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La crisis de los sistemas penitenciarios

Cárcel de Mendoza,
paradigma del atropello
La Corte Suprema la definió como un "chiquero humano". Hubo 16 presos muertos en un año. Intervino la CIDH, que visitó el penal y comprobó gravísimas violaciones a los Derechos Humanos. Y La Corte Interamericana emitió un fallo histórico.

Por Pablo Salinas (*)

“Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”, señala nuestra Constitución Nacional en su artículo 18.

Mientras tanto, la unidad penitenciaria de Mendoza ostenta el record de 16 muertos en un año, el último de ellos eviscerado y luego descuartizado, con una muestra de violencia inusitada; con fugados, heridos y condiciones infrahumanas, tales como falta de agua, de baños, encierros prolongados en celdas reducidas en las que los internos conviven con sus propios excrementos, hacinamiento, focos infecciosos producidos por ratas y sarna.

Ante semejante contraste, que no sólo viola nuestra ley máxima sino que también va en contra de todo el sistema interamericano de derechos humanos, no debería sorprenderle a nadie que la Corte Interamericana adoptara medidas provisionales con respecto de la Argentina y fijara un precedente inédito en la historia del sistema penitenciario.

Lo que sí sorprende y shockea es la inacción del gobierno de Mendoza, que se justifica sistemáticamente y no reconoce en modo alguno hechos evidentes, lo que sólo puede explicarse por su interés meramente electoral que encaja con discursos de mano dura.

La cárcel de Mendoza se convierte así en el paradigma de las cárceles latinoamericanas en crisis, establecimientos que no cumplen la función para la cual fueron creados y tampoco ayudan a mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Amnistía Internacional envió cuatro cartas al gobernador de Mendoza denunciando las violaciones a los derechos humanos en la cárcel y los organismos de Derechos Humanos locales se constituyeron como partes en el “caso de las Penitenciarias de Mendoza”, apoyando las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió intimar al gobierno nacional.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza calificó la situación carcelaria mendocina como “un chiquero humano”, y el arzobispo de Mendoza agradeció a Dios que la situación haya salido a la luz pública.

Una visita histórica
Sin dudas la gestión del gobernador mendocino Julio Cobos será recordada en la historia de Mendoza y de la República Argentina por la visita realizada a la cárcel provincial por la Comisión Interamericana en diciembre pasado. El grupo fue integrado por el comisionado Florentín Meléndez, el secretario de la Comisión Santiago Cantón y los abogados Juan Pablo Alban y Elizabeth Abi-Mershed.

El único antecedente de esta visita es la realizada en 1979 por la Comisión Interamericana a Argentina bajo la sangrienta dictadura militar que asoló al país, cuyas conclusiones fueron publicadas en el informe anual de la CIDH.

Lo mismo sucederá con la visita a la cárcel de Mendoza, que llegó en un momento en que nuestro Presidente hace gala de un discurso impregnado de terminología referente a los Derechos Humanos, y nuestro país se encuentra ante la mirada atenta de toda la comunidad internacional por las violaciones a los derechos humanos en una cárcel que no tiene nada que envidiarle a la irakí de Abu-Graib.

Si desde la Nación no se toman medidas urgentes que conduzcan a un verdadero cambio en la política penitenciaria mendocina (que hoy por hoy sólo se encuentra guiada por conceptos fundados en una política de tolerancia cero y en un régimen penitenciario duro), no se producirán mejoras concretas.

Cuando el hacinamiento parecía encontrar una salida rápida con el traslado de 300 presos federales al Polvorín ubicado en el departamento de Guaymallén, el gobierno de Mendoza se opuso al traslado y solicitó el dinero correspondiente a cada preso federal a la Nación.

Pero el problema no se resuelve con dinero, sino que es una cuestión que sólo puede tener solución con cambios en las políticas públicas que llegarán si cambian los hombres que hace cinco años eligen siempre el mismo tipo de medidas. Y las seguirán eligiendo, por que esa es su ideología.

Estas mismas doctrinas de mano dura que intentan una y otra vez aplicar en Mendoza, son las mismas que han demostrado ser ineficaces en otros países de Latinoamérica. En México, por ejemplo, “la «tolerancia cero» contra el delito nunca funcionó”, reconoció recientemente el jurista mexicano Jorge Carmona Tinoco.

Esos antecedentes hacen evidente que es prácticamente imposible que en Argentina funcionen este tipo de medidas públicas sencillas, basadas sólo en su carácter represivo y que han generado un aumento indiscriminado de la violencia en todo el continente.

Mientras los funcionarios públicos se empecinan con aplicar políticas de “mano dura”, los expertos internacionales remarcan que si se cumpliera con nuestra Constitución y con el Pacto de San José de Costa Rica —que tiene jerarquía constitucional— el resultado a largo y mediano plazo sería mayor seguridad. La reinserción social de las personas privadas de libertad no debe ser un anhelo sino un hecho concreto que beneficie a los ciudadanos a través de la disminución de la violencia.

Es decir que, si no hacemos algo humanitario por las personas que están hoy internadas en la Cárcel de Mendoza, entonces al menos deberíamos hacerlo por nosotros, porque mientras peor la pasen los detenidos penitenciarios mendo-cinos —y de cualquier penitenciaría—, peor la pasaremos todos cuando ellos recuperen la libertad.

La violencia genera más violencia y si a la violencia delictual se le responde con violencia estatal, estamos perdidos. El Estado debe cumplir un rol educativo y fundamentalmente humano que hoy se pierde en el discurso del derecho penal de «enemigos» y no de «ciudadanos», que nos proponen imponer aquellos que durante años aplicaron este sistema sin resultados positivos a la vista.

Los informes
La Corte requirió además informes periódicos al Estado y a los Peticionarios, quienes constituyeron una comisión que se reúne periódicamente en Buenos Aires para resolver problemas atinentes a Mendoza, haciendo realidad que Dios está en todas partes pero sólo atiende en la Capital.

Esta Comisión no sólo no funciona correctamente sino que tampoco ha servido para generar un verdadero cambio de rumbo en la política penitenciaria y de seguridad de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que la actual política (o su ausencia) es lo que llevó al Estado Nacional a verse inmerso en medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente el 18 de junio la Corte emitió su fallo.

Esta resolución se introduce en la problemática carcelaria de Argentina y en particular de Mendoza con la idea de transformarla a nivel continental, para hacerla compatible con el principio de respeto a la dignidad humana.

En su voto concurrente el juez Antonio Cançado Trindades expresa que “las personas detenidas se encuentran en una posición vulnerable y las autoridades tienen el deber de protegerlas”.

Con ello deja sentada la posición de garante que le incumbe al Estado con respecto a las personas privadas de libertad, por lo que es él el directo responsable de la vida e integridad de estas personas.

En la medida que las personas privadas de libertad se vean respetadas en su dignidad humana es como lograremos una sociedad mejor y más segura.

En Buenos Aires, panorama similar La situación en la cárcel de Mendoza no difiere demasiado de lo que pasa en los penales de la provincia de Buenos Aires, en donde también se viven situaciones de hacinamiento, maltrato y torturas a detenidos. Además de las decenas de muertes "sospechosas" y la violencia intramuros, la Comisión por la Memoria denunció en agosto el primer caso comprobado, bajo pericias médicas, de tortura con aplicación de corriente eléctrica. La comisión denunció que el interno Cristian López Toledo fue golpeado y torturado en el sector de Sanidad de la Unidad 9 de La Plata. Después de este tormento, un reconocimiento médico comprobó que al preso le habían aplicado corriente eléctrica en un pie (foto), y que había sido amenazado advirtiéndole que no denuncie lo sucedido porque donde quiera que fuera trasladado lo iban a estar esperando, ya que "el Servicio (Penitenciario) es una gran familia". La Comisión, con acuerdo del interno, resolvió denunciar el caso ante la justicia penal, y la causa quedó en manos de la fiscal Virginia Bravo. Este hecho se sumó a decenas de muertes por asesinatos o en condiciones no muy claras ocurridos durante todo este año en cárceles bonaerenses.

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