Culminó el informe de 
Argentina en Ginebra
La delegación argentina reconoció la existencia de situaciones que facilitan la tortura. Y que las demandas sobre seguridad pública influyeron en la reforma a los códigos procesales, que llevaron al hacinamiento de los detenidos. La semana próxima se conocerán las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Por Marta Vedio  (desde SUIZA)

GINEBRA, Suiza.- La delegación argentina que informó ante las Naciones Unidas sobre la vigencia de los Derechos Humanos en el país reconoció hoy la existencia de situaciones que facilitan la tortura como sistema, particularmente a las personas privadas de su libertad, en respuesta a las preguntas formuladas ayer por los miembros del Comité contra la Tortura. También destacó el rol de los Juicios por la Verdad en el aporte de información sobre desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Las facultades policiales para detener personas, como la famosa y repudiada detención en averiguación de antecedentes vigente en la provincia de Buenos Aires, son el caldo de cultivo para los abusos policiales. Si bien los períodos de detención se han acortado, las horas que el detenido permanece a merced de las distintas policías, carente de protección judicial, constituyen un problema serio que distancia a la República Argentina de los estándares vigentes en el ámbito internacional.

Lo mismo ocurre con la vigencia del principio según el cual “toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario”.

Los representantes del estado argentino reconocieron hoy ante las Naciones Unidas que lo que denominaron “nuevas demandas sobre seguridad” (cuyos máximos referentes son Carlos Ruckauf, Jorge Casanovas y Juan Carlos Blumberg) influyeron sobre las reformas en los sistemas procesales, incrementando así la cantidad de personas detenidas y el consiguiente hacinamiento en las cárceles, situación que coloca al país fuera de las normas internacionales y que, según observadores independientes, merecerá una observación expresa del Comité.

Rodolfo Matarollo, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos y presidente de la delegación argentina, hizo referencia a las tensiones que crean las diferencias entre las legislaciones nacionales y provinciales, proponiendo un camino de solución mediante el proyecto de ley que intenta remitir todos los casos de tortura a la justicia federal. Propuso también que el hasta hoy imperceptible Consejo Federal de Derechos Humanos deje su existencia formal y pase a ser un instrumento de coordinación y de orientación de políticas.

Otros funcionarios brindaron explicaciones sobre la situación de refugiados y asilados, así como sobre el rol de los médicos del servicio penitenciario, cuya dependencia jerárquica lesiona seriamente su independencia a la hora de elaborar sus informes luego de examinar a un preso que ha sido torturado.

El Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Remo Carlotto, aseguró que a partir de las últimas resoluciones adoptadas por el Ministerio de Seguridad, en diez días ya no habrá chicos presos en las comisarías.

Respecto al uso de la fuerza para el control de la protesta social, Matarollo destacó la actitud tolerante del gobierno e hizo referencia a las críticas de grandes medios de comunicación, que acusan al gobierno de excesiva permisividad. Recalcó el rol de la Secretaría en la mediación de conflictos, en particular con relación a las fábricas recuperadas.

En relación con las consecuencias de los crímenes cometidos por la última dictadura militar, Matarollo destacó la importancia de los juicios por la verdad, que permitieron ampliar los registros de la CONADEP que en 1984 constaban de 8960 desaparecidos y hoy llegan a 13.500.

Mayores fueron las dificultades al tener que responder sobre algunos casos concretos. La delegación ignoró una pregunta del experto Claudio Grossman sobre las amenazas a la dirigente de las mujeres meretrices Sandra Cabrera, quien fue asesinada en enero de este año en Santa Fe luego de denunciar el acoso policial. Más satisfactoria fue la respuesta respecto al penal de Mendoza, donde varios internos han muerto durante el corriente año. En este punto se rindió un amplio informe sobre el programa de colaboración del gobierno nacional con el provincial.

El informe del gobierno argentino fue muy completo, ya que contestó a la mayor parte de las cuestiones planteadas por el Comité. Sin embargo, muchas de las respuestas no han sido satisfactorias y será el Comité quien evaluará la semana próxima cuál es la distancia entre la realidad y los compromisos adoptados por el país.

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