El
primer testigo en declarar fue Eduardo Alfredo Ves
Losada, de 86 años de edad, presentado por la fiscalía
del Dr. Carlos Dulau Dumm y la querella de las abogadas
Bregman y Godoy. Mario
Teruggi -padre de Diana- en 1976 le manifestó a Ves
Losada, amigo por entonces, la necesidad de averiguar
el paradero de su nieta, Clara Anahi Mariani, de quien
no se tenía información alguna desde la tarde del 24
de noviembre en
que fuerzas policiales y militares conjuntamente
atacaron la casa de
la calle 30 N° 1134 perteneciente al matrimonio
Teruggi-Mariani.
Eduardo
Alfredo Ves Losada, decano interino de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de La Plata en el
periodo comprendido por los años 76-78 aproximadamente,
fue nombrado en su función por las autoridades
militares;. Lozada
delego el tratamiento
del hecho a su secretario Eduardo Pena, quien en
pocos días informaría que la niña había resultado
muerta la tarde del ataque; Ves Losada afirmó que nunca
supo la fuente y las circunstancias por las que su
secretario consiguió esa información.
Ejerció cargo público hasta el año ´80 en que
se jubiló.
En
la declaración, el ex decano negó que durante su gestión
se hayan producidos hechos violentos o desapariciones de
estudiantes en su facultad, asi mismo
se desvinculó de toda relación posible con el
gobierno militar.
Reconoció
haber dejado cesante al actual miembro de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Héctor
Negri, por haber formado parte de una comisión que
descabezó (sic) a los profesores de la U.B.A.
El
segundo en declarar fue el testigo aportado por la
querella del abogado Alejo Ramos Padilla, el señor
Carlos Alberto Cianco, quien
hasta mediados de la década del 70 se desempeño como
policía con grado de comisario mayor en la Dirección
de Sumarios. Unos 20 días de la notificación de su
retiro de oficio, fue llamado por el Jefe de Policía,
coronel Camps, quien le manifestó que debía
presentarse ante el Intendente de la Plata puesto que
era solicitado para un servicio
y que tenía que cumplir sus ordenes porque sino
le quitaría la jubilación.
Cuando
se presenta ante el intendente Maccellari, éste le
manifiesta que lo necesitaban para ofrecerle la dirección
del cementerio de la Plata, puesto que últimamente se
estaban registrando muchos robos de cobre y metales de
las tumbas. Asumió ese cargo sin experiencia ni
capacitación previa por el lapso
cuatro años hasta que por la implementación de
una ley que
le disminuía a un 30% su jubilación, decidió
abandonar su cargo de director; hasta ese entonces
cobraba los dos sueldos. En
su testimonio alegó que se había dispuesto un lugar
especial para los NN (sin identificación), pero que no
recordaba exactamente la ubicación del lugar ni la
cantidad de cuerpos que fueron inhumados allí.
Néstor
Pedro de Tomas fue el tercero en prestar declaración;
De Tomas fue trasladado en el año en
el año 1976 del cuerpo medico de Florencio Varela a la
Dirección de Sanidad policial de la Plata donde cumplía
tareas como médico legal
y asistencial. É,l junto a otros profesionales
de la rama eran los encargados
de autorizar y realizar las autopsias
correspondientes a cada hecho donde había resultado una
persona muerta. En esos años las pericias se realizaban
a personas donde las causas de su muerte no eran claras,
por ejemplo si un cadáver tenía un orificio de bala de
entrada y salida no se le practicaba; los procedimientos
periciales se realizaban en
la Morgue que se encontraba dentro del departamento
central de policía.
Le
llamaba la atención la cantidad de muertes por
destrucción de masa encefálica producidas por
balas de plomo. Los certificados de defunción
eran constatados y firmados por los médicos. El testigo
también los firmaba. Cuando iba a recoger los cadáveres,
además de la policía, siempre había gente vestida de
civil portando armas, que se identificaban
por sobrenombres. Si bien firmo algún acta de
defunción de el hecho de la casa de la calle 30, no
estuvo presente ni realizó pericias.
De
Tomas había sido imputado en 1999 por la desaparición
de 23 libros de reconocimiento médico legal que recibió
del juzgado penal del Dr. Antonio Borrás en 1986.
Posteriormente fue sobreseído por prescripción por
decisión del juez federal Manuel Humberto Blanco.
El
cuarto testigo que presto declaración fue el
licenciado Alejandro Inchaurregui,
uno de los fundadores Equipo Argentino de
Antropología Forense; explicó los métodos
y los procedimientos con los que trabaja la
organización. En la actualidad Incháurregui es
Director del Registro de Personas Desaparecidas del
MInisterio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Además
afirmó que
el procedimiento burocrático
que un cadáver recorría en los años de la dictadura
desde su muerte hasta su entierro, es el mismo que
sucede en la actualidad; pero en los años de la
dictadura el procedimiento cambiaba en el momento en el
que llegaba la hora de la inhumación, allí se procedía
de modo de imposibilitar la identificación; éste era
uno de los métodos mas discretos para perfeccionar la
desaparición de centenares de cuerpos.
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