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Causas penales en La Plata

Los que están adentro
ya forman un equipo
Ya hay once represores detenidos por investigaciones abiertas en nuestra ciudad sobre el terrorismo de Estado. Unas causas avanzan, otras están casi paralizadas. El problema de los arrestos domiciliarios.

Por Vanina Wiman (*)

Penna declaró en marzo y quedó con arresto domiciliario. (Foto: F. Martínez)

¿A sus casas? Seis de los once represores procesados en La Plata gozan actualmente del beneficio de la prisión domiciliaria: Etchecolatz, Tabernero, Campos, González Conti y Sertorio y Penna, al que el juez Corazza le concedió la posibilidad de ir tres veces por semana a caminar al Centro de Oficiales Retirados.

La Plata no parece ser un buen destino para los represores que buscan impunidad. Ya hay once policías y militares procesados y detenidos, y tres de ellos están incluso cumpliendo condena. Pero todavía hay capturas pendientes en los expedientes más olvidados. La Corte Suprema ratificó la nulidad de las leyes de impunidad, lo que debería traer algunos cambios necesarios al escenario de las investigaciones en La Plata por los crímenes de la dictadura.

Expedientes despiertos
Hay tres causas abiertas en nuestra ciudad sobre las que se han concentrado los esfuerzos en el último año: la llamada causa Camps —iniciada en los ’80 y reabierta el año pasado, investiga los delitos cometidos en la órbita de la Policía de la provincia de Buenos Aires—, la causa Camps II, sobre crímenes no incluidos en ese primer expediente, y la de la comisaría 5º de La Plata, la más nueva de las tres, que surgió a partir de los relatos reunidos en el Juicio por la Verdad de La Plata.

Desde agosto del año pasado el movimiento en estos expedientes comenzó a ser mucho más intenso, debido en gran parte a la activa participación de los organismos y organizaciones querellantes que conforman “Justicia Ya en La Plata” y a la creación de una Unidad Fiscal Federal abocada específi-camente a las causas sobre el terrorismo de Estado.

A los tres represores que empezaron a purgar sus condenas en la causa Camps —el ex director de Investigaciones Miguel Etcheco-latz, el ex médico policial Jorge Bergés y el torturador Norberto Cozzani—, se fueron sumando más policías y militares de alta jerarquía procesados con prisión preventiva, imputados por privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios que ordenaron y avalaron desde sus altos cargos en las estructuras represivas.

Así, el juez Arnaldo Corazza indagó y procesó —a partir de pedidos de la Fiscalía y de los organismos querellantes— a dos ex subjefes de la Policía provincial (Reinaldo Tabernero y Rodolfo Aníbal Campos), al ex director de Seguridad Rodolfo González Conti, al ex comisario de la seccional 5º Osvaldo Sertorio, al ex comisario Oscar Antonio Penna (jefe de la Brigada de San Justo), al represor “itinerante” Eros Amílcar Tarela y al chofer de Etchecolatz, el policía Hugo Guallama.

Pero el reloj no se detiene, y a veces los jueces no son rápidos de reflejos: aunque los organismos querellantes habían pedido en septiembre de 2004 la detención de los represores Valentín “Saracho” Pretti y Eduardo Pablo Maire, el primero falleció en abril de este año sin ser indagado por Corazza. La detención de Maire fue ordenada hace pocas semanas —un año después de aquel pedido—, y el torturador está prófugo: no estaba en su casa cuando lo fueron a detener.

El círculo se cierra cada vez más sobre los jerarcas que comandaron la represión ilegal en la provincia de Buenos Aires. Pero todavía está por verse qué pasará con los ejecutores directos, los policías que se desempeñaron en cada centro clandestino y tuvieron contacto directo con los prisioneros.

El ejemplo más cabal, por ser una de las investigaciones más avanzadas, es el de comisaría 5º: en esa causa está pendiente desde diciembre de 2002 un pedido del entonces fiscal Félix Crous, que solicitó las indagatorias de 53 efectivos que prestaron servicios en esa dependencia y que —tal como surgió de los testimonios de los sobrevivientes en el Juicio por la Verdad— sostuvieron, avalaron y ocultaron cotidianamente el funcionamiento del lugar.

Expedientes dormidos
Si bien las causas agrupadas en el juzgado de Corazza están avanzando, hay otros expedientes que han quedado relegados, a pesar de que los querellantes y la Fiscalía las han nutrido con sobradas pruebas.

Se trata de otros centros clandestinos que han sido menos investigados en los juzgados, pero sobre los que los organismos de Derechos Humanos han trabajado durante años reuniendo testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas: la Brigada de Investigaciones, el destacamento policial de Arana, “La Cacha” (en Lisandro Olmos), la comisaría 8º, los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía provincial (ubicados en 1 y 60, de La Plata) y la Unidad Penal Nº 9.

Si bien todos los elementos de prueba que surgieron hasta ahora se incorporaron a estas causas, el juez Humberto Blanco aún no ha resuelto los numerosos pedidos de detención e indagatoria de represores imputados por su actuación en estos campos de concentración. Dos ejemplos representativos: aún no han sido siquiera indagados el ex jefe del Destacamento de Arana, Miguel Kearney, y el ex prefecto de la Unidad 9, Abel Dupuy, pese a que la Asamblea lo solicitó en marzo y agosto del año pasado, respectivamente.

Luego de un pedido de la fiscalía, Blanco declinó su competencia en las causas de Arana y la Brigada.

Pero el problema ahora es que los jueces se pongan de acuerdo: Blanco finalmente remitió las dos causas a su colega, pero Corazza no las aceptó y se declaró incompetente.

Si estos expedientes siguen el camino de otras causas que fueron elevadas a la Cámara Federal de La Plata por conflictos similares, pueden quedar meses y hasta años por delante antes de que en esos expedientes haya alguna detención.

(*) Prosecretaria de Prensa

La Corte y las leyes de impunidad El 14 de junio pasado, después de una larga espera, la Corte Suprema de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las infames leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La APDH La Plata celebró esta resolución: "Este fallo histórico obligará a acelerar los procesos judiciales que ya existen en distintos puntos del país sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar". La Asamblea destacó que "es urgente que todos los fiscales y jueces de la Nación realicen su trabajo y dediquen tiempo y recursos a la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado. Es hora también de que el Poder Ejecutivo concrete su discurso en materia de derechos humanos, poniendo en marcha una política de auxilio y seguimiento a los distintos procesos". El impacto concreto del pronunciamiento de la Corte en las causas de La Plata se verá cuando los jueces locales tengan que resolver los planteos de los represores, que aún hoy insisten en querer ampararse bajo las órdenes de sus superiores para conservar su impunidad.

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