Por Lucas Miguel y Francisco Martínez (especial para APDH La Plata) 

Sara Fernández es cabo primero de la comisaría 3° de La Plata, y trabaja en el archivo de esa dependencia desde hace casi tres años. Durante una inspección ocular que realizó la Cámara en la 3°, la mujer le comentó al secretario de la causa que en el año '95 o '96 le entregó al comisario y al subcomisario libros de detenidos de la época de la represión ilegal. 

Por este motivo, Fernández fue citada y precisó que los libros de detenidos y sumarios en cuestión comprendían los años "'73 a '78 u '82". Y que se los dio "en mano" a sus superiores: el comisario Ricardo Alberto González y el subcomisario Aldo Amaya, ya que según le dijeron, "había que hacer desaparecer" la documentación de esa época. "¿Sabe si fueron archivados en otro lugar o incinerados?", le preguntó el Tribunal. "No sé", respondió la testigo. 

La pregunta tenía relevancia ya que existe una reglamentación de la Policía provincial por la cual se ordena realizar una incineración de todo documento mayor de diez años, lo que debe constar en un acta. La cabo primero Fernández señaló que no existe ningún comprobante de la entrega de los libros de detenidos de la 3° a sus superiores. 

"Me dijeron que había que «hacer desaparecer»
 esa documentación", relató Fernández a 
los jueces de la Cámara Federal 

Los ex jefes de Fernández también declararon hoy y negaron haber recibido la documentación. Ricardo Alberto González, un comisario que fue declarado prescindible de la Policía en mayo del año pasado, dijo: "No recuerdo, me tengo que remitir a las actas". Sin embargo, esas actas -según dijo Fernández- no existen. 

El ex comisario se escudó diciendo que dada la gran cantidad de destinos que tuvo, no era posible que recordase el hecho puntual por el que lo interrogaban. "¿No recuerda o no lo hizo?", le inquirió el juez Leopoldo Schiffrin, después de decirle que no era creíble. "No lo hice", replicó González. 

"Según el Reglamento de Trámite y Correspondencia (de la Policía) se debe hacer un acta antes de la incineración de documentos", enseñó el ex comisario González. "Bueno, pero la diferencia entre el deber ser y lo que se hace, es grande", expresó Schiffrin. 

Por su  parte, el subcomisario Aldo Amaya también negó rotundamente haber recibido de manos de la cabo Fernández los libros de detenidos y de sumarios para ser destruidos. "Yo nunca recibí semejante orden ni hubiera ordenado eso. De eso no me hubiese olvidado nunca", sostuvo el policía, que actualmente es titular de la comisaría 2° de Ezeiza.  

Por la contradicción entre los testimonios de Fernández y sus ex jefes, se realizó un careo que resultó insulso, dado que los testigos se mantuvieron en sus dichos y el Tribunal no se preocupó en indagar más sobre la cuestión. 

Acusaciones contra Vicat 

En las audiencias de hoy también declaró Mario Ernesto Colonna en la causa por la desaparición de su hermano Juan Carlos.  

Mario fue detenido junto a Juan Carlos el 30 de julio de 1976 en su casa y trasladado, presuntamente, al Regimiento de Arana. En este lugar, Mario perdió el rastro de su hermano que al día de hoy está desaparecido.  

El testigo relató hoy que, después de su paso por el Regimiento, fue trasladado a una comisaría de Valentín Alsina y en diciembre 1976, a la Unidad Penal N°9 de Olmos, donde fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Sus últimos meses de detención los pasó en la cárcel de Caseros, hasta que fue liberado en 1981.  

Según contó Colonna, su prima María Inés Córdoba, estaba de novia con el oficial del Servicio de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (SIPBA), Luis Vicat, quien le dijo que sabía que Juan Carlos "estaba bien" y que habían matado a dos de sus compañeros.  

Actualmente, Luis Vicat está procesado por el fiscal Argüero por espionaje a jueces, legisladores, organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra el juez de la Cámara Federal de La Plata Antonio Pacilio.  

Antes de su detención, Mario Colonna realizó gestiones para hallar a un compañero secuestrado. Una de las reuniones la mantuvo con el capitán Cacibio, quien tiempo después lo interrogó durante su detención ilegal en Arana. Cacibio era agente de los Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y se estima que colaboraba en el SIPBA.  

El testigo también relató que en los últimos meses de su detención en Caseros se entrevistó con el teniente coronel (RE) Carlos Sánchez Toranzo, quien le pidió que se "rectificara de la utilización de la violencia". Mario Colonna le contestó al militar que estaba en contra de la violencia ejercida contra su familia por la dictadura.  

El mismo Sanchez Toranzo fue quien entrevistó al ex detenido Pablo Díaz  en la Unidad Penal N°9 de Olmos y le dijo que los chicos de "La Noche de los Lápices" fueron fusilados en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El militar negó esto en su declaración al Tribunal en abril pasado.  

Causa Calcagno 

En tanto, hoy declaró Estela Brusasco, ex preceptora de la Escuela Normal N°1 de esta ciudad, a la que concurría la estudiante desaparecida Claudia Alejandra Calcagno.  

Brusasco fue secuestrada el 15 de abril de 1977 en su casa, durante un operativo ilegal en el que participaron "diez hombres que me insultaron y golpearon", dijo ante el Tribunal. Y agregó: "Le preguntaban a mi hermana por mi cuñado, que era judío. Tuve que escuchar muchos insultos contra los judíos".  

La testigo declaró que no tiene la certeza del lugar en donde estuvo detenida -pasó los días vendada-, pero, por las descripciones que hizo, se puede inferir que Brusasco pasó por el centro clandestino de detención conocido como "Pozo de Arana" y la Brigada de Investigaciones de la calle 55 entre 13 y 14.  

Cuando llegó a Arana, Brusasco reconoció la voz de Claudia Calcagno entre los detenidos. Ante la Cámara, la mujer recordó con nostalgia que antes de la detención "hacíamos (junto a Claudia) teatro para chicos carenciados". 

Durante su detención ilegal de nueve días, la mujer debió soportar torturas físicas (picana eléctrica y golpes) y psíquicas: "Nos decían que nos iban a cortar los miembros y hacían simulacros de fusilamiento. En un momento les pedí que me mataran", sostuvo Brusasco.  

La mujer también contó que en el primer lugar donde estuvo la interrogó un hombre al que identificó como el "capitán negro" que le preguntaba por los nombres de sus compañeros de militancia. 

También declaró el hermano de Carlos López Mateos, un joven asesinado por las Fuerzas de Seguridad el 18 de diciembre de 1976, en una casa de 67 entre 14 y 15 de esta capital. 

Luis López Mateos manifestó que por dichos de un vecino se enteró que su hermano fue llevado al Regimiento 7 de Infantería, en camiones del Ejército, y que su cuerpo nunca apareció.  

El testigo contó además que la dictadura secuestró a su madre, Nelly Mateos, y a su hermana, Elsa Noemí López Mateos, en un hecho que ocurrió el 12 de noviembre de 1976. Las dos mujeres están desaparecidas, al igual que la pareja de Carlos López Mateos, Silvia Isabella Valenzi, quien fue secuestrada cuando estaba embarazada de cinco meses el 22 de diciembre del mismo año. Esta mujer, según declaró su hermana a la Cámara en mayo pasado, fue llevada a tener a su bebé del centro clandestino conocido como "Pozo de Quilmes", al hospital Municipal de esa ciudad, por el ex médico policial Jorge Bergés. El testigo que declaró hoy confirmó ese dato, y que nunca se supo que pasó con la niña de padres desaparecidos. 

Ir arriba