Civil de la hija de Aida como "María de las Mercedes", y que se ordene la inscripción como "Carmen Gallo Sanz". "Esto será no sólo un acto de reparación para ella, para sus padres y para su abuela desaparecidos. También lo será para la sociedad". 

Por su parte, Ramón Torres Molina se encargó de encuadrar el juzgamiento de Bergés y Etchecolatz en el marco jurídico de persecución de los crímenes de lesa humanidad. 

Además, habló de la desaparición de niños y menores en la Argentina.  "Abuelas de Plaza de Mayo tiene registrados 235 casos, excluyendo los que tiene la CONADI. 64 corresponden a niños ya nacidos y 162 a nacidos en cautiverio", reseñó.

Torres Molina calificó de "tremenda y terrible filosofía" la explicación dada por los genocidas para justificar el robo de bebés: que los padres educan a sus hijos "en la subversión y en el odio a las Fuerzas Armadas". Citó aquí al coronel Camps y a las entrevistas dadas el año pasado por ex jerarcas de la dictadura a la TV fracesa.

"Es evidente —dijo, más adelante— que los autores de estos delitos jamás imaginaron que (en el futuro) se podría identificar a los niños".

A la hora de exigir la pena, Torres Molina también pidió 15 años para Bergés y Etchecolatz. Tampoco encontró atenuantes ni eximentes, y citó como agravantes el hecho de ser policías, agregó la condición de Bergés como médico y la reticencia de ambos a brindar  información sobre los desaparecidos.

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