La Asamblea entregó a Cafiero listas de policías que revistaron en centros clandestinos
Los listados incluyen a los efectivos que comparecieron ante la Cámara Federal de La Plata, en el marco del Juicio por la Verdad.

Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata entregó hoy al ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Juan Pablo Cafiero, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier, cuatro listados que contienen los nombres de policías que revistaron en centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar y que comparecieron ante la Cámara Federal en el marco del Juicio por la Verdad. El organismo, además, expuso a Cafiero en una carta un petitorio de "medidas inmediatas" a adoptar en una nueva política de seguridad.

La entrega de la documentación se dio en el marco de una reunión que mantuvo el flamante titular de la cartera de Seguridad y los subsecretarios de Justicia y Políticas Penitenciarias bonaerenses, Carlos Martiarena y Marcelo Lapargo, con el denominado Grupo de Trabajo, integrado por organismos estatales y no gubernamentales, del que forma parte la APDH La Plata.

La Asamblea entregó un listado general de 82 policías que comparecieron en el Juicio por la Verdad y otras tres listas que desagregan esa información, clasificando a los efectivos por participación en casos o centros clandestinos de detención. La lista más numerosa la integran los policías que revistaron en la Comisaría 5° y en el Destacamento de Arana.

En ella aparece Mario Alberto Mijín, superior directo del comisario Alfredo Franchioti, preso por el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costeki, durante la masacre perpetrada por la Policía el 26 de junio pasado en Avellaneda.

Las listas también incluyen los nombres de los efectivos comprometidos en la causa abierta por la desaparición de la beba Clara Anahí Mariani y el asesinato de sus padres, Diana Teruggi y Daniel Mariani, y de aquellos de los que se sabe participaron  o están seriamente implicados en la desaparición de Daniel Favero y su esposa María Paula Álvarez.

Los efectivos vinculados al caso Mariani prestaron servicios en distintos cuerpos policiales, mientras que los del caso Favero cumplieron funciones en la Brigada de Investigaciones (centro clandestino "La Casita") y el Cuerpo de Infantería, sede de otro centro.

Las listas entregadas por la APDH La Plata a Cafiero y Derotier fueron acompañadas por una carta en la que el organismo explica que ignora si varios de esos policías ya fueron pasados a retiro, tarea sencilla de verificar para los funcionarios.

"Esperamos que esta información sirva para comenzar un proceso de reestructuración de la Policía bonaerense, que la convierta en una fuerza al servicio de la democracia y la comunidad, y para que nunca más sea partícipe y ejecutora de los crímenes que enlutan a nuestro pueblo", finaliza la misiva, que promete el envío a la brevedad de información más detallada sobre la participación de efectivos de la fuerza en delitos de lesa humanidad.

El petitorio para Cafiero

En otra carta, la Asamblea expresó al flamante ministro "los puntos sobre los que le pedimos atención y medidas inmediatas". El texto incluye quince
ítems, entre los cuales se destacan:

- "Disponibilidad inmediata" de los policías sospechados de participar en el
terrorismo de Estado.

- "Constitución de un tribunal independiente" que lleve a cabo los sumarios
de la fuerza.

- "Erradicación de la Doctrina de Seguridad Nacional de la Escuela Juan
Vucetich, con cambio de planes de estudio, métodos de enseñanza y
profesores".

- "Prohibición de reprimir marchas, peticiones, manifestaciones, piquetes,
asambleas, huelgas y toda otra forma de lucha popular legítima".

- "Disolución de los cuerpos especializados en reprimir, como el grupo GEO o
los llamados 'paleros'".

Además, la APDH La Plata solicitó el cese de "razzias y los allanamientos masivos con órdenes en blanco" y el "apartamiento total y absoluto de la policía administrativa de la función de investigación".

La entrega de las cartas se dio esta mañana en el marco de una reunión en la que también participaron la Defensoría de Casación Penal, la Comisión Provincial por la Memoria, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de Estudios en Ciencias Penales (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales, todos integrantes del denominado Grupo de Trabajo.

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