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Espacio Abierto
Edición
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Editorial
Para terminar con la tortura
El
desafío de terminar con las prácticas sistemáticas violatorias de los
derechos de las personas privadas de su libertad en la Provincia de
Buenos Aires ha sido claramente aceptado por los organismos de
Derechos Humanos, quienes libran una batalla en este sentido en la que
se evidencian logros significativos en los últimos tiempos.
Podrá decirse que estos avances están más en los papeles que en los
hechos, pero también es cierto que nunca como hoy se ha forzado a las
autoridades de los tres poderes provinciales a reconocer la deplorable
situación a la que nos han conducido.
Desde que el comisario Lugones introdujo la picana eléctrica, la
convicción por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad de
que la tortura es una herramienta más de su trabajo cotidiano ha sido
avalada por sus diferentes conducciones políticas, por acción o por
omisión.
En los últimos tiempos se inició una serie de hechos que otorgan
asidero a la posibilidad de introducir cambios profundos en las leyes
y, fundamentalmente, en las prácticas. En este esfuerzo, la APDH La
Plata está apostando buena parte de sus energías y jugando un papel en
cada uno de los procesos en marcha, con respaldo en la cantidad de
iniciativas y posturas propias adoptadas a lo largo de la historia de
la entidad. Valga mencionar como ejemplos el habeas corpus colectivo
presentado en 1991 por la situación de la cárcel de Olmos, que obtuvo
un detallado informe del juez interviniente y la exhortación al Poder
Ejecutivo a dar solución a la cuestión; la ya histórica postura que
objeta por inconstitucional al instituto de la detención por
averiguación de antecedentes, o la intervención en la audiencia
pública celebrada en 2000 en la Cámara de Diputados, en defensa del
principio de libertad amenazado por los proyectos del entonces
gobernador Carlos Ruckauf.
En este mismo marco se insertan también los esfuerzos realizados para
iniciar y sostener el Juicio por la Verdad ante la Cámara Federal de
La Plata y la labor como querellantes en los juicios penales contra
genocidas, ya que la reparación de las violaciones a los derechos
humanos debe incluir la investigación de la verdad y la sanción a los
responsables.
Esta nueva etapa se inicia en 2003 y halla su punto de partida en el
convenio de colaboración con la Defensoría General de La Plata, que
permitió a la APDH La Plata realizar un diagnóstico sobre los
obstáculos que dentro del Poder Judicial se presentan a la
investigación y sanción de los delitos de apremios o torturas.
En noviembre de 2004 este organismo tuvo oportunidad de asistir a la
presentación del informe argentino ante el Comité Contra la Tortura,
en Ginebra. El Comité recomendó a nuestro país, entre otros puntos,
tomar medidas enérgicas para terminar con la impunidad y realizar
investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas para enjuiciar y
condenar a los responsables de actos de tortura y malos tratos, así
como reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar sus condiciones
materiales y garantizar los derechos de las personas allí alojadas.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó
su sentencia en el caso “Verbitsky”, un fallo innovador y creativo
donde el Tribunal se hace cargo de su calidad de poder del Estado
nacional y, por ende, responsable internacionalmente por las
violaciones a los derechos humanos que se cometan en cualquier punto
del país. En ese carácter, la Corte ordenó a la Provincia de Buenos
Aires adecuar su legislación y sus prácticas a los estándares mínimos
obligatorios, sean constitucionales o internacionales.
Como consecuencia de esta resolución, la APDH La Plata participó en la
comisión constituida en el Senado provincial para acordar proyectos de
ley que modifiquen las normas vigentes en materia de prisión
preventiva, excarcelación, ejecución penal, así como la creación de
mecanismos de fijación de capacidad carcelaria, para restituir en la
provincia la vigencia de los principios de inocencia y libertad y
terminar con el hacinamiento.
Por otra parte, nuestra entidad es parte demandante, junto a la
Asociación Miguel Bru y al Colectivo de Investigación y Acción
Jurídica, en el amparo iniciado contra el Ministerio de Seguridad a
partir del cual la justicia prohibió la utilización de los álbumes
fotográficos llamados “modus operandi” por las comisarías y ordenó su
retiro hasta tanto se reglamente su confección y utilización y se
dicte sentencia definitiva. Así, se ha logrado interponer un palo en
la rueda del arbitrario y discriminatorio proceder policial.
Todas estas iniciativas han sido adoptadas por la Mesa Directiva en
cumplimiento del mandato estatutario de defender la vigencia de los
derechos humanos. En este arduo proceso de obtener reformas profundas
y estructurales, no basta con la intervención de los especialistas.
Hace falta continuar y profundizar la movilización, de modo que las
autoridades no encuentren espacio para ignorar que aquella vigencia es
su obligación y responsabilidad.
Mesa Directiva
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