17 de marzo de 2004


Juicio oral a dos genocidas

Bergés y Etchecolatz serán indagados en la primera jornada
Los dos represores comenzarán a ser juzgados mañana por la sustitución de la identidad de una hija de desaparecidos nacida en cautiverio. Es el primer juicio oral en La Plata a genocidas de la dictadura.

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Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)


LA PLATA.- El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata indagará mañana a los represores Jorge Antonio Bergés y Miguel Osvaldo Etchecolatz en la primera jornada del juicio por la sustitución de la identidad y la falsificación de los documentos de la joven hija de desaparecidos Carmen Sanz, nacida en cautiverio durante la última dictadura cívico militar.

La expectativa en las organizaciones de Derechos Humanos es enorme, dado que este juicio es considerado histórico: será la primera vez que se juzgue a represores de la dictadura en los tribunales federales de La Plata.

El Tribunal, integrado por los jueces Nelson Javier Jarazo (presidente), Carlos Rozanski y Ana Beatriz Aparicio, dispuso que mañana, a partir de las 9.00, se lleve a cabo la lectura de las pruebas que obran en la causa y sean indagados los dos represores.

En tanto, el próximo lunes 22 declararán los testigos y el jueves 25 las partes realizarán el alegato y el Tribunal dictará sentencia.

En la querella estarán la APDH La Plata, representada por los penalistas Oscar Rodríguez y Javier Percow, y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en cuya representación estarán los letrados María Ester Alonso Morales y Ramón Torres Molina.

Bergés estará representado por la defensora pública, Laura Inés Díaz. Etchecolatz, por su parte, designó al abogado Adolfo Casabal Elía.

Se espera que mañana haya un gran despliegue de seguridad en tribunales por parte de la Policía Federal. Los jueces dispusieron que el ingreso a la sala de audiencias se realice exhibiendo el DNI y solicitaron a las organizaciones de Derechos Humanos que presenten un listado de hasta seis personas con dos suplentes con el correspondiente número de documento. Los periodistas, en tanto, deberán acreditarse.

El juicio se llevará a cabo en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales federales de la calle 8, entre 50 y 51, donde se realiza semanalmente el Juicio por la Verdad.

El caso

El 23 de diciembre de 1977 la uruguaya Aída Sanz fue secuestrada junto a su madre, María Elsa Fernández, en su domicilio de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, Eduardo Gallo Castro, esposo de Aída, fue detenido ilegalmente en Laferrere.

Según fue probado en la causa Camps, Aída pasó por los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Comando de Operaciones Tácticas N°1 de Martínez y las brigadas ("Pozos") de Quilmes y Banfield. En este último lugar, dio a luz a Carmen el 27 de diciembre de 1977. Los sobrevivientes que declararon en la causa refirieron que el parto se produjo en medio de las torturas con picana. También dijeron que la niña fue sustraída inmediatamente de las manos de su madre.

Aída Sanz, Eduardo Gallo Castro y María Elsa Fernández permanecen desaparecidos. La niña fue entregada por Bergés a un matrimonio sin vínculos con la represión ilegal, que fue sobreseído por el juez federal Arnaldo Corazza.

Bergés falsificó el certificado de nacimiento de Carmen Sanz, a quien anotó como María de las Mercedes a nombre del matrimonio apropiador.

Ya en democracia, Clara Petrakos, una joven hija de desaparecidos que buscaba a suhermana nacida en cautiverio, encontró a María de las Mercedes. Petrakos le contó sobre su búsqueda y sus sospechas de que pudiera ser su hermana.

Mercedes concurrió voluntariamente en 1999 al Banco Nacional de Datos Genéticos a realizarse un examen ADN. Los datos fueron cruzados con las muestras hemáticas de familiares de desaparecidos y hubo una coincidencia: el examen arrojó un "99,99949% de no exclusión" con la familia Sanz-Gallo.

La causa judicial por la búsqueda de Carmen Sanz se inició en 1999 en el juzgado porteño de María Romilda Servini de Cubría, por una denuncia de la Asociación de Cristianos por la Abolición de la Tortura, de Francia, un organismo que colabora con Abuelas. Por cuestiones de competencia, el expediente llegó a manos del juez federal platense Arnaldo Corazza, quien el 5 de abril de 2001 detuvo a Bergés y, al día siguiente, a Etchecolatz. El 23 de ese mismo mes les decretó la prisión preventiva y un embargo de un millón de pesos.

Desde entonces, los dos represores están presos. A Bergés se le imputa la autoría inmediata en los delitos de supresión de identidad y falsificación de los documentos destinados a acreditar la identidad, en tanto que a Etchecolatz, en razón de haber sido el jefe directo del ex médico, se le imputa la autoría mediata del primero de esos delitos.

APDH La Plata irá por más: los abogados Percow y Rodríguez plantearán también que a los dos les cabe la responsabilidad en el ocultamiento y retención de la niña, delitos penados por el artículo 146 del Código Penal, que son reprimidos con hasta 15 años de prisión.

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