Por Francisco Martínez y Lucas Miguel  (Secretaría de Prensa) 

“No había ninguna otra fuente de información” que no sean los familiares, declaró Graselli, que durante la dictadura se desempeñaba como secretario del Vicariato Castrense de la Armada, en la iglesia Stella Maris de Capital Federal.


Con la información que proporcionaban los parientes de los desaparecidos, el Vicario, monseñor Adolfo Tortolo, confeccionaba listas de personas que entregaba a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Según Graselli, en un solo caso pudo decirle a un familiar qué había pasado con su ser querido, “alguien que estaba detenido en la comisaría 3° de Lanús”, dijo, sin recordar de quién se trataba.

Sin embargo, varios testimonios indican que Graselli les daba por carta o personalmente algún tipo de información a los familiares sobre el destino de sus seres queridos. Esto vincularía al clérigo con los jefes de la represión, y revelaría su rol de “mediador” durante esa época, y no sólo de “receptor de denuncias”, como él se presenta. Entre 1976 y 1978, monseñor Graselli confeccionó un fichero con 2.500 nombres, que la Cámara secuestró en mayo de 1999, luego de su declaración.

Ante una pregunta concreta del Tribunal, que encontró en una ficha escrita por él que decía que un joven desaparecido estaba “muerto”, Graselli respondió: “Si lo puse ahí, es porque habrá sido algo público, habrá salido en un periódico”. Y agregó, más tarde: “O por un liberado que me lo decía. Pero no se lo transmitía a los familiares porque no tenía la certeza”.

Sobre el envío de cartas a familiares, Monseñor Graselli dijo que “a veces yo respondía cuando no venían por mucho tiempo”. Entre esas respuestas, está la que el cura le dio al padre del entonces detenido Horacio Matoso, quien contó que Graselli escribió diciéndole a sus padres que “su hijo no se encuentra detenido en ningún organismo militar o policial”. Matoso fue secuestrado en octubre de 1976, pasó por el Destacamento de Arana y el centro “Puesto Vasco”, y en diciembre fue “legalizado”. La carta de Graselli está fechada en julio de 1977, cuando Matoso estaba detenido en la Unidad 9 de La Plata.

Además, Delia Beratz, hermana del desaparecido Rubén Abel Beratz, declaró el 15 de diciembre de 1999 que Graselli les envió una carta en donde el clérigo daba a entender “que no se lo buscara más, que Rubén estaba muerto. Mi otro hermano la rompió, no se atrevió a dársela a mis padres”.

Alba Martino, madre de la desaparecida Graciela Pernas, dijo por su parte que luego de hacerle una descripción física de su hija, Graselli dijo que “me parece que la tiene el hombre de Avellaneda”. Hoy ante la Cámara, el cura replicó: “Nunca escuché una expresión así, no sé a qué se refiere”.

Elsa Pavón también se entrevistó con Graselli, luego de que su hija, su yerno y su nieta desaparecieran en Uruguay. Al declarar ante la Cámara en julio de 1999, la mujer señaló que el clérigo le contestó: “Bueno, señora, usted sabe cómo son estas cosas, agarran un Hércules, entre gallos y medianoche, los traen y bueno, cuando los traigan yo les voy a devolver a la nena, pero usted olvídese de los padres”.

Consultado por este dato, el secretario del vicario castrense dijo a los jueces que “yo no sabía de ese procedimiento. Nunca pude haber dicho tal cosa”.

Durante la declaración de monseñor Graselli, la primera del año en el Juicio por la Verdad, la Cámara le pidió precisiones sobre diferentes anotaciones y códigos del fichero.

El Tribunal encontró notas del tipo “N/S” y “N/D”, que el sacerdote explicó que se referían a “no sabe” y “no detenido”. También se halló otra caligrafía en las piezas del fichero, que Graselli atribuyó a “algunos soldados a quien delegaba tareas”, sin precisar nombres.

Duran Sáenz está enfermo

En tanto, el represor Pedro Alberto Durán Sáenz, denunciado como jefe del centro clandestino “El Vesubio”, no se presentó a declarar, aduciendo razones médicas.

Según informó el juez Schiffrin, la esposa de Durán Sáenz trajo hoy a la Cámara un certificado médico en donde se señala que el represor padece una “lumbalgia aguda”, que requiere reposo en su domicilio.

Por ese motivo, Schiffrin señaló que el militar será citado nuevamente para el miércoles que viene.

“Quiero que mi causa sea penal”

En la jornada de hoy también declaró el ex detenido Rufino Almeida, quien junto a su esposa, Claudia Graciela Estevez, permaneció secuestrado en el centro clandestino de detención “El Banco” entre el 4 de junio y el 27 de julio de 1978.

Antes de comenzar a relatar las circunstancias de su detención, Almeida le dijo a los jueces que conocía “la verdad” de su caso y explicó que el Juicio por la Verdad, entonces, no tendría que revelarle ningún episodio oculto sobre el secuestro que sufrió junto a su esposa. Por esto, pidió que su causa “sea instruida como penal” y, en este sentido, aclaró que en “El Banco” los represores “tenían capacidad de discernimiento. Los que actuaban allí no actuaron en virtud de la Obediencia Debida”.

“En el centro clandestino había una operatoria en contra del derecho de gentes, contra convenciones que castigan los delitos contra la humanidad”, agregó.

Almeida aseguró que presentará por escrito “los fundamentos en contra de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, porque no son hábiles”, y pidió al fiscal general Julio Amancio Piaggio que se haga cargo de la acusación. En respuesta, el juez Leopoldo Schiffrin aclaró que pedidos como el de anulación de las leyes de impunidad deben pasar primero por un juzgado federal de primera instancia, pero, no obstante, aclaró que la Cámara Federal dejará en manos del fiscal Piaggio las denuncias de Almeida.

A su turno, Piaggio, un tanto molesto, pidió que “quede claro que el Ministerio Público va a cumplir con su función. Tengo 33 años en esta función y estamos para hacer cumplir la ley”.

El periplo de Almeida comenzó en 1977, cuando luego de una huelga de obreros de la fábrica Alpargatas, donde ejercía como operario, un grupo de tareas lo fue a buscar a su casa de San Isidro. Ese día no pudieron secuestrarlo. Almeida, así, pasó “a la clandestinidad” —tales fueron sus palabras— y se alojó en lo de sus suegros, en La Plata.

Pero la represión lo encontró: El 4 de junio de 1978 un grupo de ocho civiles armados irrumpió a las 7.30 de la mañana en el departamento de la calle 54 de esta capital y se lo llevó junto a su esposa María Claudia Estevez. Entre los que participaron en el secuestro estaba Juan Antonio del Cerro (a) “Colores”, hoy preso por apropiación de una beba y —en virtud de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del juez Gabriel Cavallo— por la desaparición de José Liborio Poblete Roa y Gertrudis Marta Hlaczik. También estaban en el grupo de secuestradores Guillermo Minicucci, el comisario de la Policía Federal Eduardo Tadei (a) “el padre”, Juan Carlos Falcón (a) “Kung Fu” y otro represor apodado “Soler”.

El matrimonio Almeida fue trasladado a su antigua casa de San Isidro, que estaba habitada por otro grupo de tareas. La vivienda había sido literalmente saqueada. “Lo único que quedaba era la heladera, que según los vecinos no entraba en la camioneta Ford Ranchero blanca en la que se llevaron todo”, relató el ex detenido.

Después los trasladaron a “El Banco”, ubicado en la intersección de la avenida Richieri y el Camino de Cintura, en Buenos Aires. “Me dijeron que no tenía más nombre, que ahora me llamaba G55 y que los dueños de mi vida eran ellos”, relató Almeida.

En “El Banco” sufrió la picana eléctrica, golpes y abusos junto a su mujer y al resto de los detenidos. Poco antes de la primera sesión de torturas, “Colores” se acercó y le dijo: “Acordate de esta cara, que no te vas a olvidar”.

A la lista de represores que participó del secuestro, se sumaron en el centro clandestino Julio Simón (a) “El turco Julián” —hoy en la misma situación que del Cerro en la causa que instruye Cavallo—, Juan Carlos Avena (a) “Centeno”, un suboficial de la Policía Federal de apellido Domínguez (a) “Facundo”, otro represor de apellido Godoy, el comisario de la Policía Federal Raúl González (a) “El negro”, Samuel Miara (a) “Cobani”, Oscar Augusto Rolón y otros represores apodados “el jefe”, “angelito”, “paco” y “polaco”. A esta nómina se suman también Raúl Guglielminetti y el ex jefe del I Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, quienes visitaban periódicamente el lugar a modo de control.

Almeida señaló que en el centro clandestino los detenidos estaban alojados en celdas a las que habían dado en llamar “tubos”, en referencia a su dimensión: “Un metro por dos”, describió. En estos habitáculos estuvo junto a otros dos secuestrados. “Ellos permanecían parados para que yo pudiera estar acostado”, indicó Almeida. Uno de esos detenidos era Fernando López, quien según relató el testigo “era muy flaco, pero ahí su cara era como la de un gordo de 200 kilos porque se la habían inflado a trompadas”.

También indicó que el represor Samuel Miara abusaba de las mujeres detenidas, entre ellas su esposa, a quien “arrastró por el piso y le arrancó parte del cuero cabelludo”. Almeida contó que por estos hechos se quejó ante un médico militar, quien trasladó el pedido en forma irónica a Miara. “Cobani”, entonces, tomó represalias: “Así le voy a pegar a tu mujer hasta que nos diga los que buscamos”, le gritó a Almeida, mientras le daba cadenazos en la palma de sus manos.

Otro de los episodios que quedó grabado a fuego en la mente del ex detenido fue la jactancia de “Colores” de “haber inventado una máquina a la que llamaban ‘susanita’, por Susana Giménez, que aparecía en publicidades diciendo ‘shock’. Era una máquina automática, que aplicaba la picana en forma intermitente”, contó Almeida.

Siempre según el relato del testigo, los represores conformaban con algunos detenidos un grupo al que denominaban “consejo”. En este grupo —aclaró Almeida— había personas sometidas a la servidumbre y quienes colaboraban abiertamente con la represión.

Un rato más tarde, el juez Schiffrin interrumpió el relato del testigo para recordarle que el término “consejo” había sido utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para designar a los grupos de judíos que administraban los ghettos.  “Evidentemente, esta gente (por los represores) estaba empapada con estos términos”, concluyó Schiffrin.

Almeida y su mujer fueron liberados el 24 de julio de 1978, en la esquina de 13 y 32 de La Plata, donde los estaba esperando su padre. “Cobani le dio la mano y le dijo que viviéramos tranquilos”, recordó el ex detenido.

Pero su padre había ido hasta allí porque Julio Simón lo había secuestrado. Antes de liberar a Almeida, los represores pidieron una cita al padre del detenido, que se concretó en uno de los ingresos a esta ciudad. Allí lo secuestraron y lo llevaron a “El Banco”, donde lo tuvieron detenido en una habitación contigua a la que estaba siendo interrogado su hijo. Después de esto, también lo llevaron a la esquina de 13 y 32, donde finalmente le entregaron a Rufino y a su nuera María Claudia.

En los años que siguieron a la liberación, el matrimonio sufrió la persecución de “Colores” y “El turco Julián”, quienes periódicamente se presentaban en su casa a cualquier hora para controlarlos. También, los represores le dieron a Almeida un teléfono para que todos los miércoles llamara y dejara constancia de su permanencia en el país.

En abril del ‘83, “Colores” le pidió que lo llamara a otro teléfono. “Me atendieron en la Policía Federal, pregunté por ‘Colores’ y me dieron”, dijo Almeida, quien concluyó: “Fue una época muy dura para nosotros. Este teléfono era como el timbre del perro de Pavlov”.

Madre

También prestó declaración testimonial Ema Prieto, madre del desaparecido Osvaldo Busseto. La mujer contó que su hijo fue detenido durante un operativo en 7 y 55, en el que resultó herido por disparos efectuados por el comisario Luis Héctor Vides.

El caso de Busseto ha sido reseñado ante la Cámara por otros ex detenidos: Busseto fue llevado al Hospital Naval, donde lo operaron insertándole dos clavos de platino en la pierna. Luego, lo llevaron al Hospital Militar Central de Buenos Aires, y más tarde entró al circuito de centros clandestinos. Su madre contó que por intermedio de monseñor Callejas, se enteraron que “lo iban a juzgar junto a 250 oficiales, porque él hizo el servicio militar en la (escuela de Policía Juan) Vucetich”.

Prieto también relató que los días posteriores a la detención de su hijo, un grupo de personas allanó el domicilio de ella en dos oportunidades, y se llevaron objetos de valor.

La mujer agregó que existe un testigo ocular del secuestro de Osvaldo, cuyo nombre es Juan Magliaro. Y que supieron que estuvo detenido en centros clandestinos de Arana, Quilmes y Bánfield.

También dijo que el ex detenido Gustavo Calotti, quien compartió el cautiverio con Busseto y luego se exilió en Francia, le contó por carta que salió de la cárcel con el nombre y los documentos de su hijo, a quien conocía por ser empleado de Policía.

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