LA PLATA.- "El espionaje es la forma más racional de conseguir información", aseguró el ex gerente de Asuntos Jurídicos de la automotriz Mercedes Benz, Rubén Pablo Cueva, al referirse a la forma en que habría conseguido la lista de nombres de los obreros de la comisión interna, a quienes denunció en 1975 ante la División Delitos Políticos de la Policía Federal. Uno de esos trabajadores desapareció tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Cueva fue careado hoy con el sindicalista Rubén Aguiar, en un acto que dejó más dudas que certezas. El tribunal sospecha que Aguiar entregó a Cueva una lista de nueve obreros elegidos en una asamblea de trabajadores el 24 de octubre de 1975 y que esos nombres fueron los denunciados por el ex gerente ante la Policía Federal.

En este marco, Cueva no supo explicar hoy cómo había conseguido los nombres de las personas a las que sindicó —la denuncia está incorporada al expediente— en octubre de 1975. Cueva había ido a la Federal a denunciar el secuestro a manos de la Agrupación Montoneros del gerente alemán de la Mercedes Benz Heinrich Franz Metz.

Pero en el acta, antes de referirse al secuestro de Metz, dedicó las dos primeras carillas —la denuncia tiene tres— a explayarse sobre el conflicto obrero de la empresa, que había derivado en una huelga y en la expulsión de la representación de SMATA y el reemplazo de esta por una comisión interna de trabajadores, de la que dio nombres y domicilios. De esta manera, sin decirlo expresamente, Cueva vinculó a nueve obreros de la comisión con Montoneros y el secuestro de Metz.

En aquella denuncia ante la Federal, Cueva dejó entrever que la lista de obreros se la había dado Aguiar, al relatar cómo los trabajadores exigieron el 24 de octubre la salida de los representantes de SMATA y la puesta en funciones de independientes. "El nombrado (Aguiar) es encarado por el personal en huelga, reclamándose la inmediata designación de ocho representantes del personal. Ante ello, Aguiar contestó que debía consultar al sindicato y como toda respuesta le entregaron al causante la nómina de los nueve elegidos (que en principio eran ocho)", declaró Cueva ante la Policía. Y párrafo seguido dio los nombres de los trabajadores y sus direcciones: Telmo Ferro, Alfredo Cano, Víctor Hugo Ventura, Pablo Hernández, José María Henestroza, Eduardo Estivill, José Barreiro, Silvio Daniel Portnoy y Hugo Ángel Crozatto.

En su declaración del 3 de abril pasado ante la Cámara Federal, Cueva aseguró: "Yo no le brindé nada a la Policía. Hice una denuncia, con las circunstancias del hecho". Y cuando el fiscal Félix Crous le preguntó "qué tenía que ver" la comisión interna con el secuestro del gerente, contestó: "No es que tuviera que ver. Da la casualidad que el secuestro se da en el marco de movimientos huelguísticos. Yo no acusé".

De la lista de obreros, Víctor Hugo Ventura es el único desaparecido. Los trece restantes son Esteban Reimer, Fernando Del Conte, Diego Núñez, Floreal Vázquez, Alberto Gigena, Juan Mosquera, José Vizzini, Alberto Arenas, Jorge Alberto Leichner, Oscar Caddeo, Miguel Brieco y dos empleados más de apellidos Del Monte y Alvarez Bauman, todos activos partícipes en la huelga de octubre de 1975.

Hoy ante los jueces, durante el careo, Aguiar, aseguró: "No se me dio nunca ninguna lista. A Cueva no lo conozco". Y Cueva, por su parte, dijo que no conocía personalmente a Aguiar —"yo lo vi y estuve con él, porque era un dirigente de SMATA. Pero no tuvimos trato"— y no supo decir cómo dio con aquellos nombres.

No obstante, el ex gerente de Asuntos Jurídicos explicó que aquellos datos pudo haberlos conseguido a través de la Gerencia de Personal, que a su vez los habría obtenido a través de "espionaje". "Las empresas hacen seguimiento, espionaje, de las asambleas. El espionaje es la forma más racional de conseguir información", aseguró Cueva.

—¿Quiénes eran los espías? —lo inquirió el fiscal Félix Crous.

—Ay, no sé quiénes serían. Pero todas las empresas del mundo apelan a este mecanismo cuando tienen problemas así- dijo, con naturalidad, el ex gerente.

Más tarde, el camarista Julio Reboredo le preguntó si conocía al ex interventor de SMATA en Mercedes Benz, Juan Carlos Selles, y le aclaró que la pregunta se cernía al período de la dictadura. "No recuerdo. Y con más razón tengo derecho a no recordar", contestó Cueva, culpando al paso de los años de su fallida memoria.

Por otro lado, en esta misma causa declaró hoy el actual presidente del Concejo Deliberante de La Matanza y Secretario de Prensa de SMATA, Raúl Enrique Mathiu, quien fue obrero de la Mercedes Benz cuando ocurrieron las desapariciones.

Mathiu, que aportó poco a la investigación, contó que el 17 de octubre de 1979 el Ministerio de Trabajo autorizó elecciones internas en la empresa "como prueba piloto" y que salió electo en una nueva comisión interna. "Ninguno de los de la comisión dejó de golpear cuarteles por los desaparecidos", aseguró.

También confirmó que la empresa pagó "durante mucho tiempo" el sueldo a las familias de los desaparecidos y que "los de la comisión interna les llevábamos el dinero".

José Rodríguez y los desaparecidos

En este marco, la periodista alemana Gabriela Weber entregó nueva documentación que pone en falso los dichos del secretario general de SMATA, José Rodríguez.

Weber aportó a la Cámara dos discursos realizados por Rodríguez ante la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM), el 16 de noviembre de 1976 y el 16 de octubre de 1979.
En el segundo de ellos, Rodríguez se refiere a que "la represión ha sido muy fuerte en el caso Daimler Benz".

Los documentos contradicen, de esta forma, lo dicho por Rodríguez en sus dos testimonios del Juicio por la Verdad, su frase célebre: "Me enteré de los desaparecidos de la Mercedes con la CONADEP".

Los civiles del régimen

En otro orden, la madre de un desaparecido pidió a la Cámara que cite a declarar al ex juez federal Leopoldo Russo, uno de los magistrados que durante la dictadura rebotaba los hábeas corpus que los familiares de desaparecidos presentaban en La Plata.

Gladys María Harvey, madre de Daniel Carlos Ponti, señaló que su hijo fue secuestrado el 25 de noviembre de 1976. "Desconocemos en absoluto dónde y cómo sucedió", dijo la mujer.

La testigo contó que el juez Russo era amigo de su esposo, por haber hecho la secundaria juntos, y que a su vez la hija de Russo había sido compañera de Daniel Carlos.

La madre del desaparecido presentó un hábeas corpus en su juzgado y luego de hacer los oficios habituales de la época, Russo le dijo a Harvey: "Mirá Gladys, con respecto a mi sobrino (el juez tenía también un familiar desaparecido), sé que está muerto. De tu hijo, no tengo noticias de que esté muerto".

En su testimonio, Harvey señaló que "nadie habla de las complicidad de los civiles" con la dictadura. Y agregó: "Y tampoco de los civiles que manejaban la ley".

La mujer agregó otro dato sugestivo. El secuestro de su hijo se produjo el día posterior al ataque a la casa de Diana Teruggi y Daniel Mariani. Y ese mismo día personal del Servicio Penitenciario fue a buscar a Daniel Carlos al departamento de la familia, pero no lo encontró.

El dato que cierra la historia es que otra de las hijas del ex juez Leopoldo Russo era amiga, según Harvey, de Diana Teruggi. "Russo tenía una gran amistad con Camps", recordó la madre del desaparecido.

Por estos hechos la mujer pidió que Russo declare sobre los hechos —"es muy importante por sus relaciones", señaló— y el fiscal Félix Crous recogió el pedido en una solicitud formal a la Cámara.

Daniel Carlos Ponti podría haber pasado por el centro clandestino "La Cacha". El dato se desprende de los dichos de un ex detenido del lugar, que escuchó que en un interrogatorio con torturas alguien nombró al joven, y que los represores decían "no, a ese ya lo tenemos".

Harvey contó que por esa época trabajaba como asesora letrada en el Cementerio de La Plata y que sabía que llegaban muchos cuerpos al lugar cada noche. Relató que después de la desaparición de su hijo realizó la penosa tarea de ver si entre esos cuerpos estaba el de Daniel Carlos.

Hasta que el 29 de enero de 1977 decidió renunciar. Fue un día en que "tres muchachotes llegaron con un montón de cuerpos y le dijeron al director. "Les traemos unos cuantos de esos"". El jefe del Cementerio era entonces Ciancio, quien declaró en el Juicio por la Verdad en 1999.

El 601 de City Bell

Por su parte, Norma Hilda Pereyra habló del secuestro de su esposo, Jorge Bohn, ocurrido el 15 de mayo de 1978 en Berazategui, sur del Gran Buenos Aires.

"Había un silencio extraño —evocó la mujer—. Cuando golpearon la puerta, mi esposo les dijo "entren, está sin llave"". De inmediato, ingresó un grupo de hombres a quienes Pereyra relacionó con la Agrupación 601 de Comunicaciones de City Bell: la mujer dijo que un policía amigo del barrio le contó que esa noche integrantes del regimiento habían pedido "zona liberada" a la comisaría del lugar.

La testigo revivió con muchos detalles lo ocurrido esa noche. Recordó que los represores estuvieron una hora en su casa y que mientras le pegaban a su esposo también se ensañaron con ella.

"Yo estaba embarazada de seis meses. Me pegaron tanto que me destrozaron la criatura en el vientre". Esta circunstancia relatada por la testigo hizo que, al final del testimonio, el juez Schiffrin le recordara al fiscal Crous que Pereyra había hecho denuncia de un delito cometido contra su persona.

Norma Pereyra señaló que después de la desaparición de su esposo "no me quedé muerta de miedo detrás de la puerta"

El primer sitio al que concurrió fue el edificio de Coordinación Federal, en Buenos Aires, lugar al que los secuestradores le habían dicho que llevaban a su esposo. "Ahí no estaba, me trataron de loca", dijo Pereyra. Agregó que recorrió otros regimientos y dijo haberle hecho una huelga de hambre a monseñor Antonio Plaza en la sede del arzobispado de La Plata.

La testigo señaló que tres personas le comunicaron haber compartido el cautiverio con su marido, en un lugar que podría ser el centro clandestino "El Banco". Uno de ellos, era compañero de Bohn en la fábrica Alpargatas, en donde el hoy desaparecido era delegado.

Otro de los ex detenidos se llamaba Carlos Castillo. "Vino a mi casa antes de volver a la suya. Dijo que no lo iban a soltar", señaló la esposa del desaparecido.

Pereyra contó que por mucho tiempo constató la presencia de "servicios" en la esquina de su casa. Tan constante fue la vigilancia que la mujer terminó hablando de su marido con uno de los guardias. Este vigilante le trajo una foto de su esposo "con 50 kilos y todo torturado".

"Nunca preservé esa foto tan horrorosa —dijo la testigo—. Me preservé a mí y a mis cinco hijos". Tiempo después, el vigilante le contó que sus superiores se habían enterado de la situación y abandonó el puesto. Tras ese hecho, le ametrallaron la casa.

Ir arriba