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La propuesta desde los organismos de Derechos Humanos

Seguridad, la otra cara

Una comisión presentó al ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian un petitorio para habilitar visitas a comisarías, entre otras cosas.

Por Yamile Socolovsky (*)

La bandera de la seguridad suele flamear por derecha. Es la divisa bajo la que se convoca a la población a suscribir la idea de que estamos amenazados por delincuentes cuyo accionar se vería alentado por la inacción del gobierno o la insuficiencia del ejercicio de su poder coactivo.

Quienes agitan este estandarte, y procuran legitimar el endurecimiento del dispositivo represivo del Estado exacerbando el miedo, generan una maraña de confusiones deliberadas: se habla de un crecimiento de ciertos delitos no a partir de estudios serios, sino en virtud del tratamiento sensacionalista de algunos casos particulares; se señala en la permisividad de las leyes y procedimientos penales la causa de ese incremento; se presenta a las garantías constitucionales como restricciones que perjudican la efectividad de la función represiva.

Y, sobre todo, se ignora de manera nada ingenua quiénes son y cómo se vinculan los actores que urden esta trama: la Policía, los jueces, los fiscales, los aparatos partidarios, los medios de comunicación, los grandes delincuentes, los grupos económicos.

En esta madeja que requeriría otras páginas desenredar, hay miles de personas que quedan atrapadas en la más absoluta indefensión, condenadas a sufrir el abuso de parte de aquellos que teóricamente han sido investidos con autoridad sólo para ejercer funciones de protección a la ciudadanía, amenazadas por ser pobres, hostigadas por ser jóvenes, acorraladas por carecer de toda perspectiva de poder llevar adelante una vida en condiciones dignas.

De esta inseguridad no se habla. De esta inseguridad nos ocupamos cuando presentamos al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, León Arslanián, el pedido de que se establezca un mecanismo que habilite a representantes de varios organismos de derechos humanos y organizaciones sociales para ingresar sin previo aviso a las comisarías, constatar las condiciones en las que se encuentran las personas allí detenidas y establecer contacto directo con ellas. Esta solicitud se sumaba a otras, que también constituirían medidas necesarias para favorecer la vigencia de los Derechos Humanos, y por cuyo cumplimiento habrá que seguir bregando.

Una de ellas es el reclamo histórico de exoneración de todos los miembros de las fuerzas de seguridad que están denunciados como integrantes del aparato represivo del Estado durante los años de la última dictadura militar. Otra, la supresión de la facultad policial de detención por averiguación de antecedentes, por inconstitucional, y por ser un instrumento frecuente de hostigamiento al aplicarse indiscriminada y reiteradamente sobre las mismas personas o grupos, y constituirse en muchos casos en el primer paso de un proceder abusivo que concluye en malos tratos en las dependencias policiales.

Ante este pedido, el ministro Arslanian nos requirió que presentáramos un proyecto, y después de varias semanas de trabajo conjunto hemos hecho entrega de un documento en el cual realizamos una serie de consideraciones relativas a la situación en la que se encuentran frecuentemente los detenidos en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires, y exponemos en detalle una propuesta concreta para articular un mecanismo de control por parte de las organizaciones sociales.

Sostenemos allí que existe gran cantidad de denuncias sobre las condiciones de detención en dependencias policiales, que dan cuenta de que en ellas se atenta contra los derechos y garantías de las personas, en la medida en que ellas reciben tratos crueles y degradantes, torturas y apremios ilegales, y se encuentran sometidas a condiciones inhumanas de reclusión.

Sabemos que ello no ocurre solamente en la Provincia de Buenos Aires, ni exclusivamente en las dependencias que se encuentran bajo la órbita de la Policía, pero nos centramos aquí – dado el objetivo del proyecto – en los delitos de los que es responsable la fuerza que depende de la competencia política del Ministerio de Seguridad.

Es ampliamente sabido, y forma parte de una realidad con la que estamos a diario en contacto los organismos y organizaciones que somos receptores de estas denuncias, que en las comisarías se aplican distintas formas de tormentos a los detenidos, que ya se encuentran normalmente padeciendo la violación a sus derechos fundamentales que implica la privación de la libertad en condiciones de superpoblación en las dependencias en cuestión, que cuentan con una infraestructura inadecuada, y en las que permanecen bajo proceso durante períodos excesivamente largos, frecuentemente en la más completa incertidumbre respecto de su situación. Las dificultades para comunicarse con sus familias y defensores hace que a todas estas privaciones se sume la imposibilidad de denunciar las situaciones de abuso de autoridad que padecen; y, cuando pueden hacerlo, la falta de una respuesta adecuada por parte del Poder Judicial no sólo torna estéril esa apelación sino que deja expuestos a los detenidos a sufrir represalias por ello, entregados por quienes deberían velar por el respeto de las garantías individuales en manos de aquellos que, sabiéndose impunes, reproducen sistemáticamente estas prácticas.

Sabemos que la implementación de un dispositivo como el que proponemos no podría bastar para revertir la grave situación de injusticia que produce la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas en la provincia. Ello requeriría desactivar aquella urdimbre de complicidades e intereses que perpetúan en nuestro país los efectos del genocidio político dictatorial a través de un genocidio que es efecto de las políticas de hambre y exclusión que se profundizaron durante y después de la dictadura, y de la criminalización de la pobreza que sigue asolando a los sectores que más han padecido el deterioro de las condiciones de la vida a lo largo de todos estos años. Esa es la causa fundamental de la auténtica inseguridad que sufre la mayoría, nunca mencionada por el discurso engañador del que hablábamos al comienzo. Creemos, de todos modos, que establecer un mecanismo de control popular sobre el accionar de la policía, nos permitiría contar con un instrumento importante para evitar muchas situaciones concretas de abuso, y las consecuencias trágicas que suelen tener.

(*) Secretaria de Derechos Humanos de CTA La Plata-Ensenada.

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