El defensor de Etchecolatz, Luis Boffi Carri Pérez, interrogó a Alfonsín acerca de los motivos que llevaron a su gobierno a promover la sanción de las leyes de punto  final y  obediencia debida, a lo cual el ex presidente respondió: “niego rotundamente haber sido  extorsionado”. Defendió a sus jefes de Estado Mayor: “eran defensores de las instituciones de la Nación pero me hacían conocer la situación en que realmente se encontraba las  fuerzas que comandaban. Esto hacía suponer claramente que era necesario producir algún tipo de acción con el propósito de  aliviar las  tensiones”. Además, afirmo que preveían que el efecto de la ley de punto final, al fijar una suerte de caducidad en la instancia, iba a circunscribir el  efecto respecto de  los  imputados, que suponían serían no más de  cien personas. Pero destacó que “fue una ley que no  cumplió para  nada con los objetivos, sino que tuvo el efecto paradójico de  ampliar aún más el universo para  quienes aparecían como imputados”.

Alfonsín expresó que durante su campaña había distinguido tres niveles de responsabilidad: en el primero quienes habían dado órdenes,  sobre ellos querían hacer caer todo el  peso de la culpabilidad; en el segundo,  los que se habían excedido en el  cumplimiento de esas órdenes; y por último, los que las habían cumplido, sobre quienes se había decidido no actuar. Respecto a esta cuestión, que le valiera el rechazo unánime de los organismos de derechos humanos, afirmó que “a nadie se  le puede  ocurrir llamar a mil militares en actividad a proceso”, porque no tenían las fuerzas necesarias. Estas  fueron las  razones que alegó, argumentando que el fin de las leyes era mantener el orden constitucional y pacificar el país.

Afirmó que durante su gobierno estaba condicionado por la presión de las fuerzas armadas, que se produjeron levantamientos militares y que lo que intentó fue salvar  a la república, saltando muchos obstáculos para lograrlo. También aseguró que el hecho de que hubiera movimientos quería decir que existía por esa época un peligro muy cierto en la Argentina y que seguramente las personas que tengan treinta años podrán no advertirlo y negar la historia. Sobre el final, reconvenido por los querellantes, aclaró que no se refería a los hijos de desaparecidos, que tienen esa edad.

Sostuvo también que esas leyes “fortalecieron a las instituciones”, pero que fueron dictadas en una situación especial de transición a la democracia, con el propósito de afirmar y asegurar la misma y que pasado el tiempo la justicia estableció la nulidad, lo que permite que sean juzgados casos que habían quedado irresueltos. “Uno se alegra que algunas personas que habían quedado impunes por efecto de la ley sean llevadas a juicio”.

Defendió también las excepciones que la ley de obediencia debida contemplaba, recordando que para la época de los indultos menemistas había más de cuarenta procesados por su capacidad decisoria.

El presidente del Tribunal Oral, Dr. Carlos Rozansky le preguntó acerca de su actividad como abogado durante la dictadura. El testigo mencionó que por entonces era Vicepresidente de  la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Comentó al respecto que trabajaban en el tema, recibían denuncias y firmaban habeas corpus. También recordó que patrocinó algunos casos en particular.

Con respecto a los habeas corpus presentados, la mayoría resultaban negativos. Durante ese período se presentaron muchos casos de  personas desaparecidas y después de un tiempo de trabajo, ya durante su presidencia, la CONADEP sólo pudo registrar nueve mil casos.

Declaro también que durante su gestión se logró condenar al general Camps, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también al Jefe de Investigaciones Etchecolatz, sentenciado a 23 años de prisión.

Al finalizar la audiencia Alfonsín arremetió contra el presidente Kircher, de quien dijo que está llevando una campaña, que “pareciera que quiere reinventar la historia, porque habla como sino hubiera pasado nada. Cuando pide disculpas porque en veinte años de democracia no se hizo nada, evidentemente se olvida del juicio a las juntas militares”.

Al finalizar la jornada el público se retiro de la sala y abucheó al ex presidente enrostrándole la impunidad brindada a los asesinos de la dictadura.

Mañana, jueves 31 de agosto,  se llevará a cabo una nueva inspección ocular en la Brigada de Investigaciones de Quilmes.

 

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