LA PLATA.- En el marco de las audiencias del Juicio por la Verdad, una ex detenida involucró hoy al ex jefe del I Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, con el interrogatorio a detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. 

Lidia Biscarte estuvo desaparecida durante diez meses, entre el 27 de marzo de 1978 y el 6 de enero de 1979. En el último tramo de su detención ilegal fue llevada en silla de ruedas —no podía caminar por las torturas que había sufrido— y encapuchada hasta el I Cuerpo de Ejército, donde Suárez Mason la interrogó sobre sus intenciones de irse del país. Unos días antes, Biscarte había firmado un formulario en la Unidad Penal de Devoto por el que expresaba sus intenciones de salir del país. “Todos los que estábamos allí lo llenamos, yo creía me estaban tomando el pelo”, dijo la ex detenida. 

Según la mujer, el general Suárez Mason estaba visiblemente molesto por la solicitud. “Me preguntaba por qué me quería ir del país y si la ‘organización’ me pagaba el viaje”, agregó Biscarte. El militar le dijo que la iban a mandar a Francia y le advirtió: “Usted no vuelve más, la patria la echa porque no la quiere más”. De inmediato, la interrogó: “¿Cuando los periodistas le pregunten por qué está en esa silla de ruedas, usted qué va a decir?”. La mujer le contestó: “Porque me torturaron”. 

Biscarte contó hoy que no sabe “para qué” le respondió eso, y afirmó que Suárez Mason la acusó de no querer “a la patria”. “Me dijo que si me iba no veía más a mis hijos y me hizo elegir. Creo que dije que me quedaba, y me hizo firmar un papel. Me dijo: ‘En seis meses, cuando pueda caminar, sale libre. A los seis meses justos, salí”, aseguró la mujer. 

Pero el calvario de Biscarte había comenzado en marzo del ’78, en Zárate, cuando un grupo de operaciones integrado por personal del Ejército y la Marina la secuestró en su domicilio de esa localidad, al noreste de la provincia de Buenos Aires. El primer destino de su detención fue la comisaría local, y siguió en el edificio de la Prefectura Naval, ubicado a una cuadra y media de su casa. Allí estuvo el primer día de los diez meses. 

El segundo traslado fue en el baúl de un auto al Arsenal Naval de Zárate, donde en un descampado, junto a otros detenidos, la estaquearon “de pies y manos, con las manos y pies abiertos, atados a postes; algunos con alambre y otros con soga”, según relató. Biscarte estaba vendada, pero pudo ver cuando un represor, al que identificó como “‘el topo’ Díaz, de inteligencia de Prefectura”, se le acercaba. Como el hombre advirtió que la mujer lo había visto, la desató y la llevó hasta la orilla del río. Allí esperaba una lancha que trasladaba grupos de detenidos hasta un barco. En la embarcación le ataron los pies y, junto a varios prisioneros más, la sumergieron en el agua. 

En ese descampado, donde había “miles” –tal fue el número que la mujer ratificó ante los jueces de la Cámara Federal- de detenidos “estaqueados”, Biscarti se encontró con el abogado Alfredo Deghi (ver 160800A), quien fuera muerto a balazos meses más tarde. 

El periplo de la ex detenida continuó en el Tiro Federal de la vecina localidad de Campana y, horas más tarde, en el Club Siderca, propiedad de la empresa homónima. En ese lugar, los detenidos estaban atados en “caracol”: “A la espalda, con los pies y las manos juntas”, describió Biscarti. 

Al poco tiempo, otro traslado: al centro clandestino conocido como “Pozo de Banfield”, al que describió como “una podredumbre”. La mujer recordó que allí pasaban los días y los represores no alimentaban a los detenidos. “Un compañero orinó, defecó, y yo tomé. Yo estaba sin dientes y con la boca destrozada. No sé si comí materia fecal”, afirmó la ex detenida, y estremeció a la sala de audiencias. 

Biscarti contó que en Banfield los represores les liberaban una mano a las mujeres y las obligaban a acariciarlos. Los guardias tenían apodos de animales: “Puma”, “Tigre”, “Yacaré”. Y había uno al que decían el “turco”. “Durante la tortura, el ‘Yacaré’ me sacó parte de los pezones. Después de las sesiones venía un médico y decía: ‘Dale que aguanta’”, afirmó. 

La testigo también sostuvo que en Banfield se escuchaban llantos de niños. “A mí me parece que había chicos a los que golpeaban para que sus padres hablaran, pero no sabíamos si eran nuestros hijos”, dijo Biscarti. 

“Después me tiraron a una pileta llena de cadáveres. Pasó un tiempo y escuché a un guardia que dijo: ‘Acá hay una viva’. Me sacaron y me llevaron a un lugar donde me colgaron un cartel con un número, de adelante y de atrás”, reveló. 

Al cabo de un tiempo que no pudo determinar, sufrió un nuevo traslado. Esta vez, a la comisaría de la localidad de Moreno, donde fue interrogada sobre una militancia política que no tenía. En la dependencia policial “nos arrimaban a los escapes de los camiones para que respiráramos el gas”, contó Biscarti. 

Días después, fue traslada con otros detenidos al Hospital Militar de Campo de Mayo. En este lugar el trato fue diferente. Siguió vendada, pero le permitieron lavarse y la alimentaron a diario. Estuvo allí cuatro días y recibió la visita de religiosas, que le regalaron un rosario y le dijeron que siguiera “rezando”. En el nosocomio también había una mujer que había dado a luz y reclamaba a su hijo recién nacido. “La mamá lloraba y le dijeron que se callara porque la iba a pasar mal”, contó la sobreviviente. En esos cuatro días estuvo con el abogado Deghi, con quien compartió una breve charla, junto a otros detenidos. Deghi formaba parte del mismo grupo de detenidos que Biscarti y había estado el Pozo de Banfield. 

La mujer pasó el final de su detención en las unidades penales de Olmos (cuatro meses) y Devoto. En esta última cárcel, la fue a visitar un delegado de la Cruz Roja, a raíz de un reclamo que hicieron sus familiares ante la entidad porque las autoridades del penal negaban tenerla detenida. 

El delegado le ofreció declarar lo que había vivido, pero “no me garantizaba la vida” después del testimonio, aseguró la mujer. No obstante, Biscarti decidió declarar. “Dije todo lo que había pasado y estuve 35 días arrestada en la celda de castigo” del penal de Devoto, agregó. Asimismo, médicos de la Cruz Roja la atendieron por su mal estado de salud —debido a las torturas— y le realizaron una operación en la vagina, uno de los lugares de su cuerpo donde tuvo que soportar la picana. 

Hace unos años Biscarti solicitó una copia de su testimonio en la Cruz Roja, pero allí le dijeron que la declaración estaba “en Ginebra” (Suiza) y que sólo podía pedirla el presidente de la Nación, en ese entonces Carlos Menem. Sólo le dieron constancia de que médicos de la entidad la habían atendido. 

Hoy, el juez Leopoldo Schiffrin anunció que la Cámara Federal librará un oficio para que sea remitida esa declaración al tribunal y anexada a la causa. 

La liberación de Biscarti llegó finalmente el 6 de enero de 1979. Dos días antes la habían trasladado de Devoto a “Coordinación Federal”, una dependencia policial. “Salí de allí y me hicieron caminar dos cuadras sin mirar para atrás. Entré en una mueblería. Dije que era presa política y que no tenía plata. El señor me pagó un taxi y me llevó a (la terminal de ómnibus de) Retiro”. Allí se subió a un colectivo que la devolvió a Zárate. 

“Por la fuerza pública” 

Por tercera vez consecutiva no concurrieron a brindar testimonio los policías de la comisaría 5° de La Plata citados por la Cámara Federal. Para hoy habían sido convocados Raúl Luciano Olivera, Raúl Pedro Muñoz y Adelmo Norberto Ricci, quienes formaron parte del personal de la dependencia durante la última dictadura militar. 

En las audiencias pasadas la Cámara había citado a otros policías, que tampoco concurrieron. Es decir, el tribunal enfrenta ausencias en masa. 

Consultado por esta Secretaría, el juez Leopoldo Schiffrin dijo que la Cámara ya realizó citaciones “bajo apercibimiento de multa a la primera incomparecencia”, y advirtió que “a la segunda, deberá (el policía) ser traído por la fuerza pública”. El magistrado calificó las ausencias como “sugestivas” porque “es la tercera audiencia que los policías no se presentan, teniendo en cuenta que no estamos citando policías que nunca citamos, sino que estamos repitiendo las citaciones” en algunos casos. No obstante, Schiffrin aclaró que el tribunal “revisará situación por situación para ver si todas las notificaciones (de citación) están debidamente practicadas”. 

— En este contexto de pronunciamientos públicos por parte del Ejército sobre los Juicios por la Verdad ¿la Cámara va a llamar a declarar a militares?- preguntó este cronista. 

— Nosotros no hemos variado de criterio. Hemos llamado a militares en muchas ocasiones y, si hay material contra otros, como bien puede suceder, lo seguiremos haciendo- respondió Schiffrin. 

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