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Tres
pedidos de detención y ninguna respuesta
Kearney
tiene mucho que
decir pero no le preguntan
En
dos meses, la Asamblea pidió tres veces la “inmediata detención”
del ex jefe del Destacamento de Arana. La Justicia no se
mueve.
Por Lucas Miguel (*)
Miguel Kearney.
Sigue gozando la libertad. (Foto: F. Martínez)
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Casi veinte años llevó la
lucha contra las leyes de impunidad y, ahora, una vez allanado
el camino legislativo, el escollo lo presentan la burocracia
y la lentitud para que la Justicia aprese a los culpables
de ejecutar el terrorismo de Estado.
La APDH La Plata fue tres veces en menos de dos meses al
juzgado federal de Humberto Blanco a pedir la “inmediata
detención” del represor Miguel Kearney, un beneficiario
de la Obediencia Debida —estuvo preso varios días en 1987—
que fue jefe del Destacamento policial de Arana entre el
8 de febrero de 1977 y el 17 de enero de 1979. No hubo respuesta.
El organismo pidió por primera vez la detención el 3 de
marzo. Ese día presentó más de quinientas fojas de documentación:
declaraciones de sobrevivientes en el Juicio por la Verdad
y documentación de la causa Camps y del expediente en el
que se investigan los crímenes de la comisaría 5°.
Pasó poco más de un mes y el 9 de abril la Asamblea reiteró
el pedido. Los días siguieron pasando sin novedad. El 30
de abril llegó la tercera solicitud, de la mano de un exhaustivo
estudio de las sentencias de las causas 13 y 44, llevado
a cabo por el área penal de la Asamblea: se presentó un
trabajo que relaciona los casos probados en aquellos expedientes
tramitados en los ’80 con el período en que Kearney fue
jefe del centro clandestino.
El resultado es que el juez tiene 18 casos probados de la
causa 44 y 9 en la 13, de personas que estuvieron privadas
ilegalmente de la libertad, varias de ellas desaparecidas,
mientras “el inglés” ejerció la jefatura del destacamento.
En el escrito, la APDH La Plata le señaló al juez que esos
casos sirven para detenerlo e indagarlo inicialmente por
esos delitos ya probados, dado que la cantidad de violaciones
a los derechos humanos denunciadas —y aún no investigadas—
excede largamente aquellas exiguas cifras. Con el avance
de la pesquisa, podrán endilgár-sele los crímenes que se
prueben.
Kearney en el espejo
Según un Trabajo de Recopilación de Datos de la Asociación
de Ex Detenidos Desaparecidos —organismo querellante—, por
Arana pasaron al menos 195 personas, de las cuales 71 se
encuentran desaparecidas.
Las investigaciones realizadas hasta ahora en el Juicio
por la Verdad, que dieron origen a este expediente, son
concluyentes: el destacamento era un centro de tortura.
El fiscal Félix Crous así lo señaló cuando el 26 de marzo
de 2003 presentó la denuncia en el juzgado de Blanco para
que se investiguen estos crímenes: “El Destacamento Policial
de Arana funcionó como el CCD al que los detenidos desaparecidos
eran trasladados desde otros CCD, con el único fin de ser
torturados. Inclusive se han narrado en el Juicio por la
Verdad varias situaciones que dan cuenta de la aplicación
de tormentos sin ese objetivo, sino sólo para ‘diversión’
de los guardias”.
Está claro que Kearney, que el 20 de septiembre de 2000
se negó a declarar ante la Cámara Federal, tiene mucho que
responder. Sólo falta que el juez lo detenga y lo indague.
(*) Prosecretaria
de Organización e integrante del Consejo Editorial
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