Por Lucas Miguel y Francisco Martínez  (Secretaría de Prensa) 

Serrano prestó testimonio por la desaparición de Mónica Sofía Grispón y Claudio Ernesto Logares, secuestrados en Montevideo (Uruguay) el 18 de mayo de 1978 junto a su hija Paula, de 23 meses de edad.  

El de Paula Logares fue el primer caso de un niño devuelto a sus familiares biológicos después de haber sido apropiada por una familia allegada al régimen militar. Pero Mónica Grispón y Claudio Logares continúan desaparecidos. Lo único que saben sus familiares es que fueron traídos a la Argentina y que estuvieron detenidos ilegalmente en la Brigada de Investigaciones de San Justo.  

La citación de Serrano se produjo a raíz de la declaración en julio pasado de Elsa Pavón, madre de Mónica, quien dijo que el marino le había dicho que “Claudio era irrecuperable, que no lo veríamos más. Pero (que) su mujer y su hijita volverían pronto”.  

Hoy Serrano manifestó que era amigo de Claudio y Mónica, a quienes conoció después de haber compartido varias excursiones junto a Claudio, quien había sido alumno de la Escuela Naval y tuvo la posibilidad de compartir con Serrano varias horas de conversaciones. 

Serrano dijo que su vínculo con el joven Logares fue creciendo con el tiempo y que se cortó abruptamente a fines del ’75 “cuando él me dijo que había pasado a la clandestinidad”. El marino también comentó que casi dos años después recibió una llamada de Claudio, en la que éste le pidió que se encontrasen en la terminal de ómnibus de Mar del Plata, ciudad donde residía Serrano en esos años.  

Según relató el militar —retirado en 1974 después de un accidente en el que perdió un ojo—, Claudio le manifestó que estaba buscando refugio: “Me dijo que había entrado en la Juventud Peronista y en (el Movimiento) Montoneros y que estuvo ahí hasta que se dio cuenta que los líderes de la agrupación lo habían engañado”, afirmó el marino. Y siguió: “(Claudio) dijo que había ido a las villas de la zona de Reconquista (Gran Buenos Aires) a decirle a la gente, que él había estado adoctrinando, que dejara las armas porque los (líderes de Montoneros los) habían engañado, y que por esto Montoneros lo había sentenciado a muerte”.  

Siempre según Serrano, Claudio, Mónica y su hija estuvieron varios días en su casa hasta que la familia decidió irse a vivir a Uruguay porque “estaban siendo perseguidos por las fuerzas legales (sic) y por Montoneros”.  

Mientras los Logares vivieron en Montevideo, intercambiaron correspondencia con Serrano hasta que un amigo común de Claudio y el marino, que residía en el país oriental, le comunicó a éste último que la familia había desaparecido. “Primero pensé que era una operación de Montoneros, pero como no aparecieron los cuerpos me di cuenta que habían sido las fuerzas legales”, sostuvo Serrano ante el Tribunal.  

Después de la desaparición, el marino se dirigió a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para consultar por la suerte de sus amigos. Pidió hablar con Jorge “el Tigre” Acosta —procesado actualmente por el robo de niños nacidos en cautiverio—  pero no pudo conseguir una entrevista con el represor. En cambio, pudo hablar con el teniente Néstor Sabio, asistente de Acosta y ex subordinado suyo. A los tres días, Serrano recibió una respuesta por parte de Sabio: “La SIDE —comentó Serrano— no le proporcionó (a Sabio) información porque las relaciones con la Armada eran ásperas. También le dijeron que las fuerzas de seguridad no intercambiaban información entre sí, salvo en operaciones conjuntas, y que esa persona (Claudio) operaba en la columna oeste de Montoneros, en jurisdicción del Ejército”. 

Serrano también relató que llamó a un ex compañero suyo, oficial de inteligencia de la Armada Miguel Ángel Ita, para decirle que los Logares “portaban documentos originales (no falsos), que no estaban en la clandestinidad y que Montoneros los había condenado”, con el fin de que “no les pasara nada” durante su detención ilegal. 

Durante su declaración, Serrano se encargó de repetir que “estábamos en una situación de guerra revolucionaria interna”. Asimismo, diferenció dos tipos de desaparecidos: “recuperables e irrecuperables”. Preguntado por la definición de ambos términos, el marino respondió: “Recuperable era una persona absolutamente normal que podía ser reinsertada en la sociedad; irrecuperable era un enemigo subversivo que había matado y cometido hechos terroristas”.  

“¿El irrecuperable que suerte corría?”, le preguntó al marino la representante legal de Elsa Pavón, Sara Cánepa. “Supongo que era eliminado”, contestó Serrano sin vacilar, al tiempo que afirmó: “Si era recuperable, debía aparecer después de la guerra subversiva. Pero claro, en la guerra mueren muchos inocentes. Ellos (Mónica y Claudio) no eran inocentes, pero creo que no debía haberles pasado esto”. 

En su testimonio Serrano manifestó que “tenía conocimiento que (la represión) se estaba operando a nivel Cono Sur, pero por comentarios”, y aludió así al Plan Cóndor. Además dijo que cuando fue a preguntar a la ESMA por el paradero de Claudio, sabía que allí “funcionaba un centro de detención de subversivos”.  

Desestiman indagatoria a Etchecolatz 

En tanto, la Cámara Federal de La Plata resolvió por mayoría desestimar el pedido del juez Leopoldo Schiffrin de citar a declaración indagatoria al ex represor Miguel Etchecolatz. 

En una resolución que se dio a conocer recién hoy, la mayor parte de los jueces (y los conjueces convocados para el plenario de ayer) entendieron que el caso debía resolverse con una denuncia ante el Fiscal General de Cámaras de La Plata, si bien dos jueces pidieron que el caso pase al fiscal de Capital Federal. También se adujo que el fin del proceso abierto en abril del año pasado es la averiguación de la verdad, “y carece de propósitos de persecución penal”. 

El escrito, que resultó ser muy complejo, incluye el pedido de un conjuez que en un primer momento solicitó que se cambie el número de votantes, que finalmente quedó en 13.  

Por otro lado, en ninguna parte de la resolución se hizo referencia a la cuestión de fondo, es decir, los casos por los que Etchecolatz está acusado y por los que nunca fue juzgado o amnistiado. En el plenario, los jueces se limitaron a discutir si la Cámara era competente o no, o si las posiciones de los jueces eran coincidentes o disidentes.  

En ese sentido, no existió ninguna referencia a los casos de tortura, privación ilegal de la libertad, violación y homicidio calificado por los que fue acusado Etchecolatz, imputaciones que surgieron de la información recabada en el “Juicio por la Verdad” . 

Sin datos 

En la jornada de hoy también declaró Carlos Alberto Pérez, hermano de Ramón Lucio Pérez, desaparecido el 9 de noviembre de 1976, después de que integrantes del Ejército irrumpieran en su casa.  

Pérez relató ante la Cámara lo que le contó su cuñada y varios vecinos. “Dijeron que explotó una bomba en la puerta del departamento” e ingresaron oficiales del Ejército, que se movilizaban en dos camiones de esa fuerza y en autos Ford Falcon. Los secuestradores, según la cuñada de Pérez, tenían sus rostros cubiertos “con pasamontañas y túnicas” y le dijeron que debía preguntar por su marido en la sede del I Cuerpo de Ejército, en el barrio de Palermo de la Capital Federal. 

Tiempo después del secuestro, un oficial del Ejército se hizo presente en la casa de la víctima y le advirtió a su esposa que “no investigara más” sobre el paradero de su esposo Ramón.  

Según Carlos Pérez, “un trascendido dice que estuvo en el Pozo de Banfield y que después pasó a un centro clandestino de La Plata, del que no recuerdo el nombre”.  

Ramón Lucio Pérez era estudiante, trabajaba en la embajada de Cuba, presidía un centro de estudiantes en Lomas de Zamora y militaba en la Juventud Comunista.  

Por otro lado, declaró Delia Beratz, hermana del desaparecido Rubén Abel Beratz. Delia contó que el 19 de agosto de 1976 su tío recibió una llamada telefónica anónima con el siguiente mensaje: “Familiares de Rubén Beratz viajen urgente a La Plata”.  

Cuando la familia Beratz, que reside en Coronel Pringles, viajó a esta ciudad se encontró con la casa de Rubén vacía, porque incluso los secuestradores habían saqueado el domicilio.  

Delia sostuvo que “mi hermano desapareció con tres compañeros más” y un arquitecto de nacionalidad boliviana, de apellido Ringolini, que apareció muy golpeado al poco tiempo y se fue a su país natal prometiendo a la familia Beratz que iba a volver a declarar. Según Delia “nunca más lo ubicamos”.  

Las únicas noticias que tuvo la familia de la víctima fueron una carta del capellán de la Armada, monseñor Emilio Teodoro Graselli, en donde —según Delia— el clérigo daba a entender “que no se buscara más, que Rubén estaba muerto”, y el testimonio del estanciero Jesús Díaz Vega que “nos dijo que mi hermano estaba detenido en la cárcel de Coronda, en Córdoba”, según expresó la mujer ante los jueces.  

También se presentó a declarar hoy Luis Fernando Uncal, ex pareja de la desaparecida Hilda Margarita Farias, secuestrada el 20 de diciembre de 1976. Uncal pidió al tribunal declarar en reserva, por lo que los jueces pidieron que se desalojara la sala de audiencias. No obstante, inesperadamente el testigo dijo que no tenía datos para aportar. 

Un día detenidos en su casa 

En las audiencias de hoy también declaró Lorenza Ávalos, hermana de Jorgelina Aquilina Ávalos, secuestrada en su casa de La Plata el 9 de junio de 1977. 

Lorenza contó a los jueces que ese día se dirigió al domicilio de sus padres, que vivían al fondo de un pasillo de una casa comunicada con la de su hermana Jorgelina. “Antes de llegar (cuando iba caminando por el pasillo) unos hombres me detuvieron y me hicieron entrar a la casa de mi hermana”, afirmó Ávalos. 

Ya en el interior de la casa, Jorgelina le dijo que los represores estaban allí desde las tres de la mañana esperando a su marido Miguel Gómez. En el lugar también estaba la hija del matrimonio, de sólo nueve meses.  

Los represores estuvieron en la casa hasta la once de la noche, cuando se cansaron de esperar a Miguel y se llevaron a su esposa Jorgelina junto a un matrimonio que había ido de visita a las tres de la tarde, y que también está desaparecido. Lorenza contó que uno de los militares le dijo: “Tenemos que llevar a su hermana por averiguación, porque su marido no se ha presentado”.  

Miguel, que permaneció en la clandestinidad, finalmente apareció con la llegada de la democracia y dijo a la familia Ávalos que no fue ese día a su casa porque se había enterado que lo estaban buscando las fuerzas de seguridad. 

Lorenza también afirmó ante los jueces que “a los dos días mis padres y mis hermanos fueron visitados y saqueados” por los represores. Y dijo que su familia hizo innumerables gestiones para hallar a Jorgelina.  

Además, la testigo sostuvo que cuando fue a una dependencia del Ejército a averiguar por su hermana se encontró con un militar al que le preguntó por Jorgelina: “Me dijo que no sabían nada porque ya la habían entregado”, contó Lorenza durante la audiencia. En una comisaría le sucedió otro hecho que no puede olvidar: “Nos dijeron que levantáramos la denuncia para que no nos pasara nada”, agregó.  
  
Policía secuestrado 

Un ex policía relató hoy a la Cámara Federal el secuestro que sufrió durante la última dictadura. Rubén Ares dijo que en octubre de 1976 era un agente que prestaba funciones en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, en cuyas dependencias funcionó el centro clandestino conocido como “Pozo de Quilmes”. 

Quebrado por el llanto, Ares relató que en una oportunidad un superior (un cabo de apellido Gómez) lo envió a repartirle la comida a los detenidos ilegales de la Brigada. Esa vez, Gómez permitió a los detenidos que se saquen las vendas, y que se desaten las manos, para poder comer. 

Días después, según contó el testigo, un grupo de policías lo fue a buscar por la noche a  su domicilio, “para realizar un trabajo”. “Fuimos a la Brigada y el subcomisario Aguirre me preguntó si estaba en un partido político, si era comunista o guerrillero. Yo nunca estuve en nada”, expresó conmocionado Rubén Ares. 

El testigo señaló que entonces fue interrogado por “el comisario Belich, por Aguirre y por un señor canoso”, y que también fue torturado con la picana. En ese interrogatorio Ares se enteró que una de las detenidas ilegales a las que les había servido la comida lo tildó de “comunista” ante sus compañeros, lo que resultó ser la causa de la detención ilegal del ahora ex policía, que se prolongó por tres meses. 

Ares dijo que pasó por un centro clandestino que habría estado ubicado en La Plata, y luego por el “Pozo de Bánfield”, de dónde recuperó su libertad el 20 de enero de 1977. “Me dijeron: ‘Naciste de nuevo, pero no te queremos ver más en la Provincia’”, expresó. 

El ex policía afirmó que entonces se fue a vivir a Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, lugar de su actual residencia. “Después sufrí una media parálisis facial; el médico dijo que fue por nervios. He tenido un pre-infarto”, enumeró Ares sobre los efectos que la represión ilegal le dejó. “Después de 23 años, tengo miedo que me pase algo (problema de salud), quiero que esta sea la única vez que declare y olvidarme”, agregó Rubén Ares. 

Archivos de Inteligencia 

En otro orden, la Cámara Federal de La Plata resolvió ayer aceptar la colaboración del equipo ofrecido por la Comisión Provincial de la Memoria, en relación con la puesta a resguardo de la documentación existente en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), que cuenta con numerosos datos sobre la represión ilegal. 

No obstante, el Tribunal limitó el permiso de “digitalización y/o microfilmación del material al período correspondiente entre los años 1976 y 1983”. De esta forma, se negó la solicitud de la Comisión de la Memoria para que se haga una copia del período anterior al Golpe de Estado del ’76 y la etapa posterior a la dictadura, habida cuenta de que en ese Archivo —según se dio a conocer— existirían datos del espionaje realizado por la Policía bonaerense durante el gobierno constitucional. 

El fundamento que dio la Cámara fue que el Juicio por la Verdad abierto por la resolución 18/98 de abril del año pasado, limita la investigación al período comprendido por los siete años de la última dictadura. 

Además, en un punto relevante de la resolución, la Cámara dispuso prohibir la entrada al archivo de la ex DIPBA “a toda persona, cualquiera sea su función o jerarquía”, sin la correspondiente autorización de la mayoría de los jueces del Tribunal. Esta actitud se tomó luego de que el ex ministro de Justicia y Seguridad, Carlos Soria, mostrara públicamente el archivo de la ex Dirección de Inteligencia, un lugar que la Cámara mantenía bajo absoluta reserva desde hace algunos meses. De ese hecho trascendió que habían sido identificados 124 desaparecidos enterrados en tumbas NN, un número que más tarde nadie supo aclarar de dónde había salido, y que provocó la consecuente conmoción de los familiares de las víctimas de la represión ilegal, que se preguntaban si los restos sus seres queridos estarían entre esas identificaciones. 

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