| ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS LA PLATA |
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Jurídica
> Resoluciones > Sentencia condenatoria contra
Jorge Bergés y Miguel Etchecolatz por la supresión de identidad y la
falsificación de los documentos de una hija de desaparecidos nacida en
cautiverio.
La Plata, 29 de Marzo de 2004. Y VISTOS: Concluido el debate celebrado en la fecha ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, se reúnen sus integrantes Dres. Nelson Javier Jarazo que lo preside, Ana Beatriz Aparicio y Carlos Alberto Rozanski, a fin de deliberar y dictar sentencia en la causa N°1702/03 —procedente del Juzgado Federal N°3 de La Plata— seguida a JORGE ANTONIO BERGÉS, argentino, nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de agosto de 1942, hijo de Alfonso Joaquín y de Olga Da Riva, casado, jubilado, con domicilio en Magallanes 1441 de Quilmes y DNI 7.726.674; y MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ, argentino, nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, el 1° de Mayo de 1922, hijo de Manuel y Martina Santillán, casado, jubilado, con domicilio en Boulevard de Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas de Mar del Plata y DNI 5.124.838; de cuyas constancias, RESULTA: El Señor Fiscal de Instrucción requirió la elevación a juicio de la presente causa (fs. 1915/1926) oportunidad en la cual, por estimar que la instrucción se hallaba agotada, solicitó se juzgará a Jorge Antonio Bergés como autor material de los delitos de supresión de identidad agravado, en concurso ideal con la falsificación ideológica de instrumento público destinado a acreditar identidad, previstos y reprimidos por los arts. 139 segundo párrafo, 139 bis, 292, 293, 45 y 54 del Código Penal. Solicitó asimismo, se juzgara a Miguel Osvaldo Etchecolatz como autor del delito de supresión de identidad agravado, en los términos del art. 139 segunda parte, 139 bis, 45 y 54 del mismo cuerpo legal. Tuvo en cuenta para ello, las constancias sumariales que llevaron a determinar que la hija de Aída Cecilia Sanz Fernández —detenida en “Pozo de Banfield— nació el 27 de diciembre de 1977, mientras su madre se encontraba en tal condición, con el nombre de Carmen Sanz y actualmente, se registraba como María de las Mercedes Fernández, hija de Horacio Enrique y de Marta Noemí García. Tomó en consideración además, la sentencia dictada en la causa N°44, que dictara la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, y que fuera glosada a la presente en legajo adjunto, declaraciones testimoniales, informes, peritajes y demás elementos de cargo reunidos durante la instrucción. Por su parte, la querellante por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, a fs. 1815/1825 también requirió la elevación de la causa a juicio, imputándoles a ambos procesados, ser autores de falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas (acta de fs. 766) y supresión de estado civil e identidad; y como partícipes necesarios de falsedad ideológica de instrumentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas (actas de fs. 96 vta. y 730 vta.) y retención y ocultamiento de menor de diez años, en concurso material (arts. 45, 55, 138, 139 inc. 2°, 146 (texto ley 24.410), 293 párrafos 1° y 2° en función del art. 292 segundo párrafo (ley 20.642 y 21.766) del Código Penal. Solicitó además se decrete la nulidad de la inscripción de María de las Mercedes Fernández y se la inscriba como Carmen Gallo Sanz. Finalmente, la querellante por la organización Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, a fs. 1846/1849 pidió el juzgamiento de ambos imputados como autores responsables de falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas (acta de fs. 766 de María de las Mercedes Fernández) y supresión de estado civil e identidad; y como partícipes necesarios en falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas (actas de fs. 96 y 730) y retención y ocultamiento de una menor de diez años, en concurso material (arts. 45, 55, 138, 139 inc. 2°, 146 (texto ley 24.410), 293 primer y segundo párrafo en función del art. 292 segundo párrafo —ley 20.642 y 21.766— todos del Código Penal. Recibida la prueba ordenada en autos, alegaron las partes sobre ellas en los términos de lo dispuesto por el art. 393 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, haciéndolo en primer lugar, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Dr. Javier Marcelo Percow. Comenzó haciendo una relación de los hechos atribuidos a los procesados, estimando que los mismos estaban en concurso real con traición a la patria, y expidiéndose en cuanto al concepto de autor, la teoría objetiva de la responsabilidad y señalando que ambos eran coautores de los delitos que calificó como falsedad ideológica del acta de nacimiento y supresión o suposición de estado civil, siendo autores mediatos de los de retención y ocultamiento de una menor de diez años. Consideró que se trata de delitos de lesa humanidad, y en su consecuencia, son imprescriptibles, señalando por otra parte, toda la actividad que su organismo llevó a cabo intentando que se lleve a juicio y castigue a los responsables de ellos. Consideró como agravante la naturaleza aberrante de los delitos imputados así como la ausencia de arrepentimiento de sus autores. Pidió en definitiva se condene a cada uno de ellos a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas. Por su parte y en representación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se expidió en primer lugar la Dra. María Ester Alonso Morales, haciendo una relación y síntesis de lo que llamó el circuito represivo en la Provincia de Buenos Aires, y el papel que en él jugaron los procesados. Atribuyó asimismo la existencia de una práctica sistemática de apropiación de niños nacidos en cautiverio, utilizando a esos fines, una falsa constatación de parto por inexistencia de este, que precede el acta de nacimiento de la víctima de autos, la Srta. Fernández. Este era el presupuesto necesario para su posterior supresión de estado civil y falsedad de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas, que se prolongó por 21 años. Señaló que ella no debía continuar su vida con una falsa identidad y con un documento igualmente apócrifo solicitando se decreta la nulidad de su inscripción de nacimiento, se ordene una nueva con sus verdaderos datos de identidad, en lo que estima sería una reparación para ella, para sus padres y abuela desaparecidos y para la sociedad toda. Por su parte, el Dr. Ramón Horacio Torres Molina, por la misma entidad, señaló que la intervención de la justicia federal es una clara demostración de que se trata de un crimen de lesa humanidad, porque forma parte de un plan sistemático de desaparición de personas, como así lo establecieran las sentencias 13 y 44 de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal. Señaló que el art. 7 de la Convención Internacional sobre desaparición de personas consagró la imprescriptibilidad de la acción y de la pena en los crímenes de guerra y de lesa humanidad. También abundó en detalles sobre la cantidad de menores desaparecidos y recuperados, la necesidad de creación y perfeccionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la Comisión Nacional de la Identidad y el pleno valor legal del estudio genético incorporado al proceso. Descartó la aplicación de atenuantes o eximentes ya que podrían haber informado sobre el destino de los desaparecidos o de los niños de modo de ayudar a resolver estos casos, y en cambio citó como agravantes la condición de policía de ambos y de médico de Bergés. Pidió en definitiva se condene a Etchecolatz a la pena de quince años de reclusión, accesorias legales y costas, como autor mediato de delitos de supresión de identidad, retención y ocultamiento de menores; y a Bergés a la misma pena, en calidad de autor de los mismos delitos así como los de falsedad de instrumento público en concurso real con el de falsedad ideológica de instrumento público destinado a acreditar la identidad de las personas; y se decrete la nulidad el certificado de nacimiento de la víctima de autos. A su turno, el Fiscal General Coordinador, Dr. Hugo Omar Cañón, hizo un esbozo del contexto general dentro del cual se produjo el hecho juzgado en la causa, remitiéndose a los datos que surgen de las ya citadas sentencias 13 y 44 de la Cámara Federal de Capital Federal e insistiendo en la existencia de un plan sistemático para sustraer a los menores y así llegar a su real objetivo que era el exterminio de quien se oponía al grupo gobernante, garantizando la impunidad de sus involucrados. Finalmente, el Fiscal General del Tribunal, Dr. Carlos A. Dulau Dumm, en función de los argumentos que transcribe el acta de debate que antecede, consideró que se habían probado los hechos y la responsabilidad penal de los causantes, compartiendo todas y cada una de las apreciaciones formuladas por los colegas que lo precedieron en la palabra, en función de las conductas y tipos penales que se habían cumplido. Señaló la permanente actividad fiscal en la persecución del delito y averiguación de los autores, considerando a Bergés autor y a Etchecolatz, partícipe necesario, en el delito de los arts. 139 inc. 2° y 139 bis del Código Penal, pues si bien el hecho comienza antes de la vigencia de la ley 24.410, el delito continuó desarrollándose después de su dictado, en supresión de identidad de un menor de diez años, retenido y ocultado, agravado por la calidad de funcionarios públicos de ambos procesados y médico en el caso de Bergés, en concurso ideal respecto de este último, con el de falsedad ideológica de instrumentos públicos destinados a acreditar la identidad de las personas de los arts. 292, 294 y 54 del Código Penal. En su mérito, solicitó se los condene a la pena de diez años de reclusión, accesorias legales, inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena y pago de las costas del juicio. Respecto de los documentos de la víctima, pidió que se anulen las actas y se analice y disponga de la forma más prudente posible para conciliar su expreso pedido. Corrido el traslado de ley, la Señora Defensora Pública Oficial Subrogante, Dra. Laura Inés Díaz, en los términos que reseña el acta ya indicada, en representación de Jorge Antonio Bergés, manifestó que se abstenía de toda consideración respecto a los sucesos expuestos en el debate, limitándose a llevar adelante la defensa técnica de su asistido y solicitar en tal carácter, su libre absolución. Consideró ineficaces los testimonios recibidos para dilucidar la responsabilidad de su defendido pues los hechos fueron tenidos por cierto en la sentencia 44 sin que ninguno aporta elemento alguno para afirmar que Bergés haya asistido al parto de Aída Sanz, debiendo ser valorados con suma prudencia toda vez que, aún habiendo afirmado cada uno que no le comprendían las generales de la ley, la mayoría había sido víctima directa o por algún familiar de la represión relatada. Por otra parte, relatan conocimientos por investigaciones posteriores y no por percepción directa de sus sentidos. Volvió a plantear la nulidad del estudio genético pues si bien no discutía su idoneidad técnica, cuestionó el incumplimiento de las formas legales que como garantía de control, hace al debido proceso y a la defensa en juicio. Lo único cierto es la constatación de parto reconocida por Bergés, elemento este que consideró era un instrumento mixto pues una parte la llenó el nombrado, conforme a las normas legales entonces vigentes, y el resto el Registro de las Personas, sin acreditar identidad, advirtiendo que fue utilizada fuera del plazo legal sin que mediara resolución expresa que lo autorizara conforme lo así ordenado en Dec-ley 8204/64, Disposición 2315/69 y Decreto 1360/72. Señaló que en todo caso, los datos de filiación no fueron puestos por Bergés como así lo confirmó el peritaje respectivo, sino que fueron brindados por los padres de la menor, respecto de quienes estimó su versión dada en sus respectivas indagatorias, como interesada en tanto también ellos estaban involucrados en el hecho de que se trataba. Cuestionó la inclusión de la figura del art. 146 del Código Penal, toda vez que por la sustracción de la menor existía cosa juzgada al ser absueltos en la causa 44, y respecto de las otras dos acciones contenidas en la misma norma, se había también desestimado su procedencia por el juez de instrucción, en decisión confirmada por la Excma. Cámara Federal de La Plata. Destacó además que no medió indagatoria respecto de la retención u ocultamiento imputado. Finalmente, puso de relieve que no resultaban aplicables figuras más severamente penadas en función de la ley 24.410 pues debía primar el principio elemental de ley más benigna. Sin perjuicio de ello, y disintiendo con que se trate de delitos de lesa humanidad, opuso falta de acción por prescripción, en función del art. 62 inc. 2° del Código Penal, sin que existiera causal alguna de interrupción de su curso. Estimó que de haber delito, tanto el art. 146 como el 139 se refieren a menores de diez años, pero para cuando se determinó la identidad de la causante, ya era mayor de edad y en consecuencia, se agotó el delito en cuestión. Podrá haber un delito contra la libertad, pero no las figuras de mención. Finalmente, hizo reserva de recurrir a casación de estimarlo pertinente. Por último, el Dr. Adolfo Casabal Elía, en representación de Miguel Osvaldo Etchecolatz, y con fundamento en los motivos que consigna el acto de referencia, expresó que conforme lo expresara la Dra. Díaz, si Bergés no cometió delito alguno, tampoco lo había hecho su defendido en atención a las razones dadas para su incriminación. Atacó la mediatización del proceso y la tendencia política que informa todo este tipo de juzgamientos, destacando que se olvida de las “cárceles del pueblo” y de la muerte de tantos civiles y militares en los que llamó “guerra sucia”, cuestionando que por vía del denominado “dominio del hecho” se pretenda responsabilizar a un superior jerárquico por el delito de un dependiente. En todo caso, podrá haber una responsabilidad civil y consecuente derecho a indemnización, pero no penal. Señaló que de todas maneras, su asistido no tenía dominio alguno sobre lo que uno de los 2.700 efectivos a su cargo pudiere hacer por su cuenta, estimando que debía ser absuelto porque se lo había tomado como blanco, en razón de haber sido un luchador contra la subversión. Finalmente, señala que sólo en forma subsidiaria pide la declaración de la prescripción, pues en todo caso, su dominio del hecho habría cesado cuando pasó a retiro, cuando no tiene dominio de nada. También formula reserva de recurrir en casación y por la vía extraordinaria. Previos traslados de ley de concedérsele a los procesados la oportunidad de brindar la última palabra al Tribunal, se declaró cerrado el debate y los Señores Jueces pasaron a deliberar en sesión secreta. Y CONSIDERANDO: Que a fin de no dilatar la audiencia del día de la fecha, se difiere la lectura de los fundamentos del presente decisorio para el día que más adelante se fija, conforme lo normado por el art. 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Por ello, luego de oídos el Ministerio Público Fiscal, las Querellas y las Defensas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, pronuncia el siguiente FALLO: 1) Rechaza —por unanimidad— los planteos de nulidad del estudio de ADN formulados por los Señores Defensores, y —por mayoría— el de prescripción también deducido. 2) Condena —por mayoría— a JORGE ANTONIO BERGÉS —de las restantes condiciones personales antes referidas— a la pena de siete años de prisión, inhabilitación especial por el doble en tiempo del de la condena, con accesorias legales y pago del 50% de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de supresión y suposición de estado civil e identidad, agravado por tratarse de una menor de edad y por la condición de funcionario público y médico, en concurso ideal con falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas, previstos y reprimidos por los arts. 139 inc.2°, 139 bis, 292 y 293 del Código Penal (arts. 12, 21, 29 inc.3°, 40 y 41 del Código Penal y 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). 3) Condena —por mayoría— a MIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZ —de las restantes condiciones personales antes indicadas— a la pena de siete años de prisión, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, accesorias legales y pago del 50% de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de supresión y suposición de estado civil de la identidad, agravado por tratarse de una menor de edad y por su condicion de funcionario público, previsto y reprimido por el art. 139 inc.2° y 139 bis del Código Penal (arts. 12, 21, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal, y 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). 4) Fija la audiencia del próximo 6 de abril del corriente año, a las 9.30 hs. para la lectura de los fundamentos de este pronunciamiento. 5) Dispone la anotación marginal en el acta de nacimiento N°617 II A labrada en Quilmes, el 27 de marzo de 1978 al folio 82, haciendo constar que María de las Mercedes Fernández, es Carmen Sanz, hija de Aída Sanz Fernández y de Eduardo Gallo Castro, librándose oficios al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil correspondiente y a la Policía Federal Argentina, a sus efectos (art. 528 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación). 6) Ordena se expidan testimonios de las piezas pertinentes a fin de que se investigue el ilícito denunciado por la testigo Bermúdez Calvar, así como los requeridos por el Señor Fiscal Coordinador Dr. Hugo Cañón, y los necesarios para la investigación de la retención y ocultamiento previstos en el art. 146 del Código Penal no alcanzados en este proceso, remitiéndoselos al Señor Juez Federal en turno, a sus efectos. 7) Se tiene presente las reservas recursivas formuladas por los Señores Defensores de los procesados. Regístrese, notifíquese por lectura en el acto
de la audiencia ya ordenada y firme la presente, comuníquese en la forma de
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