Caso Sanz: la Fiscalía pidió las indagatorias de Bergés y Etchecolatz en una nueva causa
El fiscal federal Sergio Franco presentó ayer ante el juez Blanco el requerimiento de instrucción en el expediente abierto a raíz del juicio oral que condenó a los represores en marzo. Es por la retención, ocultamiento y torturas de Carmen Sanz, nacida en cautiverio.

Ver además: Informes de Prensa de la Causa Sanz

Por Vanina Wiman  (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- El fiscal federal Sergio Franco pidió ayer al juez Humberto Blanco las declaraciones indagatorias de Jorge Antonio Bergés y Miguel Osvaldo Etchecolatz, por la retención, ocultamiento y torturas de Carmen Sanz, nacida en cautiverio durante la última dictadura. Es en el marco de una causa derivada del juicio oral en el que, en marzo de este año, ambos represores fueron juzgados y condenados por la supresión de identidad de la joven.

A partir de un pedido de las partes querellantes en aquel proceso —la APDH La Plata y Abuelas de Plaza de Mayo—, el Tribunal Oral Federal Nº 1 ordenó que se investigue la responsabilidad de Bergés y Etchecolatz en los delitos que no fueron incluidos en esa causa, pero que quedaron acreditados a partir de la prueba recolectada: por un lado, la retención y ocultamiento de Carmen Sanz, y por otro, las torturas que sufrió la joven estando en el vientre de su madre mientras ésta era sometida a tormentos.

En el requerimiento de instrucción presentado ayer ante Blanco, la Unidad Fiscal Federal fundamentó que "la sentencia (...) dio por probado el dominio de los hechos que los imputados ejercieron respecto de la sustracción de Carmen Sanz y, teniendo en cuenta el rol que ambos cumplieron en el plan sistemático de apropiación de menores implementado por la dictadura militar, es evidente que ejercieron señorío respecto de la suerte de Carmen posterior a la sustracción, que se prolongó hasta que se descubrió su verdadera identidad".

La joven —hija de Aída Sanz y Eduardo Gallo Castro, ambos desaparecidos— nació en el centro clandestino conocido como "Pozo de Banfield" el 27 de diciembre de 1977 y fue sustraída por Bergés, en ese momento subordinado directo de Etchecolatz en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En marzo de 1978 fue inscripta con un nombre falso, nuevamente con la participación del médico policial. Su verdadera identidad fue revelada recién en 1999, mediante un examen hemogenético que confirmó que era hija del matrimonio Gallo-Sanz.

"Siempre estuvo en manos de Bergés y Etchecolatz la posibilidad de restituir la menor a su familia, de lo cual fue privada por acción u omisión de aquellos", señala el escrito del fiscal Franco. Y agrega: "Los dos imputados podrían haber optado por brindar la información que atesoraban a los familiares que buscaban a la niña, a las organizaciones dedicadas a tales fines o a las autoridades democráticas (...). Pero eligieron, con su omisión, que el delito se perpetuara".

Además, el fiscal Franco pidió que se investigue a los dos represores por su responsabilidad en las torturas de las que fue víctima Carmen Sanz estando en el vientre de su madre. Embarazada y detenida ilegalmente en el "Pozo de Banfield", Aída Sanz fue víctima de torturas, que de hecho aceleraron su parto.

Este último hecho fue denunciado por el entonces fiscal Hugo Cañón durante el juicio oral a los dos represores. A raíz de su petición, el Tribunal Oral ordenó en la sentencia que se inicie la investigación correspondiente. En un planteo novedoso, Cañón razonó que Carmen fue víctima de las mismas torturas a las que fue sometida su madre: "La persona por nacer era persona, y bastará un estudio psicológico para comprobar las consecuencias que le ocasionaron estos hechos", dijo en aquella instancia.

La Fiscalía retomó el argumento de Cañón para incluir este delito en el pedido de indagatoria de Bergés y Etchecolatz.

En el escrito, el concepto de tortura se extiende también a la situación posterior que vivió la joven. La Fiscalía sostuvo que Bergés y Etchecolatz "son responsables de la situación psicológicamente torturante a la que quedó expuesta la menor como consecuencia de la privación de su identidad, desde el nacimiento y apropiación, hasta el momento en que recuperó su verdadera identidad".

Un tercer hecho a investigar que surgió durante el juicio oral de marzo fue lo que denunció durante su testimonio la ex detenida Beatriz Lilián Bermúdez Calvar, quien compartió el cautiverio con Aída Sanz en otro centro clandestino, el "Pozo de Quilmes". La sobreviviente contó en aquel momento que fue detenida ilegalmente en 1978 y permaneció secuestrada en ese centro clandestino, en donde fue torturada. Luego de ser liberada, sus captores —a quienes no pudo identificar con precisión— la obligaron a pagar mensualmente una suma de dinero, situación que duró hasta el fin de la dictadura.

Inicialmente, los delitos de los que fue víctima Bermúdez Calvar se habían incluido en la causa que investiga la retención, ocultamiento y torturas de Carmen Sanz. En el requerimiento presentado ayer, el fiscal Franco pidió que se forme una causa separada para proseguir esta investigación, ya que en principio no está conectada con el caso Sanz.

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