LA PLATA.- La madre de una desaparecida reseñó hoy la innumerable cantidad de gestiones que realizó para dar con el paradero de su hija, y le preguntó a los jueces de la Cámara Federal si podrán hacer algo para saber qué pasó, después de veinte años. 

“¿Ustedes van a hacer algo?”, se preguntó, descreída, Berta Schultz de Steinberg, durante su testimonio por la desaparición de su hija Ana María Steinberg y el novio de ésta, Luis Vicente Dimattia. Antes había enumerado las cartas que envió a prácticamente todos los funcionarios de la época: a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, al Jefe de la Policía provincial, Ramón Camps, al comandante de Institutos Militares, Santiago Riveros, a varios ministros nacionales, y al Papa Paulo VI.

Schultz dijo que “tiene que venir un juez de otro país” para que los hechos se investiguen, cuando mencionó su declaración ante el juez español Baltasar Garzón. 

La mujer, de religión judía, señaló que incluso pensó en hacerse católica, con el objeto de conseguir datos sobre la desaparición: “Yo me decía: «Si hay un Ser supremo. . . yo quiero tener a mi hija sentada a la mesa»”, recordó Schultz. Agregó además que fue a la embajada de Israel y que no le brindaron ayuda. 

La testigo relató que Ana María Steinberg desapareció en la madrugada del 15 de junio de 1977, de un local comercial que la familia tenía en la calle 12 de esta capital. “Llegaron (los represores) a mi casa y ella no estaba. Me exigieron la llave del negocio para ir a buscarla”, manifestó la madre de la desaparecida. 

También dijo que los secuestradores se identificaron como pertenecientes al Comando de Operaciones Tácticas y que estaban vestidos de civil. Cuando les preguntó por qué se llevaban a su hija, le respondieron que era por “puro formalismo”, y que averiguaran en el Regimiento 7 de Infantería. 

Ni bien terminó la noche, Schultz concurrió a ese lugar pero ahí le dijeron que no sabían nada. Otra gestión fue hablar con un capitán de la Marina de apellido Marti, amigo de la familia. 

Schultz señaló que le pidió de rodillas a Marti que averiguase algo por su hija. A los pocos días, el marino contestó: “Está viva, pero no se puede hacer nada. Es un círculo cerrado”. 

Días antes de la desaparición de Ana María Steinberg, había pasado lo mismo con su novio, Luis Vicente Dimattia, que era presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Medicina. Este joven fue secuestrado junto a otros compañeros (Néstor Zaragoza y Juan José Riqueza, desaparecidos) el 9 de junio de 1977, en un operativo que incluyó robos en la vivienda. “Se robaron la heladera y hasta la carne”, relató Berta Schultz. 

La testigo también recordó que Dimattia, por su papel en la representación estudiantil, conocía al rector de la Universidad durante la dictadura, Guillermo Gallo, quien “decía ser amigo de él”. En una declaración de 1985, Gallo —que el año pasado ante la Cámara admitió sus vínculos con el poder represivo— negó conocer al estudiante. 

Familia perseguida 

En otro orden, Diana Pizá declaró sobre el secuestro de su hermana Liliana, quien se encuentra desaparecida desde el 26 de abril de 1977. La testigo —que fue detenida a fines del gobierno de María Estela Martínez de Perón y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta agosto de 1980— pudo reconstruir las circunstancias de la detención ilegal de su hermana a partir del relato de vecinos y familiares. 

El padre de Diana, Pablo Pizá, también estuvo detenido en una comisaría en Rawson, en donde fue torturado. “Le preguntaban por su hija mayor, le decían que si les decía dónde estaba Liliana, lo dejaban en libertad. Lo tenían de rehén”, manifestó la testigo. Pizá fue liberado unos días antes de que Liliana fuera secuestrada. 

Tanto al padre como a la hermana de la desaparecida se les habían iniciado causas federales que desembocaron en detenciones que se extendieron por años: “Nos involucraban en hechos terroristas con los que no teníamos nada que ver, que incluso habían pasado durante el tiempo en que habíamos estado detenidos”, testimonió Diana Pizá. 

Al momento de su detención ilegal, Liliana Pizá vivía en La Plata junto a su pareja, Alberto Paira, y la hija de ambos, Julia, de 5 meses de edad. “Mi hermana se comunicaba poco con nosotros, porque tenía miedo de que la detuvieran, sabía que la estaban buscando”, dijo Pizá. 

El 26 de abril de 1977, Liliana dejó a su pequeña hija al cuidado de su amiga Elba Ramírez, quien vivía con su marido, Arturo Baibiene, y sus dos hijos en la calle 10 (Callao) número 2629, en Berisso. 

La testigo declaró que cuando Liliana fue a buscar a su hija, la casa del matrimonio Baibiene ya estaba tomada por fuerzas de seguridad. Diana Pizá contó que “los vecinos dijeron que durante la mañana había habido un enfrentamiento, en el cual habían matado a Alberto Paira y a Arturo Baibiene”. 

El cuerpo de Paira fue recuperado por su familia con la condición de que firmaran un acta de defunción en la que decía que el cadáver no había podido ser identificado, a pesar de que fue reconocido por miembros de la familia. Alberto Paira está enterrado en Santa Fé como NN. 

El mismo día que fueron asesinados Paira y Baibiene, secuestraron a Liliana y a Elba. “A los tres chicos, los dos de Baibiene y mi sobrina Julia, los dejaron por unas horas en lo de un vecino, y creemos que después pasaron por una comisaría y por la Casa Cuna”, señaló Diana Pizá. 

El 29 de abril, tres días después del secuestro, el diario La Nación publicó un artículo que informaba sobre un procedimiento realizado en Berisso, y daba una nómina de los detenidos: “En la lista figuraba alguien de apodo ‘La Negra’, y así le decían a Liliana”, aseguró la hermana de la desaparecida. 

La testigo recordó que, estando detenida en el penal de Villa Devoto, conoció a Patricia Rolli, quien había estado secuestrada en centros clandestinos de La Plata. “Me dijo que había estado con Liliana en La Cacha”, afirmó Pizá. 

Diana Pizá manifestó que en el marco de las causas que le iniciaron a ella y a su padre, se produjo la declaración de un marino de apellido Soulé. “Su testimonio sirvió para perjudicarme, y además él se comunicó con mi familia y les dijo que los estaba vigilando”, contó Diana Pizá. 

Liliana Pizá fue vista con vida por María Elvira Luis, quien estuvo detenida con ella en La Cacha. “Ella me dijo que una vez a Liliana se la llevaron, y la trajeron de vuelta al poco tiempo, y que creía que había estado en «La Escuelita» de Bahía Blanca”, dijo la testigo. 

La familia de la desaparecida realizó gestiones ante autoridades judiciales y militares para conseguir información sobre su paradero. Pablo Pizá escribió un libro titulado “Liliana ¿dónde estás?”, donde relata las circunstancias del secuestro de su hija y de la incesante búsqueda que su familia lleva a cabo desde entonces. 

Volvieron los policías 

Luego de tres miércoles sin declaraciones del personal policial que prestó servicios en la comisaría 5º, las audiencias de hoy contaron con el testimonio de dos policías: Jorge Luis Tejerina y Ramón Juan Rodas. Ambos adhirieron a la tesis del “área restringida” que impedía el acceso al sector del centro clandestino. 

Tejerina ingresó a la seccional policial a principios de 1977 con el grado de oficial ayudante. El policía no ofreció mucha precisión en sus declaraciones, que estuvieron sesgadas por un constante “no me acuerdo exactamente”. Y expresó que la comisaría no recibía detenidos por orden de una disposición superior. 

En concordancia con otros testimonios, manifestó que su accionar se limitaba a lo que le ordenaban. “Por entonces no era conveniente preguntar”, declaró. “Se daban órdenes muy dictatoriales, muy verticalistas”, agregó. 

El policía negó en un primer momento la existencia de detenidos ilegales, pero tras las preguntas terminó admitiéndolo. 

Tras una audiencia carente de precisión, el Tribunal dispuso confrontar su testimonio con el de los policías Piazza, Gervasio, Millar, Romero, Flores y Orellana, quienes también se desempeñaron en la 5º durante aquel período. 

La misma confrontación se realizó durante el testimonio del policía Ramón Rodas, quien a pesar de trabajar en la comisaría 5° desde febrero de 1976, no aportó datos significativos. 

Sin embargo, Rodas dijo que los efectivos serían pasibles de “una sanción de arresto por cuatro días” de haber entrado al “área restringida”, un dato nuevo hasta el momento. Señaló que estaba “prohibidísimo” entrar a la cocina de la dependencia, si bien varios policías ya declararon que esto no era así.

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