Encuentro de LADH en Paraná
Apoyan una ley de amnistía para desprocesar a luchadores sociales
La iniciativa surgió en el marco de la reunión plenaria convocada en Paraná por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También se convocó a una campaña nacional por la libertad de Emilio Alí.

Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

PARANA.- Con las propuestas de apoyar una ley de amnistía para los luchadores sociales procesados en todo el país y la convocatoria a una Campaña Nacional para pedir por la libertad de Emilio Alí y las víctimas de la judicialización del conflicto social, culminó hoy en esta ciudad la segunda reunión plenaria anual de Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), abierta a todas las organizaciones políticias, sociales y de derechos humanos. 

El plenario contó con la participación de militantes de distintos puntos del país. En el Centro Cultural La Endija de Paraná se dieron cita alrededor de cien representantes de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Capital Federal, La Plata, La Matanza, Berazategui, Chaco y Mar del Plata. 

La convocatoria había sido realizada con el objetivo de plantear estrategias de acción frente a la judicialización de la lucha social, que llegó a su punto más alto luego de la condena de cinco años y medio de prisión que recibiera el marplatense Emilio Alí, acusado de extorsión y coacción agravada por pedir comida en una sucursal del supermercado Tía.

Las respuestas del plenario realizado desde la mañana de hoy concluyeron en manifestar apoyo al proyecto de ley de amnistía presentado por la diputada nacional Alicia Castro, que contempla la liberación y desprocesamiento de todos los encausados por participar en piquetes, cortes de ruta, pedidos de comida, manifestaciones para solicitar trabajo, y otras modalidades enmarcadas en la lucha social.

Este pedido incluirá también una solicitud de derogación parcial de los artículos 149, 168, 181, 194 y 212 del Código Penal, que castigan los delitos de coacción agravada, extorsión, usurpación de la propiedad, obstrucción del tránsito terrestre e incitación a la violencia colectiva, respectivamente. En este sentido, se solicitará la reducción de las escalas penales contempladas en cada uno de ellos, debido a lo "exagerado" que resultan los castigos prescriptos en artículos que datan de la dictadura de Juan Carlos Onganía, en su mayor parte.

En este marco de preparación contra la "penalización de la pobreza", también se resolvió "impulsar la movilización nacional e internacional, centralizada en el planteo de la libertad de Emilio Alí y los casi 2.800 encausados tras realizar protestas sociales", con vistas al próximo 6 de junio, fecha en la que se cumplirá el primer año de encierro del luchador social marplatense. Esta iniciativa contempla la realización de actos y marchas en todo el país.

El plenario resolvió llamar a la conformación de un movimiento nacional de organismos derechos humanos, que unan fuerzas para enfrentar la situación actual. El doctor Antonio Santamarina, de la LADH porteña, fue lacónico: "Los organismos no debemos confrontar, debemos actuar juntos", remarcó.

Por otro lado, se resolvió comenzar a confeccionar la lista con los nombres de los 2.800 detenidos a lo largo del país, y realizar en los próximos veinte días una reunión jurídica, de la que participarán los abogados de la LADH y letrados de otros organismos invitados. El fin de este cónclave será encontrar una respuesta jurídica a los procesos iniciados en todo el país contra la protesta social.

Veinticuatro horas de DD.HH.

Durante la jornada de hoy se debatió la situación de los derechos humanos en general. La LADH anfitriona denunció al gobierno del radical Sergio Montiel por la aplicación de leyes contravencionales para reprimir las protestas sociales. En este sentido, los militantes locales explicaron que en la actualidad son rigen leyes surgidas en 1958.

Por otro lado, denunciaron la fundación -por parte del Gobierno provincial- de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, cuestionada desde diversos sectores educativos de la comunidad entrerriana. La casa de estudios nació con cuatro facultades, entre ellas, la Facultad de Ciencias de la Seguridad, cuyo coordinador es un comisario de la Policía local.

Todos estos hechos se suman a la reciente derogación que realizara Montiel del decreto que ordenaba la celebración de la Semana de la Memoria para conmemorar y repudiar el último Golpe de Estado y sus consecuencias sociales.

LADH Paraná informó que presentó un proyecto de ley en la Legislatura, para reinstaurar la Semana de la Memoria, y que la iniciativa está en estudio.

En tanto, el abogado de la LADH metropolitana, Carlos Zamorano, advirtió en el plenario de hoy sobre "la peligrosidad de que se utilice el artículo 32 de la Ley de Seguridad Interior", que prevé la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales si las protestas exceden la capacidad de las fuerzas de seguridad interna.

Por su parte, la abogada marplatense Guadalupe Godoy, integrante de la Coordinadora por la Libertad de Emilio Alí, informó que la primera consecuencia en su ciudad del fallo judicial de cinco años y medio fue que "la Cámara de Supermercadistas anunció que no va a haber más entrega de alimentos" para los desocupados. Asimismo, destacó que se manejan extraoficialmente cifras que trepan al cincuenta por ciento en el índice de desocupación de Mar del Plata.

Los reprensentantes de LADH Córdoba denunciaron la represión ejercida por la policía de su provincia, luego de que efectivos de la fuerza ingresaran a la empresa de energía eléctrica y se llevaran detenidos a más de 200 trabajadores que se resisten a la privatización del servicio, con la utilización de armas como el gas paralizante.

La jornada de hoy también contó con la participación de representantes de distintas villas de la Capital Federal, que relataron cómo viven la represión policial y la discriminación, y se sumaron a los lineamientos surgidos del plenario.

Antes de comenzar a sesionar, los casi cien militantes de todo el país designaron a los presidentes honorarios del plenario: Héctor Gómez y Martín Basualdo -desaparecidos en 1994 en Paraná a manos de la policía-, Emilio Alí y los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar integraron la lista, entre otros mártires de la lucha social.

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