En el inicio, rechazan planteos
de la defensa de Bergés
Comenzó el juicio histórico contra el médico policial y su superior, Miguel Etchecolatz. La defensora de Bergés planteó nulidades que fueron rechazadas por el Tribunal. Etchecolatz, en tanto, suspendió abruptamente su declaración.

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Por Francisco Martínez (Secretaría de Prensa)

Los jueces Carlos Rozanski, Nelson Jarazo y Ana Aparicio, integrantes del Tribunal que juzga a los represores. (Foto: FM)

Etchecolatz está siendo juzgado por su responsabilidad como Director de Investigaciones de la Policía. (Foto: FM)

Bergés, en silla de ruedas. Es quien firmó la falsa constatación de nacimiento de Carmen Sanz. (Foto: FM)

LA PLATA.- La justicia federal de La Plata comenzó a juzgar esta mañana a los represores Jorge Antonio Bergés y Miguel Osvaldo Etchecolatz por el caso de la joven Carmen Sanz, nacida en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar.

Durante la tarde, el Tribunal Oral Federal N° 1 tomaba declaración indagatoria a Etchecolatz, en la que el represor se defendió de las acusaciones y deslindó responsabilidades hacia el Ejército. La indagatoria terminó abruptamente cuando el ex Director de Investigaciones de la Policía se cansó de responder preguntas (se ampliará en el próximo informe).

Ante una gran asistencia de público y periodistas, la audiencia se abrió a las 10.30, una hora y media después de lo previsto. En la sala del 1° piso de los tribunales federales de 8 y 50 estaban por primera vez en la historia dos de los máximos represores de esta región: Jorge Antonio Bergés, en silla de ruedas y vestido con un sweater azul y un pantalón negro; y Miguel Osvaldo Etchecolatz, con traje gris, camisa blanca y un provocador pin con la bandera argentina en la solapa.

Los ex policías están siendo juzgados por la sustitución de identidad de Carmen Sanz, hija de los desaparecidos uruguayos Aída Sanz y Eduardo Gallo Castro, nacida en el "Pozo de Bánfield" a fines de 1977 y entregada a una familia a la que no pertenecía.

En esta primera jornada —el juicio continúa el próximo lunes— los jueces Nelson Jarazo, Carlos Rozansky y Ana Aparicio rechazaron una solicitud de la defensora de Bergés, Laura Inés Díaz, quien planteó dos nulidades: que se retire la acusación de la APDH La Plata y Abuelas por la sustracción, retención y ocultación de la menor y la "nulidad absoluta" del estudio de ADN.

Díaz señaló que a su entender "Bergés fue indagado, procesado y absuelto por estos hechos en la causa 44", también conocida como "causa Camps".

A este planteo respondió, a su turno, el abogado de la APDH La Plata Javier Percow: "A Bergés sólo se lo absolvió por la sustracción (el art. 146 del Código habla de "sustracción, retención y ocultación") pero ni siquiera había hecho ilícito de qué acusarlo. Porque no estaba probada entonces la sustracción. Nadie sabía el destino de Carmen Sanz". El letrado agregó que la constatación de que Carmen Sanz fue ocultada se realizó recién en 1999, cuando se descubrió su verdadera identidad.

La defensora Díaz también planteó la nulidad del análisis de ADN que determinó que Carmen tenía un "99,999949%" de no exclusión a la familia Gallo-Sanz. Este planteo ya lo había hecho Bergés en varias oportunidades durante la instrucción, solicitando un nuevo análisis que incluso la Cámara Federal ordenó, pero no se pudo hacer por no encontrarse a los familiares de la joven en Uruguay y Estados Unidos.

El fiscal Carlos Dulau Dumm fue uno de los que contestó sobre este punto: "La pericia de ADN está confirmada. Este pedido (el de Díaz) se presenta en forma extemporánea".

También Percow se mostró sorprendido porque "la defensora ahora cambia los argumentos" y señaló que, en todo caso, la cuestión debe "debatirse con la presencia de los peritos".

Ramón Torres Molina, de Abuelas de Plaza de Mayo, también rechazó el planteo argumentando que en el momento de realizarse el análisis "no había control de las partes ni de un juez (este fue uno de los puntos que marcó la defensora) porque hasta ese momento no había delito". Es decir, fue a partir del examen que se conoció la existencia del delito.

En tanto, el abogado de Etchecolatz, Adolfo Casabal Elía, se atrevió a cuestionar la representatividad de los organismos de Derechos Humanos para ser querellantes en el juicio. "Estas organizaciones no están particularmente ofendidas de delito alguno. Pido que se las separe del rol querellante", expresó.

Casabal Elía tomó la defensa del represor hace menos de un mes. La cuestión de la representatividad de la APDH La Plata fue definida en mayo de 2001, cuando el juez Corazza entendió que este organismo podía representar a las víctimas y a la sociedad.

El fiscal Hugo Cañon fue uno de los que le contestó. Dijo que los organismos tienen una "legítima representación". Percow aportó lo suyo: "Si esta presencia lo angustia, creo que ha precluido (vencido) el derecho de reclamar".

Por su parte, Torres Molina argumentó que en otras causas judiciales han sido tomados como parte otros organismos, como la DAIA, el CELS, ARGRA, el Centro Simón Wiesenthal y hasta la República de Chile, en el caso del asesinato de Carlos Prats.

Todos estos planteos de la defensa de los represores fueron rechazados por el Tribunal, que resolvió tras un cuarto intermedio. En lo referente al artículo 146, los jueces dijeron que "la calificación del delito se resolverá en el momento de la sentencia". Lo mismo dijeron respecto de la valoración del estudio de ADN.

En tanto, sobre la impugnación a los organismos de Derechos Humanos, el Tribunal entendió que el pedido era "extemporáneo"

Lectura de la causa

Durante la mañana, el juicio comenzó con con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio oral, en los que el fiscal y las partes expusieron al juez que instruyó la causa las cuestiones que entendían debían ser remitidas y consideradas por el Tribunal Oral.

En primer lugar se leyó el requerimiento del fiscal Carlos Dulau Dumm, que expresó que "inmediatamente después del parto de Aida Sanz, la niña fue sustraída de su madre y anotada bajo un nombre falso". El acta de nacimiento que prueba ese delito está firmada por Bergés, y es uno de los documentos claves de este juicio.

El representante del ministerio público consideró probada en la instrucción la "supresión de identidad agravada" de la joven y estableció a Bergés como responsable directo y a Etchecolatz en la autoría mediata, "en relación al mando y autoridad" que ejercía sobre sus subordinados. Haciendo alusión a la declaración indagatoria del ex Director de Investigaciones de la Policía, Dulau Dumm señaló que "resulta inadmisible la excusa del desconocimiento del hecho".

Seguidamente se dio lectura al requerimiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata. Este organismo, representado por los abogados Oscar Rodríguez y Javier Percow, repasó los testimonios vertidos en la instrucción e indicó que "las conductas de las que fue víctima la menor Carmen Sanz constituyen una categoría de ilícitos que repugnan a la conciencia universal".

La APDH La Plata agregó otros delitos en la acusación, que pueden llevar a los represores a pugnar una condena más grave: los de sustracción, ocultación y retención de la menor, previsto en el artículo 146 del Código Penal. Esta cuestión provocó que la defensora oficial de Bergés, Laura Inés Díaz, hiciera un planteo que derivaría en el primer debate del Juicio (ver más adelante).

El requerimiento de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo no fue leído por pedido del defensor de Etchecolatz, Adolfo Casabal Elía. El abogado Torres Molina, acompañado por la letrada María Ester Alonso Morales, aceptó la omisión. Pero indicó —y así lo hizo el Tribunal— que se leyera sólo la parte en la que Abuelas pide la nulidad de la partida de nacimiento falsa de Carmen Sanz, quien fuera anotada con el nombre de María de las Mercedes. "Todo niño tiene derecho a un nombre, es la primer palabra que aprende", dijo el organismo, al solicitar que se cambie legalmente la filiación de la hija de desaparecidos.

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