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Laicidad del Estado, más de doscientos años de atraso
El episodio de Monseñor Baseotto y su propuesta de tirar al mar a un ministro llama a la reflexión sobre el rol de la Iglesia dentro del Estado.

Por Betty Ojeda (*)

Hace unos pocos meses nos vimos conmovidos por el exabrupto del obispo castrense Monseñor Antonio Baseotto como reflexión ante declaraciones del Ministro de Salud de la Nación. Quien podría ser considerado un Torquemada del siglo XXI expresó que el Ministro merecería que le colgaran una piedra en el cuello y lo tiraran al mar.

Sería interesante decirle al obispo que la cita que eligió para poner en palabras su ira e intolerancia fue absoluta y dolorosamente desafortunada ya que la historia argentina reciente conoce de gente arrojada al mar como producto de la ira y la intolerancia. La respuesta del Vaticano fue el apoyo al obispo castrense, enfrentándonos nuevamente a esa iglesia tan alejada de lo que dice representar.

Nuestra historia está tan cargada de ejemplos de injerencia de la Iglesia Católica sobre el Estado y sus ciudadanos que pareciera que desde algún lugar se creyera que el nuestro es un estado teocrático.

La sanción de la ley 1420 significó que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria y que se crearan los registros civiles. Esta ley puso en pie de igualdad a todos los habitantes de esta república, otorgándonos los mismos derechos independientemente de nuestras creencias religiosas o ausencia de ellas.

No obstante, es común ver símbolos religiosos en ámbitos del Estado como colegios, la Justicia y oficinas de gobierno y ante la exigencia de que se retiren la respuesta ha solido ser la intolerancia de la mayoría ante el pedido de la minoría de que se respete lo que marca la ley y que otorga igualdad a todos los ciudadanos. Paradójico al menos.

No es la primera vez que los hombres de la Iglesia Católica se erigen como poseedores de la verdad y quienes marcan lo que es moral y lo inmoral, lo justo y lo injusto, interfiriendo con los derechos de los otros. Estos censores, impregnados de una moral laxa que abraza a dictadores y se desgarra las vestiduras ante un preservativo, quieren decirnos a todos qué está bien y qué no. Recordemos un ejemplo de principios del período democrático en los '80 cuando los más ortodoxos se escandalizaban ante la inminente sanción de la Ley de Divorcio vociferando la absurda predicción de una catarata de rupturas matrimoniales, quizás por desconocer que la ley no iba a tener carácter obligatorio.

Por otro lado, la laicidad del estado es violada desde su seno con la existencia del Obispado Castrense. La prueba es el acuerdo con la Santa Sede de junio de 1957, aprobado por decreto 7623/57 durante un gobierno de facto y sus modificaciones aprobadas por decreto 1526/92 sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas por el ex presidente Carlos Menem. El obispo castrense tiene rango de subsecretario de Estado y su remuneración es erogada del Presupuesto General, o sea, el sueldo es pagado por todos los contribuyentes, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas, ateos, agnósticos.

Además de la gran contradicción que encierra la existencia de un culto dentro de la estructura gubernamental en un estado laico, tenemos ejemplos a granel de obispos castrenses que han actuado claramente en contra del pueblo.

El Cardenal Antonio Caggiano, quien se desempeñó desde 1959 hasta 1975 fue conocido por su activo respaldo a la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Monseñor Adolfo Tortolo expresó que el Operativo Independencia de Tucumán había sido limpio y eficaz. El Vicario Auxiliar Victorio Bonamín saludó en 1975 a los hombres de armas quienes estaban “purificados en el Jordán de la Sangre, para ponerse al frente de todo el país”. Continuó su alocución diciendo que “el Ejército está expiando las impurezas de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función?”. José Medina y Emilio Graselli figuran en el capítulo I del Nunca Más, informe de la Conadep.

Cuando recorremos la historia argentina, vamos descubriendo personajes que han quedado desdibujados en los textos escolares y que han sido legítimos luchadores por la libertad y la vigencia de los derechos civiles y humanos. Al mismo tiempo nos seguimos enfrentando con monumentos y glorificaciones de supuestos héroes que han sido traidores a la patria y asesinos del pueblo, o sea asesinos de la patria también. Seguimos recorriendo nuestra historia y nos penetra la impunidad y la mentira. En nuestro recorrido se agolpan los ejemplos de violaciones a la ley escrita y la ley que nos debiera marcar la propia condición humana. Es hora de que soplen nuevos aires, que comencemos en principio a respetar a la Ley Fundamental, que no permitamos más que desde el lugar que sea nos sigan imponiendo una moral que por lo menos se la puede calificar de absolutamente laxa.

No se intenta objetar a aquellos que profesan creencias religiosas. El problema surge cuando, en nombre de su fe, en nombre de su dios, en nombre de las interpretaciones de sus libros sagrados, en nombre de lo que consideran la verdad vienen a avasallar los derechos de absolutamente todos. El problema surge cuando intentan imponer sus creencias, sus interpretaciones, sus verdades al resto de la sociedad.

(*) Secretaria de Organización

Fin del obispado castrense El diputado nacional Héctor Polino presentó un proyecto para que se denuncie el Acuerdo con la Santa Sede sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas. Los fundamentos del proyecto (expediente 899-D-05) son contundentes. Se aportan datos históricos, la letra misma de la Constitución Nacional y pensamientos filosóficos. De ser aprobado el proyecto de ley, cesarían en sus funciones el Obispo Castrense, el Obispo Auxiliar Castrense, los capellanes mayores y capellanes militares de cada una de las fuerzas armadas, y quienes desempeñen funciones similares en las Fuerzas de Seguridad. Asimismo quedaría prohibido dentro del ámbito castrense y de las fuerzas de seguridad la prédica religiosa de cualquier tipo y la celebración de oficios religiosos en actos oficiales. El proyecto expresa además que en ningún caso se requerirá a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sean oficiales, suboficiales, soldados o personal civil, la declaración o manifestación de sus creencias religiosas o la ausencia de ellas. En una declaración realizada en marzo, la APDH La Plata apoyó públicamente la iniciativa.

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